Adiós Chemours

Declaran infundado el incidente de suspensión definitiva a “The Chemours Company Mexicana S.A. de R.L.”

De la redacción de razacero.

El pasado 21 de noviembre, la organización no gubernamental Pro Defensa Del Ciudadano A.C., recibió la notificación judicial que declara infundado el incidente de modificación a la suspensión definitiva, promovido por la minera trasnacional Chemours Company y, por tanto, se mantiene la suspensión de la construcción de la planta química, así lo manifestó el director general de dicha asociación, Lic. Víctor Manuel Pinedo Ledesma, y el 22 del mismo mes se le admitió a trámite la revisión sobre la sentencia definitiva, lo que trae un respiro a los pobladores de la región de Dinamita, Gómez Palacio, Durango, que ya se preparaban para ir a las barricadas luego que la ruda jueza sentenciadora, Renata Suárez Telles, de Saltillo Coahuila, con golpes bajos tiró el caso, pero ahora tendrá que enfrentar los reclamos que los quejosos ya hicieron llegar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, donde la denuncian por ocultar y alterar pruebas, “ya que fundó su resolución en el Art. 3 Constitucional, que versa sobre la Educación, y eso es inaplicable porque este asunto se trata del derecho que tenemos todos los mexicanos de tener un MEDIO AMBIENTE SANO, previsto por el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (por poquito le atinaba la jueza, solo por un artículo)”, manifiesta el director general de Pro Defensa del Ciudadano A.C.

Por enésima vez un ordenamiento judicial mantiene la suspensión de la construcción de la planta química Chemours, productora de cianuro, en el poblado de Dinamita, Gómez Palacio, Dgo.

También, el Lic. Pinedo Ledesma expone en entrevista telefónica con la redacción de razacero que “la jueza inventó requisitos de procedibilidad que no vienen en la ley, por lo que es infundada; esta jueza maquilló la sentencia a favor de la minera, ignorando partes esenciales del expediente. También, pretendió beneficiar a la alcaldesa de Gómez Palacio aceptando el argumento de que la presidenta Juana Leticia Herrera Ale no tiene responsabilidad en este caso, ‘porque las licencias de construcción las firmó el director municipal de Obras Públicas’ (aunque las licencias dicen ‘Presidencia Municipal’ y ella aceptó en su informe haber autorizado esas licencias). Además de esto, la jueza violó la garantía de audiencia”, expone el Lic. Pinedo Ledesma. Este asunto, como se sabe, ha tenido repercusión nacional tanto en importantes medios de comunicación como en las redes sociales, llamando inclusive la atención del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ha declarado que revisará las concesiones mineras y todo lo que tenga que ver con ellas para imponer orden y ajustarlas a la ley. Mientras tanto, los pobladores de las comunidades cercanas al lugar donde se pretende instalar la planta química de la empresa Chemours, en Gómez Palacio, denuncian que los propietarios de esta empresa no respetan las leyes nacionales y han seguido construyendo la planta química; también señalan a la alcaldesa Juana Leticia Herrera por no cumplir con el ordenamiento del Juez Tercero de Distrito en la Laguna, Lic. José de Jesús Silva Rosales, de vigilar y supervisar el cumplimiento de suspensión. No sería la primera presidenta que terminara procesada penalmente por violar una suspensión.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, podría ser procesada penalmente por no cumplir con el ordenamiento del Juez Tercero de Distrito en la Laguna, de vigilar y supervisar el cumplimiento de la suspensión de la construcción de la planta química Chemours.

El saldo que ha dejado este problema a los habitantes de Gómez Palacio luego de la brutal represión policíaca que sufrieron el 9 de marzo de este año 2018 ha sido el de una persona discapacitada de por vida que aún no recibe ayuda de ninguna índole, 60 detenidos que luego liberaron, entre ellos 40 menores de edad (inimputables, que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha querido defender), y quejas de torturas que hasta la fecha han quedado impunes. Por lo anterior, los habitantes denunciarán estos hechos ante organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que tanto la CNDH y la CEDH de Durango han sido omisas o cómplices.


 

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