Podrido, el Poder Judicial de Durango
Muy grave resulta para cualquier sociedad que quienes se encargan de aplicar las leyes sean los primeros que las violenten, las ignoren y las retuerzan para obtener beneficios personales y de grupo. ¿Qué confianza pueden tener los ciudadanos duranguenses en un Poder Judicial que no respeta su propia Ley Orgánica ni la Constitución local? ¿Qué garantías tenemos de que al solicitar justicia realmente seamos tratados con imparcialidad? Por desgracia, estas dudas también aplican para el Congreso del estado de Durango, cuyos diputados, que son quienes dictan las leyes, cómplices y omisos avalan las transgresiones que se cometen en el máximo recinto impartidor de justicia en esta entidad norteña.
Hoy, razacero presenta la colaboración especial del Lic. Alejandro Acosta Nájera, ex juez del Poder Judicial del estado de Durango, separado de su cargo por no someterse a este esquema sistematizado de corrupción.
Un juicio político que “no procedió”
Lic. Alejandro Acosta Nájera.
El 2 de julio de 2016, el pueblo de Durango votó por un cambio, un cambio que nunca se ha dado, pues, por el contrario, existe más injusticia, abuso de poder, influyentismo, menos ética y carencia de profesionalismo. Este es el caso del Poder Judicial del Estado de Durango, en el que desde la llegada de Esteban Calderón Rosas a su presidencia se han cometido muchas irregularidades, que de persistir tendrán repercusiones terribles pues tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura no aplican la ley como debe ser. Un ejemplo de esto es la prepotencia y abuso de poder del Presidente de facto Esteban Calderón Rosas, al designar a Adán Cuitláhuac Martínez Salas como Secretario General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Adán Cuitláhuac Martínez Salas no cumple con los requisitos que establece el artículo 121 de la Constitución Política local, pues su función como juez no fue de lo más honesta y profesional, y tiene en su contra varios procedimientos administrativos (VJQ12/2012, CJPO15/2014, VJPO23/2014 y VJPO/2014) por los que tuvo que renunciar ante el Consejo de la Judicatura. Pero el premio a su deficiente actuación fue su designación como Secretario General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
En 2018 se dio otra muestra de prepotencia y abuso de poder por parte de Esteban Calderón Rosas, pues el Segundo Tribunal Colegiado determinó que no tenía la legitimación para interponer el recurso de revisión en el amparo 13/2018, por no observar lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que ante las ausencias del presidente del Tribunal éste será sustituido por el vicepresidente; esto, cuando Esteban Calderón estuvo internado en el Hospital 450 de esta ciudad y no era apto para atender asuntos inherentes a su función pública.
Así mismo, desde el 21 de septiembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia tiene un presidente de facto. Como se sabe, el anterior presidente, el Dr. Apolonio Betancourt Ruiz, fue electo para un período de seis años (2012-2018), como lo establece el artículo 109 de la Constitución Política local, pero ante las presiones de la nueva administración renunció a su cargo faltándole dos años para concluir su período constitucional; el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, yendo más allá de lo que marca la Constitución, es decir, violándola, el 21 de septiembre de 2016 designó a Esteban Calderón Rosas como presidente por seis años, cuando debió haberlo designado como presidente interino para que concluyera el período establecido por la Constitución Política local, marcado de 2012 a 2018.
Así las cosas, en 2018 los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia debieron de haber elegido al nuevo presidente del Tribunal o, en el caso de haber designado a Esteban Calderón como presidente interino, debieron haberlo reelegido para el período 2018-2024, tal y como lo establece la Constitución Política del estado de Durango, pero no lo hicieron. Esto trae como consecuencia que lo que haya firmado y siga firmando Esteban Calderón Rosas como presidente del Tribunal y como presidente del Consejo de la Judicatura, esté viciado de nulidad que puede ser invocada por parte interesada, no solo a nivel local sino también lo que se reciba de otros estados y del Poder Judicial de la Federación. Y en esta misma situación se encuentra el vicepresidente del Tribunal, Francisco Ruiz Quiñones Ruiz.
Por otro lado, ningún Magistrado debe dejar el desempeño de sus funciones hasta que por renuncia o término del encargo sea sustituido, conforme al artículo 108 de la Constitución Política del estado, y es responsabilidad del Magistrado Presidente tenerlo integrado al Pleno (de acuerdo con este artículo el Pleno debe estar conformado por 19 magistrados), lo que no es acatado por el presidente de facto Esteban Calderón Rosas, dado que la Magistrada Martha Xóchitl Hernández Leyva presentó ante el Congreso del estado solicitud de retiro de su cargo, que hasta la fecha no ha sido resuelta por el Congreso; pero Martha Xóchitl Hernández Leyva, a pesar de que sigue siendo Magistrada, no está integrada al Pleno.
Aunado a lo anterior, la concesión del amparo número 1116/2016 del Juzgado Primero de Distrito de Durango al Magistrado Héctor Javier Rosales Badillo para que fuera ratificado en el cargo, deja sin su cargo de Magistrado a Esteban Calderón Rosas por haber sido nombrado en último lugar el 21 de septiembre de 2016.
Dado que los efectos de la reelección del Magistrado Rosales Badillo fueron a partir del 15 de septiembre de 2016, Esteban Calderón Rosas dejó de tener número pues solamente deben ser 19 magistrados, y como Martha Xóchitl Hernández Leyva sigue siendo Magistrada y debe estar incorporada al Pleno del Tribunal, resulta que al no salir Esteban Calderón en este momento hay 20 magistrados y no los 19 que marca la Constitución. Cabe mencionar que desde la fecha que surte efecto la reelección del Magistrado Rosales Badillo son nulas todas las actuaciones del presidente de facto Esteban Calderón Rosas.
Por todo lo anterior, entablé un Juicio Político en contra de Esteban Calderón Rosas ante el Congreso del estado de Durango, y de manera servil la Comisión de Responsabilidades, integrada por los diputados Gerardo Villarreal Solís (PVEM), Karen Fernanda Pérez Herrera (Morena), Alejandro Jurado Flores (Morena), Francisco Javier Ibarra Jáquez (PRI), y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN), después de avisarle a la parte demandada (Esteban Calderón Rosas, Francisco Ruiz Quiñones Ruiz y Jorge Antonio Bracho Ruiz, integrantes del Pleno del Tribunal Superior, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura) al solicitarle información, declararon improcedente dicha denuncia dejando a un lado las leyes, que sin duda desconocen tanto ellos como su cuerpo de asesores.
Este atropello, por supuesto, ahora me obliga a solicitar un amparo ante los tribunales federales.
