México, el gravísimo problema de la impunidad
[dropcap]P[/dropcap]arecería que el avance tecnológico en las comunicaciones, reflejado en las redes sociales de internet, inhibiría los actos de corrupción de nuestros gobernantes, pero la voracidad que estos demuestran para enriquecerse ilícitamente no tiene límites.
A estas alturas, estos gobernantes corrompidos y corruptores saben que en cualquier momento pueden ser exhibidos y sacadas a la luz pública sus fechorías aparentemente secretas, pero esto no es motivo para que se detengan, por el contrario, se han vuelto mucho más agresivos pues se han dado a sí mismos “leyes” que los protegen y hasta los exentan de ir a la cárcel, aparte de las leyes que flagrantemente violan o retuercen sin recibir castigo y, más aún, el uso perverso que hacen de estas para convertir a sus acusadores en acusados.
Así, esta práctica deleznable se ha venido aplicando también en la comisión de crímenes de lesa humanidad, en donde a estas mentes siniestras de repente se les ocurrió que la mejor manera de evadir responsabilidades y hasta de ocultar sus propios delitos era la de criminalizar a las víctimas: “a ese periodista lo mataron porque estaba ligado al narcotráfico”, “a la señorita la asesinaron porque se dedicaba a la prostitución”, “a los estudiantes los desaparecieron porque fue una pugna entre carteles de las drogas”, han sido solo algunos de los argumentos oprobiosos que vierten nuestros gobernantes nefastos ante los medios de comunicación, que por fortuna ya no estamos dispuestos a creer. Y a tal grado ha llegado la magnitud de la corrupción de los representantes del Estado mexicano que inclusive se han atrevido a contradecir y a descalificar los señalamientos y acusaciones de irresponsabilidad de reconocidas y prestigiosas organizaciones internacionales oficiales y no gubernamentales especializadas en la defensa de los derechos humanos.
Hoy, la historia de impunidad en México parece tener un parteaguas llamado “La Casa Blanca de Peña Nieto” pues antes de la revelación de este escandaloso acto de corrupción cometido por el actual mandatario ya sabíamos que todos nuestros ex presidentes, de alguna manera u otra, se han enriquecido de manera ilícita, pero a partir de la denuncia hecha por el equipo de la periodista Carmen Aristegui pudimos saber los detalles y los mecanismos que utilizan esta clase de gobernantes para allegarse propiedades fastuosas y cantidades inimaginables de dinero ilegal.
Posteriormente a este hecho, recientemente estalló otra bomba mediática cuyas esquirlas nuevamente han hecho trizas la imagen del presidente Enrique Peña Nieto: Los Papeles de Panamá, que revelan los nombres de algunos de sus amigos, colaboradores cercanos y de su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien luego de darse a conocer las evidencias de que él fue el empresario constructor de La Casa Blanca de Peña Nieto y que esta habría sido parte del pago al presidente por los contratos multimillonarios que este le otorgó desde que era gobernador del Estado de México, se dio a la tarea de ocultar 100 millones de dólares en “paraísos fiscales” de Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos, a través de la firma financiera Mossack-Fonseca, que tiene su sede en Panamá. Esta operación quedó al descubierto con la filtración anónima de cientos de miles de archivos extraídos del despacho Mossack-Fonseca, que lo mismo contienen actividades financieras de artistas y deportistas que de políticos corruptos y narcotraficantes, en una sucia maniobra de los oligarcas estadounidenses para obligar a los dueños de capitales ilegales a trasladar sus recursos a “paraísos fiscales” más seguros, como lo son, por supuesto, los “paraísos fiscales” ya asentados desde hace un buen tiempo en Estados Unidos.
De esta manera, la ambición de los grandes magnates estadounidenses por atraer a su país este tipo de cantidades monstruosas de dinero ilegal causó “daños colaterales” en varios países del mundo, en donde sus habitantes supieron que sus presidentes, colaboradores y amigos desde hace tiempo habían estado depositando y ocultando enormes sumas de dinero mal habido. Uno de esos “daños colaterales” le tocó a nuestro presidente Enrique Peña Nieto.
Y esto quizá sea la punta del iceberg del fabuloso saqueo que han llevado a cabo el mandatario mexiquense y su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú.
Pero, a diferencia de otras naciones como Islandia, en donde el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson fue obligado a renunciar por la ciudadanía luego de conocerse que su nombre aparecía en Los Papeles de Panamá ocultando una fortuna de 4 millones de dólares, en México no pasa nada.
Esta inacción e indiferencia de la sociedad mexicana es precisamente la que motiva a nuestros gobernantes, a sus familiares y amigos a delinquir a la vista de todos y a hacer ostentosidad de sus fortunas, mansiones, empresas, viajes y costosísimos vehículos. Además, saben que hay un sistema de “leyes” y complicidades a su servicio que los arropa muy bien y los salva de ir a prisión.
Aparte del saqueo directo al erario, otra forma de corrupción extrema que practican nuestros gobernantes para beneficiarse perjudicando a los contribuyentes es la contratación de deuda pública con instituciones bancarias, hipotecando los ingresos federales y estatales para realizar actividades de las que no necesariamente rinden cuentas pues suelen ser protegidos por los congresos de sus estados y por la Auditoría Superior de la Federación (robos descarados pues).
Ojalá que estos próximos procesos electorales sirvan para que la sociedad exija a los gobernantes elegidos castigos ejemplares para los saqueadores y la recuperación de los recursos despojados para comenzar a aliviar un poco la vergonzosa miseria y pobreza extrema que padece más de la mitad de la población mexicana.