Dime quién paga y te diré qué escriben
El 23 de mayo pasado, el periódico Reforma publicó una lista con el nombre de cuatro decenas de periodistas beneficiados con recursos oficiales durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, bajo el velo de “publicidad oficial” y “otros servicios”. Ni el pago por “servicios y publicidad oficial”, ni las personas que aparecen enlistadas, ni los montos entregados, llamaron la atención. No fuimos sorprendidos, no porque no sea un asunto escandaloso y delicado, sino porque esas prácticas han sido frecuentes, son harto conocidas, a pesar de la negativa constante de gobiernos y comunicadores sobre la existencia de esa relación.
Luego entonces, la importancia de la “lista” es la evidencia, ante los ojos del más incrédulo de los ciudadanos, de una práctica común entre varios periodistas y miembros de los tres niveles de gobierno, así como de los poderes Legislativo y Judicial. Es pues, la materialización de lo sabido por todos y negado por muchos: el pago sistemático realizado por las autoridades para que algunos periodistas escriban, publiquen y defiendan a pie juntillas los designios del poder.
Si bien el listado entregado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) muestra un perfil variopinto de los comunicadores, todos los miembros de la lista tienen un común denominador: las prácticas matraqueras a favor del “gobierno” de Enrique Peña Nieto y los ataques mecanizados al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde los tiempos de la campaña electoral y durante los meses que va de esta administración. Otro elemento que caracteriza al periodismo realizado por la mayoría de los enlistados es su falta de elementos empíricos para sostener sus argumentos a favor de Peña Nieto y en contra de las políticas lopezobradoristas. Desde todas sus trincheras la narrativa de esos comunicadores presenta los mismos tonos “críticos” que envuelven y modelan las repetitivas afirmaciones de una parte de la sociedad.
Desde luego, en la lista no se encuentran todos los que tienen méritos suficientes para ser incluidos, pero no por ello podemos negar que los nombrados no cumplen con creces su inclusión en el documento. Cobraron muy bien por eso. Algunos de los beneficiados económicamente por la presidencia de Enrique Peña Nieto son: Joaquín López Dóriga, con 251 millones 482 mil pesos; Federico Arreola (hoy férreo defensor del lopezobradorismo), con 153 millones 578 mil; Enrique Krauze, con 144 millones 80 mil; Óscar Mario Beteta, 74 millones; Callo De Hacha, con 47 millones; Luis Soto, con 23 millones 631 mil 357; Jorge Fernández Menéndez, con 19 millones 776 mil 381; Rafael Cardona, con 15 millones 814 mil 265; Roberto Rock, con 15 millones 819 mil 516; Francisco García Davish, con 14 millones 369 mil 481; Adela Micha, con 24 millones; Eunice Ortega, con 10 millones 607 mil; Maru Rojas, con 9 millones 554 mil 903; Guillermo Ochoa con 8 millones 178 mil; Francisco Cárdenas, con 7 millones 853 mil 293; Animal Político, con 7 millones 753 mil; Eduardo Ruiz Healy, con 4 millones 242 mil; Nino Canún, con 1 millón 636 mil pesos; Pablo Hiriart, con 22 millones de pesos; y Raymundo Rivapalacio, con 31 millones de pesos. No estuvo nada mal el pago por sus “servicios” al “gobierno” peñista.
Estos recursos formaron parte de los 60 mil millones de pesos que la administración de Peña Nieto gastó en publicidad de manera discrecional, con la única finalidad de callar algunas voces críticas y ponerles el megáfono a los periodistas complacientes y dispuestos a decir y silenciar lo que desde Los Pinos se indicaba. Una vez más, el uso del presupuesto de manera patrimonialista y a favor de los poseedores del poder para difundir la idea de gobierno, de país y de sociedad, a través de las líneas editoriales de varios medios de comunicación, que les permite mantener el drenado de los recursos públicos en su beneficio, en tanto pagan por el silencio o el griterío a modo de los “líderes de opinión” de la nación.
La lista de los jilgueros del poder es una muestra más de la permanencia en la práctica del sistema político mexicano del discurso lopezportillista: “no pago para que me peguen”. Desde el poder se paga para determinar el contenido de la narrativa periodística de varios comunicadores. El manto para cubrir esta práctica antidemocrática es variado, incluso puede ser legal, pero jamás será legítimo.
Esta situación abre una necesaria discusión en torno a la imperiosa necesidad de regular la publicidad oficial, estableciendo reglas claras de operación y mecanismos de asignación de los recursos. Bajo ninguna premisa negamos la existencia de la publicidad oficial en los medios de comunicación, eso es un asunto; pero muy otro, el que esos recursos sean usados para la compra de conciencias y opiniones periodísticas. En todo caso lo que debemos empujar como sociedad es que el gasto gubernamental en materia de publicidad sea legal y transparente; solo de esa manera el dinero destinado a la publicidad jugará ese papel y no otro.
A querer o no, el que el pago a los periodistas por sus decires acomodaticios se haya presentado en el “gobierno” de Peña Nieto, no significa que antes no hubiese sucedido y que hoy no continúe pasando. Por ello, se impone tener claridad en el uso de los recursos públicos que tocan una fibra tan delicada y fundamental para la construcción y fortalecimiento de la democracia como lo es el ejercicio periodístico. Con ello, también combatiremos la sistemática censura que ejercen varios gobernantes para determinar qué se publica y qué no, violentando así nuestro derecho a ser informados.
Así las cosas, la posibilidad de tener un buen gobierno y una democracia consolidada pasa (aunque no exclusivamente) por el ejercicio crítico de un periodismo comprometido con la comunidad y no preocupado por engordar la chequera. Se impone terminar con la conveniente relación entre algunos periodistas y el poder, donde el dinero del gobierno es el aglutinante perfecto para mantener el maridaje de corrupción e impunidad entre la complacencia de las plumas y los micrófonos con la complicidad del poder; de lo contrario, la salud de la República continuará al garete.
