Indignante represión laboral en la Secretaría de Salud

    Norberto Serrano.

    Luego de ser acosado laboralmente durante los últimos 9 meses, el trabajador de la Secretaría de Salud, Miguel Martínez Pérez, fue cesado.

    Con 28 años de antigüedad como laboratorista, Miguel Martínez comenzó a ser hostigado por la Dra. María Magdalena Centeno Tinoco, directora del Centro de Salud Núm 1, por no contar con título ni cédula profesional como laboratorista; sin embargo, Miguel Martínez argumentó en su defensa que “en el tiempo en que ingresé a la secretaría de Salud el requisito para ocupar ese puesto era contar con título o diploma técnico. Yo cuento con diploma técnico, pero la Dra. Centeno me exigió título de laboratorista y me dio un plazo de tres meses para titularme”.

    Posteriormente a este hostigamiento, Miguel Martínez fue acusado falsamente de agredir a varios de sus compañeros de trabajo:

    “sin recibir un reporte verbal ni por escrito, ni un extrañamiento ni las tres notas malas que establece la ley laboral, me fue levantada una acta administrativa sin que el representante sindical intercediera en mi defensa”, manifestó Miguel Martínez a finales de octubre de 2018 en varios medios de comunicación locales.

    Finalmente, el 8 de diciembre de 2018 Miguel Martínez fue cesado, sin derecho a liquidación. “El 28 de diciembre me negaron el pago de mis bonos navideños y el bono sexenal, sin que el sindicato que dirige la compañera Miriam Vargas Rodríguez hiciera absolutamente nada para defenderme”, acusa Miguel Martínez.

    Este tipo de atropellos inhumanos se han dado en todo lo que va del sexenio “del cambio”, de corte panista-perredista, en el que cientos de trabajadores han sido despedidos de manera injustificada para repartir sus plazas entre los allegados a los directivos de esta secretaría y entre la dirigencia sindical que ha sido cómplice de este tipo de actos deleznables.

    Miriam Vargas Rodríguez, secretaria general de la sección 88 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, dirigente pusilánime y cómplice que no defiende con eficacia a sus compañeros, víctimas de violaciones de sus derechos laborales y humanos por parte de directivos de la Secretaría de Salud del estado de Durango.

    También es del dominio público que familiares de altos funcionarios del gobierno estatal son favorecidos en esta secretaría con contratos millonarios para sus empresas “prestadoras de servicios”, contratos cuyas facturaciones son exageradamente abultadas, pero a sabiendas de estos hechos tanto la secretaría de la Contraloría como el Congreso local han permanecido omisos, protegiendo estos saqueos.


     

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