Lozoya el indefendible, el presupuesto ignominioso del INE y el poder por el poder en Durango

Para muchos, el caso Odebrech, que vincula directamente a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, con actos de corrupción y soborno por haber recibido 10 millones de dólares de manos de directivos de dicha compañía, es solo uno de los muchos acuerdos que en la campaña electoral de 2012 realizaron personajes cercanos a Peña Nieto para asegurar su llegada a la silla presidencial.

Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX, sus corruptelas apuntan a lo más alto del Poder Ejecutivo de la nación.

Este asunto, al igual que el de La Casa Blanca, la mayoría de los ciudadanos mexicanos asegura que la PGR también lo llevará a la congeladora, como hace con la mayoría de los casos de corrupción en los que están involucrados altos funcionarios del gobierno federal para tratar de rescatar la casi inexistente credibilidad y empatía que todavía pudiera tener el presidente Peña Nieto a estas alturas del sexenio, porque se ve muy lejana la posibilidad de que Peña Nieto juzgue a uno de sus amigos y cómplices más cercanos. Esto, entre muchas razones, es lo que explica la ardua campaña mediática para intentar limpiar la imagen de este ex directivo de PEMEX corrupto, aun cuando su situación es más que indefendible.

Y como todo apunta hacia lo más alto del Poder Ejecutivo de la nación, la Coordinación General de Investigaciones y la Dirección General de Asuntos Especiales de la PGR darán los mismos resultados nulos que han dado siempre cuando se trata de definir el origen y la ruta final de los recursos millonarios ilegales que Enrique Peña Nieto utilizó en su campaña electoral (recuérdense los casos Monex-Soriana).

Así las cosas, esta opacidad total, como ya se sabe, es tolerada y protegida por las instituciones que deberían de guardar el orden nacional en los procesos electorales, que en cualquier Estado de derecho eficaz da vida a gobiernos transparentes constituidos por gobernantes honestos, cosa que jamás se ha vivido en nuestra nación con un Instituto Nacional Electoral siempre cuestionado por sus prácticas poco profesionales y tendenciosas.

Hoy, precisamente este instituto ha estado en el aparador político nacional por haber presupuestado para los partidos políticos la vergonzosa suma de 6 mil 778 millones de pesos para los comicios del próximo año 2018, en los que habrá de disputarse la presidencia de la República.

Para poder sustentar el año electoral, el INE anunció que requiere de 25 mil 45 millones de pesos, mismos en los que va incluida la cantidad destinada a los partidos y los gastos operativos que generará la vigilancia y organización logística de estas elecciones “históricas”; sin duda alguna, esta cantidad es abominable si tomamos en cuenta que las elecciones en nuestro país no se deciden por los votos que emiten los ciudadanos sino por las componendas sucias que hacen los representantes de la partidocracia con los gobiernos en turno para repartirse el poder.

Inmoral el presupuesto millonario para el INE considerando que las elecciones en México no las deciden los votos de los ciudadanos sino las componendas sucias entre los partidos políticos y los gobernantes.

Esta cantidad insultante de dinero seguramente será aprobada por los mismos partidos políticos representados en la Cámara de Diputados con el detestable antecedente de que en este año los presupuestos de educación, salud y asuntos indígenas se recortaron hasta en un 30%, dejando muy claro que lo que le interesa a la clase política mexicana es el poder por el poder, por las prerrogativas, concesiones y beneficios que ella misma se proporciona, sin importarle para nada las necesidades inmediatas de la ciudadanía.

Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado local y dirigente del PRI duranguense, no le costará ningún trabajo seguir siendo el principal dolor de cabeza del gobierno “del cambio”, que se ha revelado ya como ineficaz y corrupto.

Y un pequeño ejemplo de esta lucha del poder por el poder se dio en Durango recientemente con la disputa interna dentro del PRI en la que varios grupos se disputaron la dirigencia de este partido imponiéndose la corriente del senador y ex gobernador duranguense Ismael Hernández Deras sobre el grupo de la alcaldesa gomezpalatina Juana Leticia Herrera Ale, fuertemente señalada y evidenciada por haber operado en las pasadas elecciones de 2016 a favor de la coalición PAN-PRD, que llevó a la gubernatura de Durango al ex senador panista José Aispuro Torres. Así, el polémico diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda fue ungido como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI con la encomienda de desmantelar a las huestes de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale que le jugaron “chueco” a los priístas de hueso colorado en las pasadas elecciones, y con la misión de hacerle la vida imposible al gobierno “del cambio” encabezado por el panista José Aispuro Torres, tarea que no le va a costar mucho trabajo al dirigente estatal del PRI en Durango considerando que a un año de gobierno son más los resultados negativos que positivos los que la coalición PAN-PRD le está entregando a la ciudadanía, con un gabinete plagado de funcionarios corruptos e ineficaces y un nepotismo a ultranza practicado por el mismo gobernador y su esposa, que sin guardar las formas han colocado a buena parte de su parentela en puestos importantes dentro de algunas dependencias estatales, y en otras ejerciendo tareas fácticas, es decir, realizando acciones de mando sin ocupar ningún cargo dentro de los organigramas institucionales.

Muchas son las cuentas pendientes que el gobernador duranguense José Aispuro Torres tiene ya con la ciudadanía, una ciudadanía que lo eligió para sacudirse a los gobiernos priístas corruptos pensando que con este político demagogo las cosas cambiarían radicalmente, pero hoy Aispuro Torres trae arrastrando tras de sí una larga cauda de promesas incumplidas, despidos injustificados de más de dos millares de trabajadores, principalmente de los sectores educativo y de salud, que le costarán a los contribuyentes fuertes sumas de dinero en juicios que estos han promovido ante los tribunales laborales mientras este gobernador le respetó sus plazas a infinidad de directivos corruptos que sirvieron fielmente a los dos anteriores gobiernos priístas, dejando entrever los acuerdos sucios que hizo para obtener la gubernatura.

Por todo lo anterior, urge pues una participación mucho más intensa de la ciudadanía, tanto para exhibir públicamente este tipo de comportamientos deshonestos de nuestros gobernantes como para intentar limitar el desmedido poder que estos tienen, solicitándoles cuentas inmediatas y conminándolos a trabajar con eficacia a favor del pueblo o, de lo contrario, exigirles que se vayan de inmediato a sus casas.