Privilegios para nadie, exigencia general

[dropcap]L[/dropcap]uego del proceso electoral del pasado 5 de junio en el que el PRI perdió estrepitosamente 5 gubernaturas, el mensaje de la ciudadanía ha sido muy claro en el sentido de que ya no está dispuesta a tolerar abusos ni que haya privilegios para la clase gobernante, sin importar a qué partido pertenezca.

Y es que las atrocidades y saqueos que cometieron los grupos de poder priístas en entidades como Quintana Roo, Chihuahua, Durango y Veracruz no tuvieron límites por lo que la exigencia generalizada de la sociedad a los gobiernos entrantes (en su mayoría panistas) es la de investigar exhaustivamente a los funcionarios salientes de estas administraciones que hayan cometido robos al erario y perpetrado delitos graves aprovechándose de los cargos que desempeñaron.

Así, un patrón que se presenta en estos estados de la República como Quintana Roo, Durango y Veracruz, en los que el PRI se mantuvo en el poder durante 87 años, es el control absoluto de todas las actividades políticas y sociales ejercido por los grupos gobernantes, control mediante el cual pudieron amasar fortunas inimaginables acaparando para sus familiares y amigos contratos millonarios de todo tipo, sobre todo de obras públicas, que es el rubro en el que más se cometen robos al erario.

Hoy, los gobernadores electos de Chihuahua, Javier Corral Jurado; Durango, José Rosas Aispuro Torres, y Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares han reiterado públicamente dar cumplimiento a las promesas de campaña que le hicieron a los electores que les dieron el triunfo, en el sentido de hacer justicia y aplicar todo el peso de la ley a quienes hayan cometido saqueos. Y en este aspecto a ninguno de estos futuros mandatarios les va a costar mucho trabajo realizar las indagatorias para obtener pruebas y consignar ante un juez a los responsables de estos latrocinios, pues la mayoría de estos personajes depredadores se sintieron tan intocables que abiertamente hicieron ostentación de lujosos bienes muebles y de faraónicas propiedades.

Por lo tanto, es obligatorio que estos mandatarios electos lleven hasta las últimas consecuencias los ofrecimientos que le hicieron a la ciudadanía; de lo contrario, inclusive hasta llegarían a perder legitimidad pues caerían bajo la sospecha de haber llegado a funestos acuerdos con quienes nos han agredido, con el objetivo de evadir la cárcel.

Lo anterior de ninguna manera representaría una “cacería de brujas”, en el entendido de que el término “cacería de brujas” se refiere históricamente a la persecución demencial de personas inocentes a quienes se les atribuyen falsamente la comisión de diversos delitos; y, en el caso que nos ocupa, no se trata de personas inocentes sino de verdaderos pillos que se enriquecieron ilegalmente con nuestro dinero, por lo que lo único que espera la ciudadanía es que se aplique la ley sin privilegios ni distinciones.

Ahora más que nunca es necesario que estos nuevos gobiernos estatales pongan el ejemplo y no caigan en las mismas posturas deplorables en las que ha caído el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de aplicar la ley a su conveniencia para protegerse y proteger a sus incondicionales, y hacer uso de las instituciones judiciales para perseguir a sus adversarios políticos mientras deja en libertad a auténticos delincuentes, como el caso del Profr. Rubén Núñez Ginez, líder de la sección 22 de la CNTE, de Oaxaca, encarcelado el pasado 12 de junio por supuesto “lavado de dinero” en el financiamiento de las actividades de lucha que tiene esta organización magisterial, que se opone a la abusiva reforma educativa.

Llama la atención que mientras a este activista político se le investigó minuciosamente y se le aplicó todo el peso de la ley haya algunos políticos verdaderamente voraces, y cuyos comportamientos son altamente delictivos y peligrosos, que gozan de total impunidad…

Es de esperarse que con el pasado proceso electoral algo comience a cambiar, por lo menos en esas entidades federativas en las que la ciudadanía se decidió por el cambio luego de 87 años de cacicazgos priístas, aunque dicho cambio sea parcial pues a pesar de que habrá gobernadores y presidentes municipales de partidos diferentes al PRI todavía quedaron molestos resabios del dinosaurio de los que el electorado tendrá que deshacerse por completo en los siguientes comicios.

Así las cosas, es innegable que en lo político hubo cierto avance que quizá sea un mensaje de lo que vendrá en el año 2018. Por lo pronto, en el terreno económico las cosas siguen pintando mal para la ciudadanía con una cotización del dólar que no baja de los 19 pesos con 50 centavos y que continúa impactando nuestros bolsillos; el desempleo y la pobreza aumentan; la inseguridad y las pugnas del crimen organizado no dejan de provocar muertes; el narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo de drogas se incrementan en las principales ciudades del país; el desarrollo social no llega a quienes debe de llegar, y las policías y fuerzas armadas de nuestro país no cesan de reprimir las manifestaciones de inconformidad que la ciudadanía realiza en varios puntos del país.

En este contexto, es incuestionable que lo que queremos la mayoría de los mexicanos es que ya termine este sexenio asfixiante en el que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los principales integrantes de su gabinete fueron los primeros que no nos dieron un ejemplo de honestidad al cometer todo tipo de tropelías, primero para llegar al poder y luego para mantenerse en el.

Ya es deseable que los mexicanos nos demos la oportunidad de cambiar radicalmente nuestro futuro exigiéndole a nuestros gobernantes el cumplimiento estricto de las leyes o las renuncias inmediatas a sus cargos.