Fiscalía General de Durango, fábrica de delincuentes

Fernando Miranda Servín.

 

El 8 de abril de 2012, los integrantes de la asociación civil denominada Tambitos, que se dedican a desarrollar la labor altruista de proporcionar albergue y alimentos gratuitos a indigentes, fueron desalojados de las instalaciones que ocupaban en su domicilio, ubicado en la privada Ex Campo Deportivo Núm. 16, en el centro de la ciudad de Durango, por personal de la subdirección de Organización y Participación Ciudadana de la administración del ex alcalde Adán Soria Ramírez.

Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango. Torturas y abusos de poder para unos e impunidad total para otros.
Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango. Torturas y abusos de poder para unos e impunidad total para otros.

Tambitos A.C., ocupaba 8 de los 40 locales instalados en este predio, y el motivo que argumentaron las autoridades municipales para realizar el desalojo fue que en breve edificarían en el lugar un centro comercial ya que dicho terreno pertenece al municipio de Durango.

Dueños de las concesiones de los 8 locales, los representantes de Tambitos A.C., Hugo Alberto Cano Soto y su esposa, Rosa Andrea Mendía Oceguera, le solicitaron a Adán Soria que los reubicara en otro lugar para seguir desempeñando sus labores humanitarias mientras construían el nuevo centro comercial, trasladándose a la calle Bravo Núm. 130. Pero durante todo este tiempo el municipio no construyó ningún centro comercial y los locales de Tambitos A.C., fueron ocupados por una persona extraña a esta agrupación de locatarios.

 Hugo Alberto Cano Soto, activista social. Con testimonios endebles y una hoja manuscrita como pruebas, está preso en el CERESO acusado del delito de robo.
Hugo Alberto Cano Soto, activista social. Con testimonios endebles y una hoja manuscrita como pruebas, está preso en el CERESO acusado del delito de robo.

El 21 de mayo de este año 2013, Hugo Alberto Cano Soto y su esposa Rosa Andrea Mendía Oceguera llegaron a un acuerdo con las autoridades del municipio de Durango, y mediante una minuta establecieron que el 27 de mayo la Dirección Municipal de Obras Públicas, a cargo del Ing. Héctor Zepeda Luna, coadyuvaría para que la asociación civil Tambitos pudiera retirar del predio las estructuras metálicas de sus locales, resguardando provisionalmente las cortinas de hierro de los mismos, ante la ahora sí inminente construcción del nuevo centro comercial.

“El 27 de mayo acudimos a la privada Ex Campo Deportivo Núm. 16 a desmontar nuestros locales en presencia de los empleados del municipio, como lo habíamos acordado en la minuta firmada con las autoridades en la sala de juntas de la Secretaría Municipal, el 21 de mayo, pero en el lugar se presentó un sujeto de nombre Joaquín Rodríguez Moreno argumentando que los locales que estábamos desmontando eran de él, cosa que es absolutamente falsa ya que nosotros hemos estado ahí desde hace 10 años”, manifiesta Rosa Andrea Mendía Oceguera.

Así las cosas, Joaquín Rodríguez Moreno, apoyado por la lideresa de los comerciantes de este sitio, Lidia del Carmen Medina Hernández, y dos “testigos” de oficio herreros, de nombres Rosalío Flores Ornelas y Guillermo Zapata Bretado, se presentó en la Fiscalía General de Durango el día 29 de mayo, dos días después de los hechos, a acusar por el delito de robo a los representantes de Tambitos A.C., Hugo Alberto Cano Soto, a su esposa Rosa Andrea Mendía Oceguera y a su yerno Dagoberto Cabrera González, iniciándose la averiguación previa número 1035/2013.

Ignorantes de esta acusación, el 10 de junio de 2013, en su domicilio ubicado en la calle Domingo Arrieta Núm. 416, los indiciados reciben la visita de dos agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones para entrevistarlos en relación a los hechos, negando rotundamente los señalamientos.

