Políticos mexicanos son socios de petroleras extranjeras (Final)

Jesús Ramírez Cuevas.

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN y sus aliados privados, nacionales y extranjeros, han lanzado una campaña para convencer a los mexicanos de las bondades de aprobar la reforma energética. Sin embargo, no hablan una palabra del tráfico de influencias y de la corrupción que aquejan a Pemex.

Las empresas petroleras extranjeras que pretenden apoderarse del petróleo y el gas de México, tienen buenos aliados en nuestro país. Además de Peña Nieto y su gabinete, hay ex funcionarios públicos, antiguos directores de Pemex y titulares de Hacienda y de Energía de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón que trabajan para las trasnacionales y bancos de inversión en negocios del sector energético. Ellos impulsan y cabildean a favor de la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales, de la apertura total del sector y de la venta de activos de Pemex.

Las empresas petroleras extranjeras en las que trabajan ex funcionarios mexicanos del PRI y del PAN, están metidas hasta la médula en las labores de Pemex y de la CFE. Aprovechando sus relaciones como servidores públicos, fueron contratados por empresas privadas del sector petrolero y energético. Estos personajes cabildean y acuerdan licitaciones y contratos de Pemex y la CFE a modo. Tienen contactos en áreas estratégicas del sector energético.

Los nombres de ex directores de Pemex y ex secretarios de Energía como Jesús Reyes Heroles y Luis Ramírez Corzo, Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel, así como de Pedro Aspe Armella, aparecen en informes del mercado energético como “nuevos agentes financieros” y “jugadores clave” en la “apertura” del sector a la inversión extranjera.

Son cabilderos con información privilegiada, socios de empresas, empleados de trasnacionales y traficantes de influencias que logran contratos y licitaciones a modo para que se los otorguen a las empresas extranjeras para las que trabajan.

Carlos Ruiz Sacristán

Zedillista de pura cepa, Carlos Ruiz Sacristán es un político y empresario mexicano. Fue director general de Pemex (1994) y secretario de Comunicaciones y Transportes de 1997 a 2000. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y maestro por la Northwestern University en Chicago. Fue colaborador de Pedro Aspe, de 1988 a 1994, como director general de Crédito Público, subsecretario de Normatividad y subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Posteriormente, pasó a la iniciativa privada como director de Sempra Energy, empresa que provee asesoramiento y colaboración energética en materia de gas en México.

En la actual administración de Peña Nieto, Pemex le ha otorgado contratos a Sempra Energy –cuyo director es Carlos Ruíz Sacristán–, a través de su empresa mexicana IEnova. En julio de 2013, Pemex Gas y Petroquímica Básica firmó un contrato con Gasoductos del Noreste para el desarrollo del proyecto Los Ramones. Esta empresa es filial del Grupo Gasoductos de Chihuahua, compañía mexicana distribuidora de gas licuado de petróleo y gas natural que nació de una alianza entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y El Paso Energy International Company, en el año 1997 (posteriormente, Sempra de México y ahora Infraestructura Energética Nova, IEnova). El contrato con Pemex es para la prestación de servicios de transporte de gas natural, a fin de desarrollar la infraestructura del proyecto “Ramones Fase I”, consistente en un ducto de 48 pulgadas de diámetro y 114 kilómetros de longitud. El 25 de octubre de 2013, Pemex informó que dividió en dos tramos el proyecto “Ramones Fase II” y le asignó una de manera directa a IEnova-Gasoductos de Chihuahua y la otra a la sociedad de TAG Pipelines y la francesa GDF Suez.

La obra iniciará en la frontera con Estados Unidos, en un punto cercano a la ciudad de Camargo, Tamaulipas, y finalizará en Los Ramones, Nuevo León. Este sistema tendrá como punto de origen la interconexión con el gasoducto Agua Dulce-Frontera, el cual será desarrollado por la empresa NET Midstream, LLC, con destino al gasoducto conocido como Los Ramones Fase II, de aproximadamente 740 kilómetros de longitud.

