Las instituciones públicas para exonerar a hampones y atacar a activistas y periodistas

En lo que parece ser una larga y tediosa transición del corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto a la administración “izquierdista” del santón tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, son muchos los mensajes de baja estofa que uno y otro equipos le están enviando a la ciudadanía.

La excarcelación de la poderosa lideresa magisterial Elba Esther Gordillo por parte del régimen priísta sigue causando la impresión de que fue una abierta concesión al próximo gobierno lopezobradorista, toda vez que las huestes gordillistas participaron muy activamente en la pasada contienda electoral apoyando al partido Morena, propiedad del jerarca López Obrador.

Hoy, el protagonismo que Elba Esther Gordillo desplegó en los medios de comunicación días después de su liberación dando una conferencia de prensa en la que declaró que el gobierno de Peña Nieto había cometido una injusticia al apresarla y que su fortuna la había heredado de su madre, una profesora rural que, según ella, le dejó 373 millones de pesos al morir, sin duda alguna indignó al 99.9% de la ciudadanía mexicana, y como reacción inmediata el eterno grupo opositor a esta lideresa gangsteril, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que una vez que tome posesión de su cargo ordene investigar a Elba Esther Gordillo por el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que la versión que ésta ha dado sobre el origen de su abundancia financiera es prácticamente imposible de creer. Así, ya veremos si efectivamente López Obrador tiene algún tipo de compromiso con Elba Esther Gordillo o no.

Elba Esther Gordillo queriéndole tomar el pelo al pueblo de México con el cuento cachirulesco de que su mamá le heredó una fortuna de 373 millones de pesos.

Sobre la marcha, la Lic. Luz María Ortega, jueza federal octava de distrito en Amparo Penal, prohibió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitar la aprehensión y presentar ante tribunales el expediente del corrupto ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, por estar involucrado en el presunto financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral que llevó a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. Lozoya Austin habría recibido de ejecutivos de esta empresa la cantidad de 4 millones de dólares a cambio de jugosos contratos de la paraestatal; ahora, a pesar de que hay elementos suficientes para encarcelarlo, la justicia federal le da un respiro de impunidad inaceptable.

Emilio Lozoya Austin, amparado por la justicia federal para que la FEPADE no solicite orden de aprehensión en su contra por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, el 27 de agosto pasado, luego de 12 años de exilio en Canadá, a donde huyó para evadir la acción de la justicia, el ex líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, Napoleón Gómez Urrutia, alias “Napíto”, se presentó en el Senado de la República para registrarse como senador por el partido Morena en la LXIV Legislatura de esta cámara, buscando de inmediato presidir la comisión de Economía, pero ese mismo día Carlos Pavón Campos, actual dirigente del sindicato que abandonó “Napito”, le exigió en los medios de comunicación nacionales que devuelva los 55 millones de dólares que se llevó consigo a Canadá y que pertenecen a un fideicomiso de trabajadores mineros, cosa que parece prácticamente imposible pues ahora “Napito” ya goza de fuero constitucional y, sobre todo, de la protección del santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. ¿Quién se atreverá a tocarle un pelo a “Napito”?

El ex líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, Napoleón Gómez Urrutia, “Napito”, hace 12 años huyó del país con 55 millones de dólares pertenecientes a un fideicomiso de trabajadores mineros.

Así las cosas, el desfile de maleantes intocables pertenecientes al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y a la administración entrante de López Obrador parece interminable, dejándonos el mal sabor de boca de saber que auténticos rufianes nos gobernaron y, ahora, a partir del 1 de diciembre, otra banda de depredadores nos gobernará.

Ante este espectáculo de exoneraciones infames, estamos siendo testigos de que quienes nos gobiernan son los principales transgresores del Estado de derecho que debería imperar en nuestro país, pues, a su conveniencia personal y de grupos, retuercen las leyes o las ignoran según los pactos que hayan hecho sus respectivos gremios políticos delincuenciales.

Lo peor de todo lo anterior es que estas mismas pandillas de bandoleros de alta escuela que se apoderan de las instituciones públicas para protegerse, también las utilizan para perjudicar a activistas sociales y a periodistas que se atreven a exhibir sus fechorías, como sucede en Durango, en donde la alcaldesa priísta de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, abusando de manera desmedida de su poder emprendió una feroz persecución en contra del periodista lagunense Juan Monrreal López, en represalia porque éste ha denunciado en su medio informativo digital Demócrata Norte de México muchas de las corruptelas que ha cometido, aportando pruebas más que contundentes. Hoy, el Poder Judicial del estado de Durango, con la complacencia del gobierno estatal encabezado por el panista José Aispuro Torres, en un acto ignominioso sin precedente pretende sentenciar ilegalmente al comunicador Juan Monrreal por “daño moral”, en “agravio” de la alcaldesa caciquil Juana Leticia Herrera Ale. Esto, a pesar de que desde hace más de un año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una solicitud al gobierno estatal de Durango para que protegiera la vida y salvaguardara el patrimonio del periodista Juan Monrreal, petición que olímpicamente ha ignorado el ineficaz Secretario General de Gobierno, Arq. Adrián Alanís Quiñones, funcionario más ocupado en atender sus negocios personales y familiares al amparo del poder que en servir a la ciudadanía duranguense.

Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, al no intervenir para evitar el abuso de poder que están ejerciendo la alcaldesa de Gómez Palacio y el Poder Judicial local está desatendiendo la petición de la CNDH de proteger la vida y salvaguardar el patrimonio del periodista Juan Monrreal.

El utilizar las instituciones del Estado para evadir la acción de la justicia y para emprender venganzas personales en contra de activistas sociales y de periodistas se ha vuelto una constante durante los últimos sexenios panistas y priístas, y, por lo que se ve, la tendencia continuará bajo el mandato del santón Andrés Manuel López Obrador, quien desde su campaña y hasta este momento ha venido machacando constantemente su discurso del “perdón y borrón y cuenta nueva”, un discurso que no hace más que evidenciar el cúmulo de compromisos opacos que tuvo que hacer con sus aliados impresentables y con la mafia del poder para llegar a la presidencia de la República.

Por eso, a partir del próximo 1 de diciembre la ciudadanía mexicana deberá ser mucho más crítica, participativa y exigente, pues de lo contrario quizá sea la última oportunidad que tenga en muchos años para recuperar parte de los derechos y patrimonios de los que ha sido arteramente despojada por los regímenes sátrapas encabezados por desequilibrados mentales, alcohólicos y sociópatas depredadores.


 

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