“Ya no supimos más del asunto pues nunca nos enviaron citatorios de la Fiscalía para presentarnos a declarar”, dice la representante de Tambitos A.C.

Pero de manera sorpresiva, el pasado sábado 23 de noviembre, a las 7:30 a.m., Hugo Alberto Cano Soto fue aprehendido por agentes ministeriales y trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Durango, acusado del delito de robo.

En la averiguación previa, cuya copia está en poder de raza cero, el supuesto agraviado, Joaquín Rodríguez Moreno, acredita la propiedad de los locales con una hoja de papel manuscrita; la lideresa de los locatarios, Lidia del Carmen Medina Hernández, declara que Joaquín Rodríguez Moreno es dueño de esos locales desde el año 2001 y los herreros dan testimonio de haber sido contratados por Joaquín Rodríguez Moreno “para hacer trabajos de herrería en los locales”. Pero la pareja de herreros se contradicen ya que uno, Rosalío Flores Ornelas, dice haber realizado los trabajos de herrería con su compañero en el año 2011, y el otro, Guillermo Zapata Bretado, dice haber hecho estos trabajos en el año 2001; y así, con estos argumentos y pruebas inconsistentes, el ministerio público de la Fiscalía General de Durango, Lic. Jorge Eduardo Soto Andrade, consignó la averiguación previa ante el juez correspondiente, quien también de manera anómala gira la orden de aprehensión que hoy tiene en la cárcel al representante de Tambitos A.C., Hugo Alberto Cano Soto, pagando un delito que no cometió.

“Es obvio que el ministerio público recibió alguna dádiva para ‘cuadrarle’ la averiguación previa a Hugo Alberto Cano Soto y consignar el expediente ante el juez, y el juez también actuó de manera incorrecta”, manifiesta un empleado de la misma Fiscalía conocedor de estos procedimientos, que solicita el anonimato.

Este proceder, violatorio de las garantías individuales y de los derechos humanos, es común en la Fiscalía General de Durango, en donde su titular, la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, se ha caracterizado por solapar y tolerar este tipo de acciones de sus ministerios públicos y agentes ministeriales, quienes con frecuencia, a base de torturas, arrancan a los ciudadanos confesiones de delitos que no cometieron, como el caso de la Banda Vagos, integrantes de un grupo musical de Santiago Papasquiaro que fueron aprehendidos el 14 de febrero de 2013 en este municipio por supuestamente haber secuestrado y asesinado a dos mujeres, las hermanas Botello.

Luego de mantenerlos arraigados irregularmente durante más de mes y medio en un hotel de la ciudad de Durango, los músicos de la Banda Vagos fueron presentados (ilegalmente) a los medios de comunicación el 1 de abril por la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso. “Eran nueve, pero durante el arraigo los agentes ministeriales torturaron brutalmente a uno de ellos por lo que tuvieron que dejarlo libre para que sus familiares lo llevaran a un hospital, al otro también lo dejaron libre luego de que sus familiares entregaron una fuerte suma a los ministeriales”, declaró en su momento uno de los familiares de los músicos.

“A uno de ellos lo colgaron con unas cuerdas de la parte alta de la Fiscalía General, por la parte de atrás, amenazándolo con dejarlo caer si no se declaraba culpable y les decía en dónde habían enterrado a las señoras, pero cómo iba a saber si ellos no fueron, ellos no son secuestradores, son músicos”, relató otro de los familiares.

Durante varios días, los agentes ministeriales, bajo las órdenes de la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, golpearon a los músicos para que les dijeran en dónde habían enterrado los cuerpos de las damas secuestradas, y estos, para evitar seguir siendo golpeados, señalaban distintos sitios. “Los hicieron cavar muchos hoyos en las afueras de Santiago Papasquiaro, pero no encontraron los cuerpos”, dijo uno de los familiares.

