La ignominia política y la bajeza humana

El 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron perseguidos y privados de su libertad en el municipio de Iguala, Guerrero, luego de un operativo conjunto ejecutado por fuerzas militares y policíacas de los tres niveles de gobierno. La versión más consistente que se tiene hasta la fecha es que los normalistas habrían secuestrado sin conocimiento de causa un autobús que contenía un fuerte cargamento de droga, en el que se transportarían a la ciudad de México para participar en la conmemoración de la masacre del 2 de Octubre de 1968. Hasta la fecha se desconoce el paradero de estos jóvenes, a los que por desgracia se ha dado por muertos.

Durante estos últimos cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de esclarecer este genocidio, se dedicó a fabricar culpables, torturar a detenidos, alterar las escenas de los hechos y a entorpecer las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en las indagatorias. 

El pasado 26 de septiembre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, reunión en la que se confirmó la creación de una Comisión de la Verdad y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, para una vez iniciado el gobierno lopezobradorista retomar la investigación de este genocidio.

Andrés Manuel López Obrador con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La solución inmediata de este genocidio sería el cimiento de las políticas públicas de su gobierno en materias como impartición de justicia, defensa de derechos humanos y seguridad.

Sin duda alguna, la solución inmediata de este crimen de lesa humanidad representaría la cimentación sólida de una política pública de justicia y de derechos humanos en el gobierno lopezobradorista que marcaría un parteaguas en la historia contemporánea de nuestro país, una historia violenta de ignominia e impunidad que durante los últimos cuatro sexenios fue escalando hasta alcanzar niveles sanguinarios impensables.

Hoy, esta esperanza que López Obrador les da a los padres de los 43 de Ayotzinapa para conocer lo que realmente sucedió con sus hijos y castigar a los auténticos responsables de este crimen nos da el mensaje de que hay fuertes posibilidades de que las cosas cambien radicalmente en materia de impartición de justicia, defensa de derechos humanos y seguridad.

Javier Duarte, el sátrapa ex gobernador de Veracruz, podría salir libre en tres años conservando buena parte de su fortuna ilegal y evadiendo su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

A la par que esto sucede, dos ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, han sido denunciados ante la Corte Internacional de La Haya por la asociación civil Justicia Tamaulipas, por crímenes de lesa humanidad en la modalidad de desaparición forzada de personas, y el Senado de la República aprobó solicitar también a este tribunal internacional investigar al ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa por crímenes de lesa humanidad en materia de salud durante su administración, en la que se aplicaron 70 mil pruebas falsas de sida y “quimioterapias” de agua.

Estos son los grados de bajeza humana a los que ha llegado la clase política mexicana que, importándole muy poco el bienestar de la ciudadanía, saquea el erario para enriquecerse.

Desafortunadamente, el pueblo de Durango no ha podido salvarse de estas prácticas deleznables en su sistema de salud, hoy mucho más carcomido por la corrupción bajo el gobierno “del cambio”, de corte panista-perredista, en el que lo mismo se “inflan” facturas de proveedores privilegiados que se deja sin equipo médico básico a todos los hospitales de la entidad. De esta manera, sabemos que parientes de altos funcionarios del gobierno estatal están haciendo enormes fortunas mientras pacientes de escasos recursos y hasta niños fallecen en Durango por falta de medicinas y por contraer infecciones debido a la falta de higiene en los hospitales, pues ni siquiera hay jabón para realizar la limpieza en este tipo de instalaciones. Y los responsables de estas atrocidades tienen nombres y apellidos.

Son muchos los actos de corrupción que se cometen en esta entidad, en la que sus gobernantes han llegado al extremo de utilizar al Poder Judicial para acallar las voces de periodistas críticos que dan cuenta de los saqueos perpetrados por esta élite depredadora, como sucede en el municipio de Gómez Palacio, en donde la alcaldesa represora Juana Leticia Herrera Ale ha demandado al periodista gomezpalatino Juan Monrreal López y a este medio informativo por supuesto “daño moral” ocasionado por las denuncias que el comunicador y este periódico han publicado respecto a las contrataciones que esta alcaldesa y su cabildo han hecho de empresas formadas al vapor y las faltas a sesiones de cabildo que Juana Leticia Herrera tiene, ausencias que ameritan su destitución.

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Juana Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, también demandó ilegalmente al periódico razacero y a su director, Fernando Miranda Servín, por “daño moral” al publicar los artículos y denuncias del periodista lagunense Juan Monrreal.

En este caso, ha sido notoria la actitud omisa del gobierno estatal que ha desatendido irresponsablemente la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger la vida y patrimonio del periodista lagunense Juan Monrreal López, así como el papel lastimoso del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic. Esteban Calderón Rosas, quien a sabiendas de que uno de sus jueces ha violado la ley para reprimir a un periodista y a un medio informativo con el objetivo claro de proteger los intereses de la alcaldesa Herrera Ale, no hace absolutamente nada al respecto para evitar este atropello. Por esta razón, y para vergüenza del Poder Judicial duranguense, un juez federal ha concedido un amparo al periodista Juan Monrreal y suspensión de plano contra la demanda por “daño moral” interpuesta por la alcaldesa caciquil Juana Leticia Herrera y el juez corrupto Gerardo Ramírez Juárez con el objetivo de perjudicar de manera sucia la integridad patrimonial del comunicador lagunense.

Así las cosas, ante un Poder Ejecutivo a estas alturas penosamente disminuido y un Poder Judicial putrefacto, es deseable que el Poder Legislativo de Durango, conformado por una mayoría de diputados morenistas, sea un verdadero contrapeso que ayude a mantener el Estado de Derecho que la ciudadanía se merece. Es lo menos que pueden hacer por el electorado que el pasado mes de julio les dio la confianza y las facultades que hoy detentan.


 

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