Según reportes de prensa, el monto del contrato es de 800 millones de dólares, pero contiene una cláusula muy dañina para México, pues estipula que Pemex se obliga a pagar el transporte de un millar de millones de pies cúbicos diarios; no importando el volumen que se transporte realmente, esto significa financiamiento al contratista.

La empresa eléctrica Sempra Energy, con oficinas centrales en San Diego, opera en el estado de Baja California la terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) Costa Azul, varios ductos, la distribuidora Ecogas, y la central termoeléctrica Mexicali. También desarrolla 78MW de capacidad eólica en el área de La Rumorosa. Infraestructura Energética Nova (IEnova), es su empresa en México y se dedica al desarrollo, construcción y operación de infraestructura energética en México. La empresa distribuye gas natural, genera electricidad y opera una terminal de gas natural licuado. Actualmente, tiene contratos para construir casi 900 kilómetros de ductos de gas natural para la CFE en el noroeste del país, y la primera etapa de 112 kilómetros del sistema de ductos de Pemex Los Ramones

Pero los antecedentes de las prácticas de Sempra Energy dejan mucho que decir. Ha sido acusada de defraudación fiscal y lavado de dinero, además de manipular los precios de la electricidad en Estados Unidos y de daños al medio ambiente en México.

De acuerdo con una denuncia publicada por el diario La Jornada, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones dio curso a la denuncia de hechos presentada por Felipe Ruanova Zárate, quien documentó que Sempra Energy simula actos amparados en un esquema de importación para exportar bajo el abrigo de supuesta maquila.

“Sólo en el papel salen del país los bienes (gas y electricidad) y en realidad se venden a empresas mexicanas. Resulta relevante la investigación de este esquema de simulación y defraudación, en virtud de que se trata de una empresa que factura en promedio anualmente 13 mil millones de pesos, causando un perjuicio relevante al fisco federal”, indicó Ruanova.

Sempra no sólo habría defraudado al fisco federal de forma reiterada, sino además “estimula a otras empresas del ramo a delinquir utilizando los mismos esquemas de simulación.

Muestra de ello es que la trasnacional Royal Dutch Shell, por medio de su filial LNG de Altamira, S de RLN de CV, al principio de su constitución en territorio mexicano pagaba sus impuestos de forma regular, y la indujeron a utilizar el mismo esquema de defraudación fiscal”.

El delito de defraudación fiscal –según Felipe Ruanova– se configura por no declarar ni pagar impuestos cuando el domicilio fiscal y lugar donde se genera la riqueza es en territorio mexicano. Sempra falsea la información relacionada con precios de transferencia, engañando, usando documentos falsos, omitiendo pagar impuestos y obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. En la denuncia aparece el nombre de Carlos Ruiz Sacristán como uno de los responsables, junto con Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía, de Comunicaciones y Transportes y actual presidente de la BMV.

Luis Ramírez Corzo

Ex director de Pemex de 2004 a 2007, Luis Ramírez Corzo fue designado el 22 de febrero de 2012 presidente ejecutivo de la compañía Servicios Petroleros Oro Negro, cuyo objetivo es “perseguir oportunidades en el sector de servicios petroleros en México, donde la inversión en actividades de producción y exploración continúa creciendo”, según nota de la agencia Bloomberg.

Oro Negro es una iniciativa empresarial formada con fondos de las compañías norteamericanas Axis, Ares Management, y Temasek, de Singapur que aportaron 250 millones de dólares a la firma. Estos nuevos jugadores pretenden aprovechar parte de los 300 mil millones de dólares que Pemex invertirá en los próximos 15 años.

En Oro Negro aparecen asociados Ramírez Corzo y Suárez Coppel, también ex director de Pemex; en esa empresa también son accionistas Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, hijo y cuñado de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda. Gil Díaz recomendó a Suárez Coppel con Calderón para ser nombrado director de Pemex. Todos ellos tienen acceso a información privilegiada y con ella hacen negocios.

