Uniformes escolares: Fallaron los poblanos
Fernando Miranda Servín.
El malestar de la ciudadanía es generalizado, y este se ha magnificado aún más en las redes sociales y en algunos medios de comunicación masiva, pues a más de un mes de iniciado el ciclo escolar en las primarias y secundarias del estado de Durango, los uniformes escolares no han sido entregados por el gobierno estatal, específicamente por las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Económico.
En el sexenio pasado nunca sucedió un retraso como este, aunque se sabe que el gobierno priísta en turno adjudicaba directamente el contrato de la manufactura de los uniformes a la Asociación de Industriales Transformadores Textiles de Durango, entre cuyos integrantes destacaba el nombre de Cecilia Hernández Deras, hermana del ex gobernador Ismael Hernández Deras. Este contrato, en los hechos, benefició durante todo el sexenio pasado a por lo menos 1,500 familias que laboraban en los talleres textiles que componían esta asociación. Y la única inconformidad que tenían los padres de familia era la mala distribución de tallas en las escuelas, pues era común ver a alumnos robustos con uniformes entallados y viceversa, a pequeños estudiantes con chamarras y pantalones más que holgados.
Así las cosas, al llegar el gobierno del cambio, de extracción panista-perredista, ante los reclamos sociales de transparencia y para evitar suspicacias, hizo las cosas como se debían hacer y emitió la licitación pública correspondiente a nivel nacional, compitiendo en la recta final de dicha licitación la empresa gomezpalatina Jumaco S.A. de C.V., y la empresa poblana Llaca Textil, que al fin de cuentas terminó ganando el contrato que asciende a más de 105 millones de pesos para manufacturar 375 mil uniformes, con la variante de que esta empresa manufacturaría directamente el 30% de esta cantidad de uniformes y el 70% restante entregaría la materia prima (cortes y avíos) para que maquiladores duranguenses de talleres sociales manufacturaran las prendas, previa capacitación proporcionada por esta misma empresa.
“La empresa Llaca Textil comenzó a incumplir, tanto en la entrega de ese 30% de uniformes como en la entrega de los cortes y avíos para que los talleres sociales duranguenses confeccionaran el 70% restante; esta empresa tampoco cumplió con la capacitación del personal de los talleres sociales”, declara en entrevista exclusiva para razacero Luis Ignacio Orrante Ramírez, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas del estado de Durango, funcionario que se encargó, a petición de la SEDESOE, de realizar la licitación.
“Esta licitación fue una de las más cuidadas que hemos realizado, se vigiló de manera rigurosa que la empresa ganadora cumpliera con todos los requisitos establecidos, como por ejemplo que tuviera más de 300 empleados calificados, activos de maquinaria y sus declaraciones fiscales en regla. Se hicieron pruebas técnicas de la calidad de la tela y las materias primas que serían utilizadas para manufacturar los uniformes, pero cuando esta empresa tuvo que entregar el 30% de los 375 mil uniformes no lo hizo, y tampoco entregó los cortes y avíos a los talleres sociales de nuestro estado para que comenzaran a manufacturar los uniformes, no lo hicieron en tiempo y forma, comenzó a haber problemas pues no mandaron las cantidades de cortes que los talleres sociales duranguenses tenían capacidad de producir, tampoco les pagaron ni les dieron capacitación. La empresa poblana Llaca Textil no cumplió con lo establecido en el contrato. Me duele mucho lo que está ocurriendo porque para nosotros como gobierno los duranguenses están primero”, manifiesta Luis Ignacio Orrante con sinceridad convincente.
Y de acuerdo a lo expresado por este funcionario estatal, este próximo lunes 24 de septiembre es la fecha fatídica para que esta empresa poblana cumpla con lo establecido en el contrato, es decir, que entregue los 375 mil uniformes escolares al gobierno de Durango. De no ser así, quizá el gobernador José Aispuro Torres, el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Luis Ignacio Orrante, y el titular de la SEDESOE, Jaime Rivas Loaiza, deban dejar la rigurosidad legal a un lado y ejercer esas facultades que les otorga la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, para realizar una adjudicación directa y proporcionar ese contrato que menospreciaron los poblanos a la gente trabajadora de Durango. Sin lugar a dudas, el pueblo duranguense se los aplaudiría.