Romo y el saqueo de la Lacandona V

Carlos Fazio. 

En nuestra entrega anterior aludíamos a la conjunción, en 2002, del Plan Puebla-Panamá y el Comando Norte del Pentágono como parte de un proyecto geopolítico y de seguridad nacional de Estados Unidos, que merced a la “doctrina Castañeda” y la “cesión inteligente de soberanía” la administración de Vicente Fox habilitó en el sur-sureste de México como un “espacio vital” (Lebensraum) a ser conquistado, ocupado y dominado por la hegemonía del sistema capitalista, con su lógica perversa: la producción de riqueza para las corporaciones trasnacionales y el despilfarro y la consecuente destrucción del medio ambiente.

Cabe abundar en que más allá de sus componentes militar (contrainsurgencia y la localización de recursos bióticos apetecidos por la industria armamentista para la fabricación de armas biológicas) y de control migratorio (el Plan Puebla-Panamá como primer “muro” de contención de migrantes centroamericanos que intentaban llegar a la meca del capitalismo), el Comando Norte y el PPP fueron diseñados como parte de un proyecto destinado a lograr el dominio sobre zonas biológicamente megadiversas en el traspatio subordinado del imperio.

Empresas de gran capital como Pulsar, propiedad de Alfonso Romo, desde el sexenio de Vicente Fox tienen el objetivo de explotar y depredar vastas regiones del sur-sureste de México.

Por esos años, Norman Myers había clasificado a América Latina como el “epicentro de la biodiversidad mundial”, porque conjuga riquezas terrestres y marinas que la ubican como la principal reserva de bosques tropicales (más de 60 por ciento de los que aún existen en el mundo) y la segunda reserva marina después de la región de Indonesia. Al respecto, Centroamérica, con sólo 0.4 por ciento del territorio mundial, concentra 7 por ciento de la biodiversidad biológica del orbe y, a su vez, México, con 1.5 por ciento del territorio planetario, alberga entre 10 y 12 por ciento de la biodiversidad del globo.

Se trata de zonas donde se encuentran corredores biológicos y áreas naturales protegidas que, como en el caso de los Montes Azules, en Chiapas (zona de influencia zapatista), están habitadas por comunidades indígenas que han conservado y desarrollado culturas precapitalistas y cuentan con un conocimiento milenario que ha sido privatizado y patentado por compañías trasnacionales con la excusa pueril del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y fundaciones privadas del gran capital, de “conservarlo”, con el agregado de que cada corredor implica una homogeneización de las políticas, licencias y demás mecanismos para acceder a la biodiversidad, así como “enganchar” los asentamientos indígenas y campesinos para vincularlos a la brevedad al proyecto como mano de obra barata, casi esclava, la famosa ventaja comparativa del Plan Puebla-Panamá.

Hay que recordar que a partir de 2002 y en los años iniciales de la guerra de contrainsurgencia de Salinas/Zedillo en Chiapas, el Grupo Savia (Pulsar, de Alfonso Romo, y sus subsidiarias Agrosem y Seminis), entonces quinto líder mundial en semillas y primero en hortalizas y frutas, había establecido bajo la óptica neoliberal el Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agrícola en Frontera Hidalgo, mientras impulsaba un esquema de monocultivo de transgénicos en esa entidad, muy criticado por sus efectos devastadores en los ecosistemas, lo que afectó de paso la producción indígena de autoconsumo y a los pequeños productores.

Hay que desmitificar la idea sobre la preocupación per se que representan los capitales internacionales y las empresas de capital mexicano como Pulsar, por defender el medio ambiente. Se trata, más bien, de una pantalla del proceso de saqueo, biopiratería y explotación depredadora de los recursos por el gran capital. Según consignó entonces Gian Carlo Delgado en La amenaza biológica, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de Bretton Woods, el secretario del Tesoro estadunidense, Henry Morgenthau, señaló que el Banco Mundial fue el que concibió como parte de un mundo “que el comercio y la inversión puedan ser realizados por empresarios operando bajo principios empresariales”. No parece casual que medio siglo después, bajo la hegemonía de EU, el Banco Mundial estuviera metido hasta las orejas en los planes privatizadores del sur-sureste de México, cuando el país era administrado por “un gobierno de empresarios para los empresarios” (Fox dixit).

Eso era en parte lo que explicaba la vasta proyección de fuerza militar estadunidense sobre áreas ecológicas relevantes del sur-sureste de México y Centroamérica, que abarcaba al Corredor Biológico Mesoamericano, donde se aplicaba el Plan Puebla-Panamá (y sus posteriores cambios de nombre a Iniciativa Mesoamericana con Felipe Calderón y luego a Zonas Económicas Especiales, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto).

Otro aspecto clave, junto con el fracasado proyecto del aeropuerto en San Salvador Atenco, era el eje Coatzacoalcos-Salina Cruz. Ambas terminales marítimas, ubicadas en el Golfo de México y sobre el Océano Pacífico, respectivamente, son a su vez los dos polos del Istmo de Tehuantepec, cuya importancia geopolítica, derivada de su excepcionalidad como potencial puente comercial interoceánico, fue de forma tempranera destacada por Hernán Cortés en sus cartas al emperador Carlos V. En torno de ese corredor transístmico, los tres últimos gobiernos mexicanos y sus patrocinadores foráneos han pretendido erigir una zona económica exclusiva al servicio de las corporaciones trasnacionales. 

(La Jornada).


 

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