Taxis piratas, bombas de tiempo

    De la redacción de razacero.

    Lejos de resolverse el grave problema de los taxistas piratas en la ciudad de Durango, éste se ha acentuado bajo la administración del gobierno “del cambio”. Si bien en los primeros meses de este sexenio el titular de la subsecretaría de Movilidad y Transporte del gobierno estatal, Lic. Jorge Campos Murillo, manifestó ante los medios de comunicación que la atención de este ilícito recaía en la Fiscalía General, a más de dos años de estas declaraciones ni este servidor público ni la actual titular de la Fiscalía, Lic. Ruth Medina Alemán, han vuelto a tocar el tema ni mucho menos han informado a la ciudadanía qué acciones coordinadas han llevado a cabo para combatir estos actos abiertamente delincuenciales.

    Ruth Medina Alemán, Fiscal General del estado de Durango, continúa sin implementar acciones enérgicas para combatir la delincuencia que generan los taxistas piratas, que van desde agresiones a pasajeros hasta falsificación de placas.

    Al respecto, un grupo de auténticos taxistas denuncia ante la redacción de razacero lo siguiente: “Las autoridades estatales han hecho caso omiso y la situación cada día es más delicada por la inseguridad que representa para la ciudadanía utilizar este tipo de transporte”.

    Y es que al abordar un taxi pirata, según los verdaderos trabajadores del volante, los pasajeros, en caso de sufrir un accidente, no cuentan con la garantía que les ofrece un taxista legalmente autorizado. “Nosotros, por disposiciones oficiales, contamos con un seguro de gastos médicos en caso de accidentes y con un seguro en caso de desenlaces fatales, cosas que los taxistas piratas no tienen. Nosotros tenemos nuestro tarjetón que avala el cumplimiento de todos los requisitos que el gobierno exige para operar un taxi con todas las medidas de seguridad”, exponen.

    Vinculados ya a delitos del fuero común, este tipo de unidades de transporte ilegal operan sin restricción alguna, como si las autoridades arriba señaladas tuvieran algún tipo de acuerdo para evitar su persecución, pues hasta la fecha no se sabe que hayan tomado medidas enérgicas para inhibir esta práctica delictiva que indudablemente pone en riesgo a la ciudadanía.

    Este asunto, sin lugar a dudas, ya debió haber sido atendido por el titular de la secretaría General de Gobierno del estado, Adrián Alanís Quiñones, por tratarse de un tema de seguridad pública, pero como se sabe este servidor público se ha ocupado más en hacer negocios personales y familiares al amparo del poder que en cumplir eficazmente con sus funciones.

    Adrián Alanís Quiñones, ineficaz titular de la secretaría General de Gobierno, no puede solucionar el problema de los taxis piratas que ya representan un peligro para la ciudadanía duranguense.

    Recientemente, fue precisamente este funcionario estatal quien “coordinó” en esta entidad el plaqueo ilegal de miles de autos de procedencia extranjera (“chocolatos”) con la anuencia de los diputados del Congreso local, causando inconformidad entre la ciudadanía poseedora de autos legales que siempre ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley.


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