El gran robo de la reforma Energética, los pillos de Atlacomulco, la empresa de la muerte y el gobernador demagogo

La reforma Energética, aprobada en el año 2013 y propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, contuvo un nuevo esquema “para beneficio del país”. Entre otras cosas, se autorizó la participación privada nacional y extranjera otorgando “permisos” para adquirir derivados del petróleo, incluyendo las gasolinas, así como para investigar yacimientos petroleros y explotarlos. El Senado de la República, que en ese año era dominado por la fracción mayoritaria del PRI, aprobó dicha propuesta con el apoyo de los senadores panistas, entre los que se encontraba el actual gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien también votó a favor de esta reforma perjudicial para el pueblo de México.

Todos estos políticos promovieron públicamente los supuestos beneficios que traería la apertura del mercado de combustibles, pero desde ese año a la fecha los “gasolinazos” han puesto en duda esos “beneficios”, y más ahora con el descubrimiento de un yacimiento histórico de petróleo en Tabasco, en el pozo Zama-1, hecho por las empresas extranjeras Talos Energy y Premier Oil, que en México están asociadas a una empresa vinculada con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Sierra Oil & Gas, que pertenece a su cuñado, Jerónimo Gerard. Este pozo petrolero producirá más de 2 mil millones de barriles de crudo.

Y la incógnita surge de inmediato: ¿por qué este descubrimiento que beneficiará principalmente a esas empresas se hace después de la reforma Energética, cuando nos vendieron la especie de que PEMEX ya estaba en quiebra? Este hallazgo, se sabe, es el tercero más grande en la historia de México y el quinto yacimiento más importante encontrado desde el año 2012, por lo que ya muchos expertos analistas han concluido que este descubrimiento se hizo antes de que se aprobara la reforma Energética, pero se ocultó al pueblo de México.

Así se las gastan nuestros gobernantes para servirse a sí mismos y servir a las oligarquías que los manipulan importándoles muy poco la miseria y pobreza extrema de más de la mitad de la ciudadanía.

A este descomunal robo en despoblado se suman otros de menor rango pero no por eso menos importantes, como el perpetrado en el Estado de México por la mafia gobernante del PRI, aglutinada en el celebérrimo grupo Atlacomulco, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Como se sabe, en esta ocasión este gremio delictivo encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se robó miles de millones de pesos del erario federal y de esta entidad para poder “ganar” las elecciones e imponer al primo del presidente Peña Nieto como gobernador de este estado.

Alfredo del Mazo ya recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo, y administrará o más bien dicho saqueará el Estado de México hasta el año 2023. Lo lamentable es que no solo el PRI realiza actos deshonestos, pues en la actualidad ningún partido queda libre de pecado, y en esta como en todas las contiendas electorales siempre queda la duda sobre quién es el verdadero ganador, ya que no triunfa el que haya obtenido más votos sino el que haya robado más dinero para comprarlos y para comprar a los consejeros electorales en turno. Lo que sí es seguro es que el pueblo siempre es el gran perdedor, pues tanto esos miles de millones que se roban los protagonistas de estas farsas electoreras para obtener sus “triunfos” como los otros tantos miles de millones de pesos que van a dar a determinados medios de comunicación masiva para intentar hacernos creer que en nuestro país hay una auténtica democracia, salen de nuestros bolsillos.

¿Y las instituciones que se supone deberían representar a la ciudadanía y ser imparciales? Pues esas instancias solo son cómplices y tapaderas para “legalizar” esos actos de corrupción.

Ligado a este entramado oficioso se encuentran los empresarios con los que los gobernantes llegan a grandes acuerdos para desarrollar proyectos de obras públicas, que no siempre son terminadas con la calidad y seguridad establecidas por ley en los contratos otorgados, como el caso de la empresa española Aldesa-Epccor, que ganó el contrato para la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en un concurso de licitación donde los puntajes de experiencia en obra no fueron buenos. Ahora se sabe, después de la tragedia en la que dos ciudadanos perdieron la vida al caer en un socavón en esta vialidad, que las autoridades de la secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgaron el contrato a esta empresa porque presentó un presupuesto bajo, que al final de cuentas no se cumplió pues al finalizar la obra se invirtieron más de 2 mil millones de pesos, cuando el precio original era de mil 45 millones de pesos.

Así las cosas, a los tres meses de que el presidente Peña Nieto inauguró esta vía, se colapsó en uno de sus tramos causando la muerte a dos personas que transitaban en su vehículo. Esta misma empresa, Aldesa-Epccor, es la misma que construyó la carretera Durango-Mazatlán, que hoy con frecuencia presenta problemas y ha ocasionado la muerte de varias personas. ¿Qué intereses tiene el gobierno de Peña Nieto con esta empresa constructora corrupta e ineficiente?

Esta es la eterna historia de siempre, la de empresarios inescrupulosos amafiados con gobernantes viles que realizan sus transas para robarse miles de millones de pesos construyendo obras públicas de pésima calidad que provocan pérdidas de vidas.

Por otro lado, pero sobre lo mismo, indigna ver el teatro barato que los integrantes de la partidocracia quieren vendernos para hacernos creer que en verdad imparten justicia, como sucede en Durango en donde el gobierno del panista José Rosas Aispuro Torres ha fincado responsabilidad penal a algunos de los ex funcionarios saqueadores del pasado sexenio priísta, responsabilizándolos de fraudes muy inferiores a los que en realidad cometieron, con la marcada intención de que estos pillos resuelvan sus asuntos judiciales lo más pronto posible y se vayan a sus casas sin devolver lo robado.

A la ciudadanía ya no se le engaña, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando los abusos y atropellos de nuestros gobernantes?