Peña Nieto sigue reprobado
[dropcap]S[/dropcap]egún el sondeo del último trimestre realizado por la empresa Mitofsky, el presidente Enrique Peña Nieto sigue presentando un grado de aceptación reprobatorio del 39%, contra el 61% de mexicanos que consideran negativo su desempeño como primer mandatario de la nación.
Y es que a los escándalos de corrupción extrema por el asunto de La Casa Blanca y las mansiones adquiridas de manera poco clara por otros miembros de su gabinete se sumó la ineficacia demostrada por su gobierno para esclarecer debidamente la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ineficacia que al poco tiempo se fue tornando en encubrimiento de la Procuraduría General de la República para ocultar la participación del Ejército mexicano en estos hechos criminales.
La paz social en lo que va del sexenio de Peña Nieto está muy lejos de alcanzarse pues las estadísticas demuestran que a mitad de su administración las muertes relacionadas con el crimen organizado superan en mucho los decesos habidos en el mismo periodo durante el sexenio calderonista, con más de 60 mil homicidios.
Hoy, extensas regiones del territorio nacional siguen bajo el dominio de los carteles de las drogas, especialmente Tamaulipas y Michoacán.
La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán lejos de provocar un repunte en la aceptación de Enrique Peña Nieto vino a revelar la monstruosa corrupción que hubo alrededor de su fuga del Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, y que involucra no solo a empleados y directivos de esta cárcel sino a altos funcionarios de su gabinete, así como la posterior protección que brindaron al capo, inclusive con elementos del Ejército, como lo denunció el actor norteamericano Sean Penn en su texto publicado en la revista Rolling Stone en el que relata su encuentro con Guzmán Loera en la reserva ecológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, resguardada por soldados.
Ahora, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU está exigiendo al gobierno de Peña Nieto la localización de más de 200 personas privadas de su libertad o eliminadas por diversas instituciones policíacas y el Ejército, pero la cancillería mexicana, a cargo de Claudia Ruiz Massieu (sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari) olímpicamente ha evadido la responsabilidad del gobierno federal respondiendo que esta exigencia solo es una “recomendación” que no implica la obligatoriedad de su cumplimiento.
Y esta soberbia con la que el gobierno de Peña Nieto se ha enfrentado a la ONU y a otras instancias internacionales especializadas en la defensa de los derechos humanos es la que nos ha puesto como nación en el primer lugar de barbarie en el mundo.
De los 32 estados que conforman nuestra federación solamente seis han accedido a ajustar sus leyes locales a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras el resto de las entidades mantiene en sus legislaciones candados oprobiosos que garantizan la impunidad de funcionarios públicos corruptos que saquean el erario para enriquecerse y enriquecer a sus familiares otorgándoles contratos millonarios a sus empresas.
Las “reformas” constitucionales concretadas bajo el régimen de Enrique Peña Nieto, como la “reforma educativa” y la “reforma energética” ya están comenzando a dar frutos… pero para beneficio del Estado depredador, despojando de sus empleos a cientos de profesores que se han negado a presentar las “evaluaciones” que esta reforma les exige, y para beneficio de intereses extranjeros con la inminente llegada al país de empresas gasolineras norteamericanas, que en los próximos tres años instalarán por lo menos dos mil estaciones de servicio a lo largo y ancho de nuestro territorio, apoderándose del 25% del mercado gasolinero nacional, cuyas ganancias, obviamente, no se quedarán en nuestra nación.
Y para cerrar con broche de oro algunas de las enumeraciones de las atrocidades que se han cometido en este sexenio peñanietista, los resultados que arrojan las agresiones a la libertad de expresión son más que desalentadores pues del sexenio anterior al actual las quejas por agresiones a periodistas se incrementaron en un 12.5%; mientras en el sexenio de Felipe Calderón se agredía a un periodista cada 48 horas en el sexenio de Peña Nieto cada 26 horas un periodista es intimidado, amenazado o sufre un ataque. Con más de 10 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio, México se ubica en los primeros lugares a nivel mundial en esta estadística, inclusive por encima de países en los que hay conflictos bélicos o guerras abiertamente declaradas, y el 90% de estos homicidios y agresiones a periodistas queda impune.
El mal manejo de la economía frente a la baja de los precios del petróleo y a la escalada del dólar, los recortes presupuestarios malintencionados y la protección insultante a gobernantes saqueadores son el colofón que quizá termine de explicar el por qué este presidente sigue siendo rechazado por más del 60% de los mexicanos, y el partido que lo postuló, el PRI, se encuentre en la antesala para ser sustituido en por lo menos 6 de los 12 estados de la República en los que se llevarán a cabo elecciones de diputados, alcaldes y gobernadores el próximo 5 de junio.