Archivada En La Fiscalía General De Durango Averiguación Previa En Contra De Ismael Hernández Deras

    De la redacción de raza cero.

     

    En septiembre de 2010 un ciudadano duranguense solicitó ante la PGR una averiguación previa en contra del ex gobernador y actual senador Ismael Hernández Deras por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. El expediente de dicha averiguación fue remitido por esta dependencia a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, en ese tiempo bajo el mando del extinto Lic. Ramiro Ortiz Aguirre, por “incompetencia en razón de fuero”.

    Sin embargo, el quejoso nunca fue notificado oficialmente de ello. “Me citaron a un par de diligencias en la PGR en las que proporcioné datos de algunas propiedades del ex gobernador Ismael Hernández Deras y ya jamás me volvieron a citar ni a proporcionar informes sobre el estado de la averiguación. Pasaron los años y me olvidé del asunto, convencido de que en nuestro país siempre sucede lo mismo en estos casos, que por alguna u otra razón este tipo de autoridades terminan protegiendo los actos de corrupción de nuestros gobernantes.

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    “Fue hasta que supe de la gran fiesta que el ahora senador Ismael Hernández Deras ofreció a cuatro mil invitados y se gastó 10 millones de pesos que recordé el asunto y fui a la PGR a preguntar qué había pasado con la averiguación previa que solicité”.

    Y la contestación por oficio que este ciudadano recibió fue que habían remitido su denuncia a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, en donde, hasta la fecha, permanece archivada.

    “No estoy de acuerdo con la remisión que hace la PGR al manifestar en el oficio que la averiguación previa está instruida en contra de ‘Quien resulte responsable’, toda vez que en mis declaraciones siempre mencioné el nombre del actual senador Ismael Hernández Deras, y no solamente por la comisión del delito de peculado sino también por el delito de enriquecimiento ilícito. Pero en fin, así hacen las cosas en estas dependencias ‘impartidoras de justicia’ y uno como ciudadano no tiene tiempo ni recursos económicos para darle seguimiento a estos asuntos en los que lo menos que esperamos es el apoyo de los ministerios públicos que están precisamente para eso, para servir a la ciudadanía, pero no lo hacen”.

     

     

     

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