Ley y Justicia: O todos coludos o todos rabones
Desde la formación de los clanes, que dieron origen a las grandes civilizaciones, la política siempre ha sido un instrumento de negociación para beneficiar a grupos e individuos al margen de la ley. Como ya sabemos, la ley solo se aplica a los ciudadanos comunes y, solo por rencillas o acuerdos cupulares, uno que otro político es sujeto de ejemplares sanciones.
Así, en la mayoría de los países del mundo, incluido el nuestro por supuesto, la ley y la justicia son conceptos que han perdido su valor real, por la interpretación a modo que les dan precisamente quienes emiten las leyes y quienes se encargan de aplicarlas.
En el inicio del gobierno de “izquierda” del santón tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y sus huestes en el Congreso de la Unión, estamos observando esa doble moral hipócrita. El primer acto, sin duda alguna, se dio en el Senado de la República, en donde los legisladores morenistas primero le negaron la licencia para regresar a la gubernatura de Chiapas al sátrapa senador Manuel Velasco Coello, para luego de unas horas otorgársela para que pudiera retornar al estado sureño a terminar su mandato, debido a la obvia intervención del jerarca López Obrador, amigo del represor chiapaneco Manuel Velasco. Posteriormente, este dictadorzuelo, Manuel Velasco Coello, sería exonerado por la misma bancada morenista para evitar que fuera investigado por el manejo dispendioso que hizo del erario chiapaneco.
Aunque López Obrador ha emprendido acciones positivas como la reducción de sueldos a los altos funcionarios de gobierno y la derogación de la nefasta “reforma educativa”, se está tardando en echar abajo la reforma energética, que aparte de la reforma hacendaria es una de las que más golpea los bolsillos de la ciudadanía. Y en el contexto de la reforma educativa, ya veremos qué hace el santón tabasqueño con la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, que aunque diga que fue absuelta de los delitos por los cuales estuvo encarcelada casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, no puede ocultar su evidente enriquecimiento ilícito a costa del magisterio.
Al margen de las acciones y omisiones del nuevo gobierno de “izquierda”, un punto sensible que ofende y lastima el desarrollo político y social del país es la evidente contaminación del Poder Judicial, que debe ser absolutamente purgado, pues sus entrañas están totalmente podridas por la corrupción extrema de jueces, magistrados y ministros.
Independientemente de la controversia que ha habido en cuanto a los estratosféricos sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es indudable que el trabajo que este tipo de funcionarios privilegiados desempeñan deja mucho qué desear. Una vertiente de este Poder Judicial lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recientemente dio un triste espectáculo en Puebla, estado en el que validó la elección a la gubernatura ratificando a Martha Érika Alonso, esposa del ex gobernador represor Rafael Moreno Valle, como mandataria de esta entidad, cuando hubo infinidad de pruebas documentales y fílmicas del fraude electoral que perpetraron los panistas para conservar el poder.
Como este caso hay infinidad de asuntos en los que jueces, magistrados y ministros son abiertos transgresores de las leyes y permanecen en la total impunidad.
Hoy, precisamente en Durango, ha tenido repercusión nacional el caso del magistrado del Primer Tribunal Colegiado con sede en esta entidad, Héctor Flores Guerrero, denunciado por tener en la nómina de esta dependencia a por lo menos 17 familiares que ocupan puestos privilegiados en esta institución. Este “servidor público” resultó ser uno de los más voraces del país.
Por otro lado, el Congreso de Durango también está siendo noticia nacional por aplicar un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para sancionar al alcalde de Durango, Dr. José Ramón Enríquez Herrera, que ha derivado en el inicio de un juicio político en contra de este gobernante, que podría culminar con la destitución e inhabilitación del edil por haber promocionado su imagen con recursos públicos antes de solicitar licencia para emprender su campaña como candidato a senador, representando a los partidos PAN y PRD, en el pasado proceso electoral.
Aquí, El Alcalde Opaco de Durango, pésimamente asesorado en el rubro de Comunicación Social y adulado por la mayoría de sus colaboradores cercanos ineptos, argumenta que “el Congreso de Durango está siendo utilizado” por el mandatario estatal José Aispuro Torres, a quien responsabiliza de los errores que ha cometido él y su séquito de funcionarios municipales viajeros, ya más que repudiados por la ciudadanía duranguense, sobre todo por esos sectores vulnerables a los que han estafado prometiéndoles beneficios que no les han dado.
Hoy, el alcalde Enríquez Herrera acusa al gobernador Aispuro de haberle fallado a la ciudadanía duranguense, cuando él también le ha fallado el electorado que lo llevó al poder, sobre todo encubriendo y exonerando a los priístas que saquearon este municipio el trienio pasado, además de lesionar el erario con contratos leoninos otorgados a selectos proveedores de servicios.
De ser destituido e inhabilitado el alcalde Enríquez Herrera para ocupar cargos públicos en Durango, el Congreso local sentaría un precedente que no dejaría de ser un peso político, pues con este mismo rasero deberá emprender acciones similares de inmediato contra otros “servidores públicos” que también han violentado gravemente las leyes y agredido el patrimonio y los bolsillos de los duranguenses, como por ejemplo la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Herrera Ale, sobre quien pesan dos juicios políticos demandados por el periodista lagunense Juan Monrreal López, en los que señala y documenta actos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo contratar empresas formadas al vapor, sin cumplir con los requisitos que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, y acumular faltas a las sesiones de Cabildo que ameritan su inmediata destitución. Aparte de esto, como ya lo ha denunciado el periodista Juan Monrreal, el Congreso local de Durango debe investigar cómo fue que el valioso terreno en el que se encontraban las instalaciones del DIF municipal de Gómez Palacio fue a parar a las manos de Jerónima Reza Soto, cuñada de la alcaldesa Juana Herrera Ale.
Lo que desea, espera y exige la ciudadanía de Durango y del país entero es que, encima de cualquier interés y de cualquier personaje político, se respeten las leyes y se haga justicia.