El negocio del poder: el caso de la CFE

Ocupar un cargo público en cualquiera de los tres niveles de gobierno, o acceder a un puesto de elección popular en el poder legislativo federal o estatal, supone pingües ganancias económicas para quienes ejercen esa labor. Los beneficios monetarios no solo son una consecuencia de los jugosos salarios, prestaciones y los millonarios planes de retiro y jubilación a los que acceden los miembros de la casta burocrática dorada, sino son el resultado de utilizar la información privilegiada que conocieron a su paso por el gobierno y las relaciones establecidas con diversas corporaciones privadas para asegurar grandes oportunidades laborales una vez alejados del ejercicio gubernamental, lo que significa para esos funcionarios premios y reconocimientos por la labor prestada a los intereses económicos durante su gestión.

Ese, y no otro, es el verdadero negocio de llegar al poder. Arribar a los puestos donde se determina quiénes acceden a los recursos públicos, de qué manera lo hacen, cómo se reparten los dineros y, sobre todo, de qué manera se cobran los favores otorgados desde el poder a los dueños del dinero, son las decisiones que pavimentan el exitoso camino del empleo luego del paso, no siempre eficiente, por la administración pública.

Mientras el pueblo de México ha sido sacrificado pagando tarifas leoninas a la CFE, una pequeña mafia de pillos se ha enriquecido al amparo del poder.

Esta práctica es conocida como la “puerta giratoria”, que combina los negocios privados con el ejercicio gubernamental. No es una estrategia que no conociéramos, o algo raro en la clase política mexicana, al contrario, es un secreto a voces que los funcionarios realizan negocios al amparo del poder.

En este contexto, hace un par de semanas el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer los nombres de más de una docena de exfuncionarios de altísimo nivel que hoy realizan labores para consorcios relacionados con el negocio de la energía, y que dichos personajes desempeñaron funciones públicas relacionadas con el sector energético.

La lista la encabezan desde los ex presidentes “Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, hasta ex secretarios de Energía y directores de la CFE. Aparecen José Córdoba Montoya, quien fuera jefe de la oficina de la Presidencia de Salinas de Gortari y actual propietario de la empresa Proveedora de Servicios de Energía; Jesús Reyes-Heroles, ex secretario de Energía, y hoy presidente de Energía; Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y presidente del consejo y director general del North American Infrastructure Group de Sempra Energy; Luis Téllez, ex secretario de Energía y de Comunicaciones en los sexenios de Zedillo y Calderón, y actual asesor senior de Kohlberg Kravis Roberts; Alfredo Elías Ayub, director de la CFE con Zedillo, Fox y Calderón, y ahora consejero independiente de Avangrid; Georgina Kessel Martínez, ex titular de Energía y hoy consejera independiente de Iberdrola; Jordy Herrera Flores, también ex titular de Energía, quien ha fungido como bróker de Repsol y Gas Natural Fenosa”. (La Jornada, 12 de febrero de 2019).

Mientras ejercen el poder, no solo se benefician de sus puestos, sino que establecen contratos que perjudican al Estado y cuyos costos pagamos toda la población. Por ejemplo, “nos informan que empresas como Carso, Ienova y TransCanada operan siete ductos que formalmente no dan servicio a la CFE, pero cobran como si suministraran gas. Por ese negocio han cobrado alrededor de 62 mil millones de pesos, y en el mediano plazo la CFE deberá erogar 21 mil millones de dólares más”. (La Jornada, 12 de febrero de 2019).

Desgraciadamente en el terreno jurídico hay pocas posibilidades de sentar en el banquillo a cualquiera de los arriba mencionados. No existe un delito que se pueda perseguir en el actual marco jurídico. Una vez pasado un año desde el abandono de las funciones gubernamentales, los ex funcionarios pueden emplearse donde lo deseen, y aunque ellos nieguen un conflicto de intereses y se aferren en decir que no incurren en actos de corrupción, nosotros podemos afirmar que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Es decir, el conflicto de intereses existe, y el negocio generado por ellos y para ellos, también.


COMPARTIR