Durango, la impunidad olvidada
De la redacción de razacero.
Desde el inicio del actual trienio municipal de Durango, de corte panista-perredista, la Contralora municipal, C.P. Rocío Marrufo Ortiz, anunció en los medios de comunicación locales que habría sanciones contra los servidores públicos de pasadas administraciones que resultaran responsables del descalabro financiero de más de 400 millones de pesos a los que ascendía en ese momento la deuda pública municipal. También manifestó la funcionaria: “No se puede hablar de nombres hasta que finalicen las auditorías, pero ya se tienen detectados algunos involucrados”.
Sin embargo, para el pueblo duranguense no hacía falta esperar los resultados de esas auditorías para saber los nombres de esos ex funcionarios que por lo menos durante las dos últimas administraciones priístas habrían lesionado gravemente el erario de este municipio.
Hoy, a dos años de iniciado este trienio, la Contralora municipal, C.P. Rocío Marrufo Ortiz, sigue ocultando de manera insultante los datos que arrojaron esas famosas auditorías, haciendo evidente su corrupción y abierto encubrimiento a algunos personajes bien identificados por la ciudadanía duranguense, como por ejemplo el ex alcalde de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien lejos de ser denunciado penalmente y sancionado administrativamente por esta contralora por las acciones y omisiones que perpetró en el desempeño de sus funciones públicas, luego del reciente proceso electoral fue ungido como diputado local plurinominal priísta.
Otros funcionarios de menor nivel que cometieron saqueos y abusos han sido “perdonados” por esta Contralora, a pesar de las pruebas y evidencias públicas existentes, como el protagonista del conocido caso de La Casa Blanca de Durango, Luis Alberto Escajeda Arce, ex subdirector y administrador de la Dirección de Servicios Públicos Municipales durante el trienio de Esteban Villegas Villarreal. Como se sabe, este ex funcionario construyó su casa en el fraccionamiento residencial Colinas del Saltito, de diciembre de 2013 a julio de 2014, con recursos materiales y humanos pertenecientes a esa dirección municipal. Luis Alberto Escajeda Arce fue denunciado tanto por los vecinos de este fraccionamiento como por su misma esposa, la señora Jazmín Cupich Name. Sin embargo, la contralora Rocío Marrufo Ortiz lleva dos años “ignorando” estos hechos, así como los latrocinios cometidos en las direcciones de Finanzas y Comunicación Social del trienio pasado.
En contraste con lo sucedido en el gobierno estatal, en el que el papel oprobioso de la ex Contralora María del Rosario Castro Lozano de encubrir a la mayoría de los saqueadores del sexenio pasado fue duramente exhibido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación locales, lo acontecido en el gobierno municipal de Durango, a pesar de que los hechos son igual de graves, no ha tenido tanto eco. Es la impunidad olvidada, que aparentemente no es registrada por la ciudadanía, pero irremediablemente se ha reflejado en el reciente proceso electoral, en el que la coalición PAN-PRD-MC, a diferencia de las elecciones de 2016, perdió una cantidad escandalosa de votos precisamente en este municipio.
Así, con la lección del pasado 1 de julio, los políticos saben muy bien que ya no es fácil hacer promesas en campaña, llegar al poder y desentenderse de estas. Hay un costo para ellos y, por supuesto, debe de haber sanciones para esos colaboradores incompetentes, corruptos u omisos, que como la Contralora municipal de Durango, C.P. Rocío Marrufo Ortiz, por razones más que obvias no cumplen con el trabajo por el cual les pagamos los contribuyentes.