Municipio de Durango, un gobierno para servirse a sí mismo

    Fernando Miranda Servín.

    A más de dos años de haber llegado al poder, el gobierno municipal de Durango parece un ente sin forma al que no se le ve un objetivo claro, más que el de servirse a sí mismo.

    Con una nómina atestada de familiares de directivos que en su mayoría no resultaron ser tan buenos empleados, esta administración se enfila ya hacia su último año con resultados más que insatisfactorios por su total ausencia de política social.

    Y lo peor es que las declaraciones de sus directivos en los medios de comunicación rayan en el cinismo, como las que con frecuencia hace el director del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), Juan César Quiñones Sadek, señalando que hay un déficit de más de 50 mil viviendas en la capital del estado, pero resulta que este instituto sigue sin entregar un solo pie de casa a la ciudadanía.

    Las organizaciones sociales siguen esperando apoyo por parte de ese director de Desarrollo Social que se la ha pasado más viajando al extranjero que atendiendo a la ciudadanía.

    Y los favores especiales para funcionarios municipales están a la orden del día, como el caso de la Secretaria Técnica de la Dirección Municipal de Fomento Económico (DMFE), Alejandra Anderson, a quien a mediados de mayo pasado le fue otorgada una licencia para instalar una destilería de mezcal en pleno centro de la ciudad, mientras a los ciudadanos que solicitan apoyo en esta dirección de Fomento Económico, solo les ofrecen algunos dulces para que pongan su puestecito, muy al estilo de la nefasta presentadora de televisión peruana Laura Bozzo.

    Alejandra Anderson, secretaria técnica de la Dirección Municipal de Fomento Económico, le fue otorgada una licencia para instalar una destilería de mezcal en el centro de la ciudad de Durango, mientras a los ciudadanos que solicitan apoyo en esta dirección municipal solo les ofrecen algunos dulces para que pongan su puestecito.

    Los cargos inventados, sacados de la manga, han sido una de las novedades de este gobierno, como aquél de “jefe de la oficina del alcalde”, hecho para Alejandro Castro Ramírez, que de poco sirvió pues el mismo alcalde, José Ramón Enríquez Herrera, tuvo que destituirlo luego de aquél sonado borrachazo en el que estuvo involucrado este ex funcionario junto con el ex director de Finanzas, Francisco Bueno Ayup.

    Hoy, el alcalde ha inventado otro puesto, esta vez para el ex secretario de Turismo del gobierno estatal, Víctor Hugo Castañeda Soto, quien recientemente fue nombrado “coordinador de relaciones exteriores” del municipio, cuando todavía los hoteleros y restauranteros de Durango siguen despotricando en contra de Castañeda Soto por el pésimo papel que hizo al frente de la secretaría de Turismo estatal. Si este cargo hubiera sido otorgado a un diplomático de carrera, el nombramiento hubiera tenido sentido, pero no fue así, dejando entrever que solo se trata de una medida exclusiva para satisfacer necesidades políticas muy particulares, y de ninguna manera sociales.

    Víctor Hugo Castañeda Soto, ex secretario de Turismo estatal que obtuvo pésimos resultados, ahora ya es “coordinador de relaciones exteriores” en el gobierno municipal de Durango.

    Pero sin duda alguna, la peor burla y engaño que pudo haberle hecho este gobierno al pueblo duranguense es la de haberle brindado impunidad total a los saqueadores priístas que gobernaron este municipio el trienio pasado, a grado tal que hoy el principal de ellos, el ex alcalde Esteban Villegas Villarreal, ya ocupa una curul en el Congreso local, y se sabe que esta misma impunidad le fue otorgada a varios ex directivos municipales, a quienes se les encontraron millonarios desvíos en las famosas auditorías que la directora de la Contraloría municipal, C.P. Rocío Marrufo Ortiz, se ha negado dar a conocer a la ciudadanía duranguense.

    Esteban Villegas Villarreal, ex alcalde de Durango y actual diputado plurinominal priísta en el Congreso local, el gobierno municipal encabezado por el Dr. José Ramón Enríquez Herrera lo exoneró de manera burda a él y a sus ex colaboradores por los saqueos millonarios que perpetraron el trienio pasado.

    ¿Quién les dio facultades a los funcionarios de este gobierno municipal para negociar el erario y patrimonio robado al pueblo de Durango, obteniendo seguramente considerables beneficios por ello?

    Ahora, el alcalde José Ramón Enríquez Herrera, en su carrera ya muy particular por alcanzar la gubernatura del estado, ha emprendido su proyecto llamado “Ciudad Gobierno”, que consiste en la construcción de un enorme edificio de 25 pisos en el kilómetro 4 de la carretera a Parral que albergará a todas las oficinas municipales y a un complejo comercial, edificio que tendrá un plan muy confuso de financiamiento a través de una modalidad llamada “Asociación Público-Privada”, en la que una empresa constructora edificaría este inmueble en un año cobrando la friolera de mil 100 millones de pesos, cantidad de dinero que el municipio de Durango le pagará en un plazo de 30 años (36 millones anuales, sin tomar en cuenta la tasa inflacionaria que se presente durante esas tres décadas); esto, supuestamente para que la ciudadanía ahorre lo que actualmente se paga por arrendar inmuebles que sirven de oficinas municipales. El problema es que el alcalde comenzó esta obra sin la autorización del Cabildo municipal ni la autorización del Congreso.

    El alcalde de Durango, Dr. José Ramón Enríquez Herrera, ausentes las políticas económica y social en su administración, y su proyecto Ciudad Gobierno con más tintes personales que de auténtico beneficio a la ciudadanía.

    Y mientras esto sucede, los contribuyentes duranguenses están pagando 40 millones de pesos por el alquiler de 60 patrullas (arrendadas desde el mes de enero de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019) y casi 7 millones de pesos mensuales por el alquiler de lámparas led, arrendamientos que se han llevado a cabo precisamente dentro de esta administración municipal “austera”.

    Estando así las cosas con este gobierno del municipio de Durango, que llegó para servirse a sí mismo y no tanto para servir a la ciudadanía, lo más probable es que los habitantes de esas colonias urbanas y comunidades rurales modestas que desde hace más de treinta años esperan que sus localidades sean pavimentadas y haya un poco de desarrollo social, sigan esperando otros 30 años más con la esperanza de que en ese tiempo llegue a gobernar un alcalde que tenga una visión política más inmediata, social y plural, y no la inquietud de hacer obras deslumbrantes para abrirse paso a la gubernatura dejando endeudadas a las futuras generaciones.


     

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