La justicia social o el fracaso del lopezobradorismo

Con el apagamiento total de Enrique Peña Nieto como presidente de México, se acerca la llegada formal al poder del santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador, quien de hecho desde el primer día de su triunfo electoral ha venido asumiendo funciones de auténtico presidente, y no todas tan afortunadas.

Así, su remedo de “consulta” para que la ciudadanía decidiera en dónde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de México resultó ser un ejercicio “democrático” grotesco, que por improvisado y desorganizado estuvo muy alejado de la seriedad que deben tener estas prácticas que, indudablemente, tienen que ser ejecutadas por instituciones autónomas dirigidas por personas prestigiadas, que le den carácter legal a estos procesos para que sus resultados, sin discusión, sean vinculatorios a las decisiones que tome el próximo gobierno.

La intención democrática no dejó de ser positiva, pero desgraciadamente careció de sobriedad y un marco jurídico que le diera validez.

Mientras este teatro se llevaba a cabo, la secretaría de Hacienda incrementó la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se carga al precio por litro de las gasolinas y el diésel, después de que la semana pasada también lo hiciera.

Para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre la cuota por litro de gasolina Magna fue de 3.52 pesos, es decir, 0.26 pesos más, lo que representó un incremento de 7.9% respecto a la semana que terminó el viernes 16 de octubre, de acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el litro de gasolina Premium la cuota fue de 3.88 pesos, 0.33 pesos más, es decir 9.2% superior. Y a este respecto, a las huestes morenistas de López Obrador, a dos meses de haber asumido sus cargos como diputados y senadores de mayoría en ambas cámaras, no se les ve intenciones de eliminar este impuesto que no solo depreda directamente los bolsillos de la ciudadanía a nivel nacional sino también impacta en los precios de todos los productos básicos para la subsistencia.

En nuestro país urge erradicar los privilegios para unos cuantos, pues ya es inaceptable que mientras 53 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza extrema, 16 empresarios posean más de 141 mil millones de dólares.

Ahora, con lo poco que están mostrando los senadores y diputados morenistas, que aunque han propuesto y aplicado algunas medidas de austeridad como reducciones de sus sueldos y privilegios que tenían sus antecesores de otros partidos, vemos que no es lo mismo ser opositor que ser gobierno, pues estos mismos representantes morenistas que apenas hace medio año se desgañitaban en las calles exigiéndole al gobierno del sátrapa Enrique Peña Nieto que diera fin a los “gasolinazos”, ahora que tienen las herramientas legales para hacerlo les tiemblan las rodillas, pues saben que el siguiente año 2019 por lo menos 250 mil millones de pesos dejarían de entrar a las arcas públicas por este concepto, arcas públicas que hoy están bajo su resguardo.

En este panorama, se podría pronosticar que buena parte de las reformas estructurales impuestas al pueblo de México por los gobiernos panista de Felipe Calderón y priísta de Peña Nieto, como la energética, la laboral, la fiscal y buena parte de la reforma educativa quedarán intocadas por esta nueva élite de “izquierdistas” que arribará al poder de manera oficial el próximo 1 de diciembre.

En medio de todo esto, la última semana de octubre la banca suiza UBS reveló el informe llamado “Billonaires report 2018”, dando a conocer que un grupo de 16 mexicanos durante el año 2017 se hizo 21% más rico, pasando la fortuna de este séquito privilegiado de 116 mil millones de dólares a 141 mil millones de dólares. Aunque el banco suizo no enlista los nombres de estos magnates, la revista Forbes publica cada año a los mexicanos que poseen fortunas personales superiores a los mil millones de dólares, destacando Carlos Slim (América Móvil y Grupo Carso), con 67 mil 100 millones de dólares; Germán Larrea (Grupo México), con 17 mil 300 millones; Alberto Bailléres (Grupo Bal y El Palacio de Hierro), con 10 mil 700 millones; Eva Gonda de Rivera (Grupo Femsa), con 7 mil 100 millones, y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas y TV Azteca), con 7 mil 100 millones de dólares. Éste último, Ricardo Salinas Pliego, a través de su Banco Azteca, será uno de los encargados de entregar los apoyos de los programas sociales que López Obrador implementará en su sexenio.

Simultáneamente a lo anterior, Oxfam México dio a conocer su estudio “Minería y Privilegios”, en el que destaca que la serie de privilegios para la industria minera –que da la Ley Minera por encima de los derechos de los comuneros y el ambiente– ha alentado la expansión acelerada de esta actividad en México para la acumulación de riqueza de unos pocos. Sólo de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta, y de los años 90 a la fecha el número de compañías extranjeras ha aumentado más de 10 mil por ciento. Entre los principales beneficiarios de estos auténticos despojos se encuentran Alberto Baillères González (Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, de Grupo Peñoles); Alonso Ancira Elizondo (Mineras del Norte, de Altos Hornos de México), y Germán Larrea Velasco (Grupo México), quienes de 2013 a 2017 recibieron cientos de concesiones para explorar y explotar recursos minerales en varias partes del país.

Esto, el reparto inequitativo de las riquezas nacionales, es solo una de las muchas cosas que tendrá que corregir de inmediato el gobierno lopezobradorista, a reserva de que su “izquierdismo”, ya muy deteriorado por la horrible promiscuidad que fomentó el mismo santón tabasqueño, pierda credibilidad aceleradamente desde el primer minuto a partir del 1 de diciembre próximo.

El reparto equitativo de las riquezas nacionales para reducir la enorme brecha entre ricos y pobres, deberá ser tarea inmediata del gobierno lopezobradorista.

A la ciudadanía, sin lugar a dudas, le corresponderá exigir y empujar al gobierno morenista para que esos cambios medulares se lleven a cabo de inmediato, tal y como Andrés Manuel López Obrador lo prometió en su campaña electoral y, de encontrar resistencia, reclamar la renuncia inmediata de todos aquellos diputados, senadores y gobernantes de este partido que hayan engañado alevosamente al pueblo de México, porque ya no es posible que 53 millones de personas vivan en la pobreza extrema mientras 39 mexicanos posean fortunas superiores a los 500 millones de dólares, y 16 “empresarios” tengan en su poder más de 141 mil millones de dólares.


 

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