Congreso corrupto e ineficaz

    De la redacción de razacero.

    Con un trabajo intrascendente que ha tenido poco o nulo impacto positivo en la ciudadanía, la actual LXVIII Legislatura del Congreso del estado de Durango se perfila para ser una de las más corruptas e ineficaces en la historia de esta entidad.

    Más clientelares que representantes sociales, la mayoría de los 25 diputados que la integran han visto y hecho más por sus intereses muy personales y de grupo que por los intereses de los electores que les dieron el voto para ocupar sus curules.

    Conformada por una mayoría “morenista” producto del voto en cascada a favor del santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio de 2018, las inconsistencias de esta legislatura comenzaron a emerger a los pocos días de haber llegado al poder con las aprobaciones al vapor de las Cuentas Públicas de los municipios y de las secretarías del gobierno estatal, así como con asignaciones de presupuestos amañadas.

    La mejor muestra de este desaseo fueron los saldos blancos que arrojaron las “revisiones” de las Cuentas Públicas de los 39 municipios del estado, especialmente los de Gómez Palacio y Durango, en las que pasaron por alto infinidad de actos de corrupción cometidos por los alcaldes de estas demarcaciones y sus cabildos. Así mismo, titulares de secretarías estatales, como los de Salud, Desarrollo Económico y Obras Públicas, por ejemplo, salieron ilesos a pesar de los graves actos de corrupción, omisiones y saqueos que se han perpetrado en estas dependencias, dejando entrever las obvias negociaciones que se llevaron a cabo para garantizar la impunidad de servidores públicos infractores.

    A mediados de diciembre de 2018, a tres meses de haber iniciado sus “trabajos” legislativos, se dio la primera fractura entre los integrantes de la fracción “morenista” (integrada por ex militantes priístas y panistas), con la destitución de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada por el tercer distrito electoral, Sandra Lilia Amaya Rosales (ex panista), “por incurrir en presuntos actos de corrupción y deslealtad hacia la causa morenista”, de acuerdo a lo publicado por el periodista Rubén Cárdenas el 14 de diciembre de 2018 en el periódico El Siglo de Durango. Su lugar lo ocupó el “morenista” y ex priísta lagunense Pablo César Aguilar Palacio, diputado por el distrito XI, quien hasta el momento jamás se ha comprometido con los ciudadanos que votaron por él y no ha presentado ninguna iniciativa que mejore las condiciones de vida de sus electores.

    La ex panista y ahora diputada “morenista” Sandra Amaya Rosales, totalmente desprestigiada por sus acciones electoreras atropelladas en la defensa de intereses personales y de grupo.
    El diputado “morenista” Pablo César Aguilar Palacio, ex priísta pusilánime cuyo trabajo legislativo a favor del pueblo gomezpalatino deja mucho qué desear.

    Recientemente, la diputada Sandra Amaya Rosales volvió a dar de qué hablar por su penosa participación en el registro fraudulento del supuesto convenio de candidatura común del partido Morena con el PT y el Partido Verde Ecologista en los 39 municipios de Durango, acto que consumó presentando documentación apócrifa en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, instancia que rechazó la documentación falsa negando el registro. Posteriormente, luego de negociaciones turbias en las que habría intervenido la misma diputada Sandra Amaya, el Tribunal Electoral del Estado de Durango, cuyo presidente es el Mtro. Javier Mier Mier, revocó la negativa del registro del convenio de la candidatura común Morena-PT-Verde, emitida por el IEPC. Finalmente, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó la invalidez del registro del convenio de la candidatura común Morena-PT-Verde argumentando que “no se acreditó que el Consejo Nacional de Morena haya aprobado el convenio de candidatura común, dado que éste negó haber expedido el acta que el representante de Morena presentó en el Órgano Público Local Electoral y en el tribunal local; y negó haber aprobado la mencionada candidatura común”.

    El objetivo específico de la diputada Sandra Amaya era registrar a toda costa al petista Alejandro González Yáñez, alias Gonzalo Yáñez, como “candidato común” de los partidos Morena, PT y Verde a la alcaldía de Durango, sin importar que para ello violara gravemente las leyes electorales.

    Hoy, en la Fiscalía General de esta entidad hay una carpeta de investigación en la que el IEPC denuncia estos hechos constitutivos de delito. Y como colofón de éste vergonzoso capítulo, el 24 de abril pasado la Mesa Directiva del Congreso de Durango tomó la protesta al nuevo titular del Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Antonio Mier Mier, por un periodo de cuatro años. Antonio Mier Mier es hermano del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Javier Mier Mier. De esta manera quedaron más que evidenciados los tratos sucios que diputados de esta legislatura hicieron con el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Javier Mier Mier, para que revocara la negativa de registro del convenio de la candidatura común Morena-PT-Verde emitida por el IEPC.

    Otro protagonista indirecto en este suceso fue el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Durango y presidente de las comisiones de Responsabilidades y Ecología del Congreso, Gerardo Villarreal Solís, quien, junto con el diputado petista Rigoberto Quiñones Samaniego y el diputado “morenista” Pablo César Aguilar Palacio, acompañó a la diputada Sandra Amaya a hacer entrega de la documentación apócrifa para registrar el mencionado convenio hechizo de candidatura común Morena-PT-Verde ante el IEPC. Gerardo Villarreal Solís se ha caracterizado por evadir los asuntos que le corresponden como presidente de esas importantes comisiones, actuando más por intereses personales y de grupo que por intereses sociales. Así, como presidente de la comisión de Ecología nunca se ha pronunciado por combatir los graves problemas ecológicos que se presentan en esta entidad, especialmente el de la instalación en Gómez Palacio de la planta química Chemours, que produciría más de 60 mil toneladas de cianuro al año poniendo en riesgo al medio ambiente y a miles de habitantes de esta región. También, como presidente de la comisión de Responsabilidades el diputado Villarreal Solís mantiene archivados juicios políticos demandados por comunicadores y abogados duranguenses en contra de la alcaldesa represora de Gómez Palacio, Juana Herrera Ale, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lic. Esteban Calderón Rosas, por presuntos actos de corrupción cometidos por estos servidores públicos.

    Diputado “ecologista” Gerardo Villarreal Solís, más ocupado en asuntos personales y partidistas, mantiene archivados juicios políticos en contra de la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Herrera, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Esteban Calderón Rosas.

    Otros diputados de esta legislatura con negros antecedentes también han tenido un papel muy cuestionable integrando a familiares a la nómina del Congreso y haciendo un manejo discrecional de los recursos financieros de éste.

    En general, los resultados de esta legislatura, a la vista de la ciudadanía duranguense, han sido más que deplorables presentando iniciativas absurdas, frívolas e insustanciales cuyas aprobaciones en la mayoría de los casos se encuentran “pendientes”.


     

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