De la redacción de razacero.

Lo que mal empieza mal acaba, y luego de una batalla desigual contra el poder emprendida por la organización no gubernamental Pro Defensa del Ciudadano A.C., representada por el Lic. Víctor Manuel Pinedo Ledesma, el imperio de la ley se está imponiendo en el caso de la peligrosa planta química que la empresa estadounidense Chemours Company Mexicana S. de R.L., ha pretendido instalar en el ejido El Siete, del poblado de Dinamita, en Gómez Palacio, Durango, con el apoyo ilegal de las autoridades de este municipio, gobernado por la alcaldesa represora priísta, Juana Leticia Herrera Ale, y de altos funcionarios del gobierno estatal de esta entidad norteña. Al respecto, el Lic. Víctor Manuel Pinedo Ledesma, representante de Pro Defensa del Ciudadano A.C., comenta en entrevista exclusiva para razacero: “Las máximas autoridades del municipio de Gómez Palacio y del gobierno estatal, Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, están metidos en un grave problema pues cuando el 24 de junio de 2017 colocaron la primera piedra en donde comenzó a construirse esta planta química sabían perfectamente que no contaba con los permisos y licencias más elementales”.

Así, con licencias de construcción apócrifas elaboradas y firmadas por el director municipal de Obras Públicas del municipio de Gómez Palacio, y sin estudios de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la empresa norteamericana Chemours Company Mexicana S. de R.L., representada por Chris Zimmer, comenzó a construir las instalaciones para producir cianuro de sodio, componente elemental para la extracción de oro y plata, pero altamente peligroso para la vida humana y el medio ambiente de la región.

“Esta empresa ha continuado construyendo esta planta violando un amparo federal interpuesto por nuestra organización, y tanto la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale como el gobernador del estado, José Aispuro Torres, tienen conocimiento de este hecho, pero han estado ignorando este ordenamiento judicial con sus actos de omisión”, declara el Lic. Víctor Manuel Pinedo Ledesma, quien presenta ante nuestra redacción uno de los documentos más importantes de este grueso expediente judicial: “Es la contestación a una solicitud de información que hicimos a la SEMARNAT, en la que preguntamos si existe un cambio de uso de suelo federal, de forestal a industrial, a nombre de The Chermours Company Mexicana S. de R.L., o Proyecto Chermours Laguna, y si existe un cambio de uso de suelo federal de forestal a industrial a nombre de AUSTIN BASICS S.A. de C.V.

Documento de la SEMARNAT en el que precisa que no existe solicitud o autorización alguna de cambio de uso de suelo en terrenos forestales a nombre de la empresa The Chemours Company Mexicana S. de R. L. Derivado de esto, ni las autoridades del municipio de Gómez Palacio ni del gobierno estatal de Durango debieron haber otorgado ningún tipo de licencia a esta empresa para construir la planta química en la que pretenden producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.

“La SEMARNAT, luego de una búsqueda en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT) no localizó ninguna solicitud ni autorización de cambio de uso de suelo emitida a favor de estas empresas. ¿Por qué las autoridades municipales de Gómez Palacio y el gobierno estatal permitieron que la empresa Chemours Company Mexicana S. de R.L., comenzara a construir esta planta? Este comportamiento se tipifica como apología del delito, y los responsables tendrán que responder ante las instancias judiciales federales”, finaliza el Lic. Víctor Manuel Pinedo Ledesma.

Como se recordará, este conflicto, aparte de estos atropellos legales, ha dejado saldos de represión brutales, como el que sufrieron los habitantes de los poblados de Dinamita, El Siete y La Aurora el 9 de marzo de 2018, cuando protestaban en contra de la instalación de la planta química Chemours y fueron agredidos salvajemente por las policías municipal de Gómez Palacio y estatal del gobierno de Durango. Más de una veintena de ciudadanos tuvieron que ser hospitalizados con heridas graves y 12 fueron encarcelados, violando sus derechos humanos.

Así las cosas, y de acuerdo a las declaraciones del Lic. Víctor Manuel Pinedo Ledesma, la empresa Chemours judicialmente ya tiene perdido el caso, pero de no ser frenada de una vez por todas la construcción e instalación de esta planta química letal, producirá de manera ilegal 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año poniendo en peligro las vidas de miles de habitantes y el medio ambiente de esta región.

El gobernador del estado de Durango, José Aispuro Torres, y la alcaldesa represora de Gómez Palacio, Juana Herrera Ale, podrían ser imputados por apología del delito ya que sabían perfectamente que la empresa Chemours no contaba con las licencias correspondientes para instalar su planta química en el ejido El Siete, del poblado de Dinamita.

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