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Oro Negro planea convertirse en un jugador líder en la industria mexicana de servicios petroleros al ofrecer a Pemex servicios integrados y soluciones a la medida a través de la adquisición de empresas con contratos existentes y la adquisición de activos de vanguardia. El escándalo público surgió cuando se conoció que Ramírez Corzo fue nombrado uno de los principales asesores del actual director de Pemex, Emilio Lozoya. Y es que Ramírez Corzo heredó un problema a Pemex que estalló hace unos meses. Lozoya Austin se enteró que Pemex tenía que pagar 300 millones de dólares por una demanda en su contra por el consorcio Conproca (Consorcio Proyecto Cadereyta), formado por la compañía coreana SK Engineering, dueña de 80%, la alemana Siemens AG, con 15% de las acciones, y la mexicana Tribasa.

Su antecesor, Juan José Suárez Coppel, le dejó a Lozoya Austin el pendiente del pago, en cumplimiento del laudo definitivo de la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en París, que el 11 de enero de 2012 ordenó a la paraestatal mexicana cubrir 282.1 millones de dólares a Conproca, más gastos financieros e impuestos, tras 10 años de litigio entre Pemex y el consorcio.

Empleados de Siemens destaparon actos de corrupción que involucran a cinco ex funcionarios de Pemex en la aprobación de pagos irregulares y en la presunta recepción de un soborno en 2004; entre los acusados está el ex dirigente nacional panista y ex abogado general de Pemex, César Nava, a quien acusan de ser responsable de la liberación de 17 pagarés por un total de 2 mil 60 millones de dólares a favor de Conproca. En la demanda de Pemex en Nueva York salió a relucir el nombre del empresario Jaime Camil –contratista y consultor vinculado a Pemex y a Siemens– como uno de los presuntos artífices de un soborno por 2.6 millones de dólares a un “alto funcionario” de Petróleos Mexicanos para que autorizara la ampliación de los pagos a Conproca.

Pemex reviró al recordar que en 2008 la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) impuso a Siemens una multa por mil 400 millones de dólares, una de las más altas en la historia, por prácticas corruptas en varios países, “incluyendo a México”. Pemex aseguró, además, que Peter Paul Muller, ex director jurídico de Siemens México, declaró el 6 de mayo de 2013 ante la PGR que la empresa alemana sobornó a personal de la petrolera para cubrir los sobrecostos de Cadereyta. En su declaración, afirmó Pemex, Muller involucró al empresario Jaime Camil como parte de la simulación para ocultar el pago de 2.6 millones de dólares.

Desde sus inicios, la licitación para modernizar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, generó polémica: funcionarios de la paraestatal en el sexenio zedillista fueron involucrados en casos de corrupción. El 27 de noviembre de 1997, Pemex Refinación entregó a Conproca el contrato para ampliar Cadereyta. Originalmente fue por mil 800 millones de dólares, pero se fue ampliando hasta alcanzar los 2 mil 461 millones de dólares.

El contrato fue firmado por el entonces titular de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, amigo del presidente Zedillo, y por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, responsable del área jurídica de Pemex Refinación. Willars Andrade fue investigado por la Secretaría de la Función Pública en el expediente 17/2002 por presuntos sobornos con Servicios Aéreos del Centro S.A., de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif. Al abogado Bouchot Guerrero también se le investigó, vinculándolo con el caso de Cadereyta.

La investigación contra ambos funcionarios se prolongó hasta 2007, cuando se determinó que eran culpables de abuso de autoridad. El Órgano Interno de Control de Pemex determinó también que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor técnico” del contrato en Cadereyta, y Máximo Téllez Rosas, subdirector de proyectos de Pemex Refinación, habían incurrido en abusos de autoridad. Se les inhabilitó por 20 años y les impusieron multas por 106 millones 300 mil pesos.

Conproca trabajó en Cadereyta entre 1997 y 2000. La disputa en la Corte Internacional de Comercio de París se inició en 2001, cuando Conproca acusó a Pemex de incumplir el pago de los costos adicionales de la obra y cambios en las especificaciones, entre otros. El litigio en la CIC duró 11 años. En diciembre de 2011, la CIC determinó que Pemex debe pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses y gastos) por conceptos relativos a “obras adicionales” e “interrupciones” en la modernización de la refinería de Cadereyta, y también por la ejecución indebida de garantías, costos financieros y gastos legales de arbitraje. La suma que debe pagar Pemex, de acuerdo con el laudo definitivo de la CIC, asciende a más de 300 millones de dólares.


