Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Ya es más que evidente la protección que otorga el Estado mexicano al crimen organizado.

El Chapo fue recapturado y encarcelado el viernes 8, pero el patrimonio de su organización criminal continúa intacto: opera y lava dinero en el mercado mexicano a través de decenas de empresas de servicios.

Para ello, el Cártel de Sinaloa utiliza restaurantes, gasolineras, inmobiliarias, casas de empeño o procesadoras de carne –entre otras– en estados como Jalisco, Ciudad de México, Baja California o Puebla, según ha detectado el gobierno de Estados Unidos desde el año 2000.

[quote_box_right]Las empresas de El Chapo Guzmán no son auditadas por la secretaría de Hacienda; en cambio, cientos de miles de contribuyentes menores son perseguidos por el Servicio de Administración Tributaria.[/quote_box_right]

Las decenas de compañías del emporio criminal trabajan al amparo de las autoridades mexicanas, pues pagan impuestos e incluso algunas han sido subsidiadas por la administración federal, que las incluyó en padrones de beneficio agropecuario o de seguridad social. Es el caso de las corporaciones Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., la Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C. de R. L. de C.V., o la estancia infantil Niño Feliz.

Además, dichas firmas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no han sido sometidas en México a “auditorías tributarias” debido a un “pacto de impunidad”, sostiene Edgardo Buscaglia, investigador en materia de crimen organizado.

No se persigue a las corporaciones blanqueadoras aun cuando en abril de 2014 Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, firmó con Washington un acuerdo que impide a personas y consorcios inscritos en dicha lista negra realizar operaciones en el sistema financiero de México. “O sea que el pacto de impunidad ya lleva el apellido Videgaray”, sentencia Buscaglia.

(proceso.com.mx).

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