Ni “perdones”, ni “olvidos”, ni “borrón y cuenta nueva”; que se aplique la ley

Desde el triunfo del santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del pasado 1 de julio, el intenso activismo político que ha llevado a cabo en los días posteriores ha provocado muchas polémicas, desde sus anuncios rimbombantes dando a conocer a la ciudadanía los nombres de algunos personajes nefastos que formarán parte de su gabinete, hasta las medidas de austeridad que supuestamente tomará su gobierno.

Pero sin duda lo que más ha estado impactando en la opinión pública nacional ha sido la postura del tabasqueño de otorgar el “perdón” a quienes de alguna u otra manera han ofendido al pueblo de México, ya sea saqueando las instituciones del Estado o cometiendo crímenes de lesa humanidad.

En este contexto, esta posición la han reafirmado algunos de los principales portavoces del presidente electo, como por ejemplo José Agustín Ortiz Pinchetti, representante del partido Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien recientemente en entrevista con la prestigiada periodista Carmen Aristegui declaró que al llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador no va a castigar a funcionarios corruptos de esta época, “va a olvidar y perdonar”, “va a intentar aplicar borrón y cuenta nueva”.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con uno de sus principales consejeros, José Agustín Ortiz Pinchetti. Ambos han manifestado reiteradamente el “perdón” y “olvido” a los saqueos y actos criminales cometidos por la mafia del poder, que por ley deben ser castigados, a riesgo de violentar el Estado de derecho que todavía existe en nuestro país.

También, en esa entrevista Ortiz Pinchetti señaló que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha cometido “un error” al perseguir al ex mandatario estatal César Duarte porque esto “le quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno”.

Desde el punto de vista de este personero de López Obrador, “si se emprende una persecución generalizada de los distintos actores se desataría una querella”.

Estas declaraciones desafortunadas de este personaje cercano al jerarca tabasqueño nos dejan entrever la dimensión de los pactos oscuros que tras bambalinas pudo haber hecho el santón “izquierdista” López Obrador con esa mafia del poder que tanto dice repudiar, pactos que, irremediablemente, violarán aún más el Estado de Derecho tan deteriorado que los regímenes neoliberalistas nos han dejado.

Así, si en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón la ciudadanía llegó a pensar que se aplicaría la ley a no pocos ex gobernadores y líderes sindicales ladrones y no sucedió absolutamente nada, ahora con el arribo de López Obrador a la presidencia los contribuyentes pueden esperar la misma impunidad, con la variante de que ahora se trata de un gobierno de “izquierda”, una “izquierda” tan hermanada con la mafia del poder que ahora hasta integrantes de ésta militan en ella.

Dentro de este esquema no se puede soslayar para nada que la reciente excarcelación de la conocida dirigente magisterial Elba Esther Gordillo fue una de las tantas consecuencias del “efecto AMLO”, considerando que una parte muy importante de las huestes gordillistas colaboró en la campaña presidencial del santón tabasqueño.

Muy mal está preparando su entrada al Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador con este tipo de mensajes que auguran impunidad total para delincuentes de alta escuela, y todavía peor comenzará su sexenio si las instancias correspondientes de su gobierno no emprenden acciones inmediatas para aplicar la ley en asuntos tan marcados inclusive a nivel internacional como La Casa Blanca de Peña Nieto, Odebrecht, La Estafa Maestra, el genocidio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la impunidad del líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps y la extradición del ex gobernador chihuahuense César Duarte, por mencionar solamente algunos de los casos que más han indignado al pueblo de México.

No son pocos los analistas políticos que coinciden en que el primer año de gobierno de López Obrador marcará la pauta de lo que será su sexenio, es decir, si gobernará para satisfacer los intereses de las mayorías o, a pesar de las medidas de austeridad y combate a la corrupción ya anunciadas, será una réplica burda de los gobiernos priístas y panistas que hemos padecido.

Como quiera que sea, estos meses que anteceden el ungimiento de López Obrador como presidente de México nos están dando una idea casi precisa de cómo será su gobierno, un gobierno acotado en algunos rubros precisamente por la cantidad de compromisos que el jerarca tabasqueño hizo con algunos sectores de la mafia del poder en planos políticos, empresariales y sindicales.

Por lo pronto, la ciudadanía espera a nivel nacional que quienes llegan al poder gracias a López Obrador y su partido Morena, ya sea como gobernadores o como legisladores, cumplan con sus expectativas y no la defrauden, pues en los ámbitos locales también hay mucha podredumbre política, impunidad y comportamientos abiertamente delincuenciales que deben ser sancionados, como el que se observa en el municipio de Durango, en donde su gobierno de corte panista-perredista, a dos años de haber tomado posesión, sigue sin informar a sus representados las auditorías realizadas a los saqueadores priístas que “administraron” esta alcaldía durante el trienio pasado, exhibiendo a la vista de todos su insultante complicidad.

C.P. Rocío Marrufo Ortiz, Contralora del municipio de Durango, continúa ocultándole a la ciudadanía las auditorías realizadas a saqueadores priístas del trienio pasado.

Será el pueblo de México al fin de cuentas el que le exija a López Obrador y a los gobernantes y legisladores electos que cumplan con su deber en estricto apego a las leyes y dejen a un lado los “perdones”, “olvidos” y “borrones y cuentas nuevas” que no harán más que convertirlos en vulgares encubridores de deleznables delitos.