Finalmente, los agentes de la Fiscalía aprehendieron a un sujeto de nombre Kevin Martín Valenzuela Ruiz, jefe de una banda de secuestradores, e inmediatamente después de esta aprehensión aparecieron los cadáveres de las hermanas Botello.

Hoy, aunque los verdaderos responsables del secuestro ya se encuentran presos, los músicos integrantes de la Banda Vagos, Miguel Ángel García, Luis Alberto Posada, José Alberto Gutiérrez Torres, Humberto Reyes Cásares, Adrián Reyes Posada, Pedro Damián García Solís y Anastacio Arenas continúan prisioneros en el penal de Santiago Papasquiaro. Al respecto, raza cero tuvo acceso al expediente en donde pudimos constatar las declaraciones de los músicos integrantes de la Banda Vagos, en donde declaran la manera en que fueron brutalmente torturados.

Los músicos integrantes de la banda Vagos, torturados para declararse culpables de secuestro y homicidio, están presos en Santiago Papasquiaro.
Los músicos integrantes de la banda Vagos, torturados para declararse culpables de secuestro y homicidio, están presos en Santiago Papasquiaro.

En contraste, personajes de la política local, a quienes con testimonios y documentos se les ha acusado de cometer actos ilícitos, están siendo protegidos por la Fiscal General de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, como es el caso de los ex alcaldes de Durango y Poanas, Adán Soria Ramírez y Raúl Piedra Macías, quienes colaboraron en la maquinación de un millonario fraude que asciende a 20 millones de pesos, en agravio de media docena de empresarios de la construcción. “En enero y febrero de 2012, firmamos contratos con Adán Soria Ramírez y Raúl Piedra Macías para realizar obras públicas, contratos por 200 y hasta 300 millones de pesos, pero nos dijeron que antes de recibir los recursos para comenzar a hacer las obras debíamos de depositar el 1.1% del valor de estos contratos en cuentas bancarias de dos colaboradores cercanos del entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, el Lic. Rafael López Esquer y el Mayor Bernardo Ramón Rafael Terrazas Salgado, porque supuestamente estos sujetos se encargarían de tramitar en la secretaría de Hacienda la entrega de recursos financieros para que los municipios de Durango y Poanas nos dieran los anticipos para comenzar a hacer las obras. Cumplimos lo que nos solicitaron depositando 20 millones de pesos en las cuentas bancarias que nos indicaron, pero luego de un año los recursos no llegaban, jamás recibimos los anticipos para iniciar las obras y perdimos nuestro dinero pues ni Adán Soria Ramírez ni Raúl Piedra Macías ni los personeros de Ernesto Cordero nos quieren regresar nuestro dinero”, manifiesta el Ing. Julio César Rodríguez Martínez, dueño de la empresa Construcciones Nueva Vizcaya S.A.de C.V., uno de los siete empresarios de la construcción defraudados y a quien lo despojaron de 5 millones de pesos.

“El 24 de enero de este año 2013 acudimos a la Fiscalía General de Durango a presentar nuestra denuncia, aportamos pruebas testimoniales y documentales del fraude del que fuimos objeto, y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta a pesar de haber publicado ya desplegados de inconformidad en varios periódicos, dirigidos al mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La averiguación previa Núm. 34DVE/2013 se encuentra ‘congelada’ ”, finaliza el Ing. Julio César Rodríguez Martínez.

Así, mientras a unos ciudadanos les fabrican delitos al vapor y son vilmente encarcelados, a otros los protegen abiertamente por tener influencias y pertenecer a la esfera de poder estatal.

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Esta es la manera en que se conduce la Fiscal General del Estado de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, sin que ninguna instancia en el estado la conmine a realizar su trabajo de manera profesional ya que el papel que realiza en estos casos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo titular es el Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, es sumamente penoso e ineficaz.

¿Hasta cuándo los duranguenses seguirán permitiendo este tipo de atrocidades?

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