Luis Videgaray

Actualmente, Luis Videgaray es el secretario de Hacienda y Crédito Público. Se formó como economista en el ITAM y se doctoró en el MIT. Fue alumno y asesor de Pedro Aspe cuando éste fue secretario de Hacienda con Salinas (1995). También fue asesor de Jesús Reyes Heroles cuando era secretario de Energía (1996).

Como la mayoría de los tecnócratas, pasó del gobierno al sector privado, se integró a Protego Asesores, la empresa de Pedro Aspe (2001-2005). Ahí tuvo a su cargo, entre otros proyectos, la reestructuración de las deudas públicas de los estados de Sonora, Oaxaca, Durango y Estado de México. En éste último estado se incorporó al gobierno de Enrique Peña como secretario estatal de Finanzas, donde contrató a OHL, la empresa española donde participaba Emilio Lozoya, hoy director de Pemex.

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En 2012, Videgaray fue el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto y el organizador del andamiaje financiero que involucró a las cadenas de tiendas Soriana y Walmart y a bancos como Monex, Scotiabank, Banamex y Bancomer. En el caso Monex, el PRI y Peña Nieto nunca comprobaron el origen de los recursos con que financiaron su estructura electoral y la compra de votos. En la campaña presidencial, el PRI montó un entramado económico con empresas fantasmas, lavado de dinero y triangulación de recursos vía paraísos fiscales. La Coalición Movimiento Progresista comprobó que una cuenta del banco Scotiabank a nombre del gobierno del Estado de México, manejada por Luis Videgaray (ilegalmente, puesto que era coordinador de campaña), tuvo depósitos durante la campaña por más de 250 millones de pesos. El IFE nunca investigó a fondo estos actos de corrupción.

Amigos y socios en negocios de energía

La mayoría de los funcionarios y ex funcionarios relacionados con los proyectos de energía con Pemex y la CFE, fueron formados académicamente en Estados Unidos y, curiosamente, han sido amigos desde estudiantes y coincidido en dependencias del gobierno y empresas. Destacan los economistas formados en el ITAM y casi todos con posgrados en el MIT en Estados Unidos, como Aspe, Reyes Heroles y Videgaray. Hay otro economista del ITAM, Raúl Livas Elizondo, ex director de Corporativo de Pemex y de Petroquímica, socio de Reyes Heroles en EnergeA y de Aspe en Intellego, fue jefe de Videgaray. En los negocios de Livas y Reyes Heroles con Pemex aparecen relacionados con Videgaray y con el actual director de Pemex, Emilio Lozoya.

Todos ellos hoy son de los principales promotores de la reforma energética, porque han comprometido nuevos negocios con petroleras extranjeras para las que trabajan o apoyan. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, fundó Protego en 1996, empresa que se unió a Intellego, OHL y Evercore.

Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía con Zedillo y director de Pemex con Calderón, fue compañero del actual director de Pemex en el consejo de administración de OHL y es socio de Livas en EnergeA.

Emilio Lozoya, director de Pemex y miembro del consejo de administración de OHL hasta 2012.

Raúl Livas, ex funcionario de Pemex, socio de Reyes Heroles en EnergeA y de Aspe como director de negocios de Intellego (proviene de Protego).

Luis Videgaray, dejó la dirección de Protego para trabajar como secretario de finanzas de Peña Nieto en el estado de México en 2005; Fernando Aportela Rodríguez tomó su puesto en Protego.

Fernando Aportela, es colaborador de Videgaray como subsecretario de Hacienda. En 2004 se desempeñaba como subdirector de Banca de Inversión en Protego. En Evercore, también con Aspe, fue presidente ejecutivo del Fondo de Infraestructura.

Publicado originalmente en La Voz de la Prole.com

(http://impunemex.com).

 

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