Fernando Miranda Servín.

Lejos, muy lejos de ser un auténtico estadista como aquellos que llevaron a cabo las más cruciales transformaciones de nuestra historia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se ha venido manifestando como un burdo aprendiz de dictador.

Llegado al poder de la mano de los más voraces oligarcas ultraderechistas de México (uno de ellos, Alfonso Romo Garza, es su Jefe de la Oficina de la Presidencia) y con las huestes mafiosas de su partido Morena, que no son más que una mescolanza promiscua de lo peor de la partidocracia mexicana, López Obrador no es precisamente un político de izquierda, ni mucho menos practicante del socialismo en ninguna de las manifestaciones que tiene esta ideología, pues si así lo hubiera sido por nada del mundo los magnates que controlan el imperio yanqui le habrían permitido llegar a la presidencia de nuestra nación. Esto, en buena parte explica la obediencia del gobierno lopezobradorista a los ordenamientos del mandatario estadounidense Donald Trump en la política migratoria de nuestro país, que nos han convertido en un dócil muro de contención policíaco al servicio de los Estados Unidos de América para evitar que miles de ciudadanos centroamericanos ingresen a ese país.

AMLOCO
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno autoritario y corrupto es una copia al carbón de los antiguos regímenes priístas.

Así, con esta estrella en la frente o visto bueno del gobierno estadounidense, López Obrador, a trasmano, ha comenzado a hacer “pequeños” ensayos dictatoriales, como el de Baja California, donde el pasado martes 23 de julio los diputados del Congreso de esta entidad habilitaron el Palacio Municipal de Playas de Rosarito para, de manera clandestina, sesionar y validar la infame “Ley Bonilla”, que amplía la gubernatura en el estado de dos a cinco años, para permitir que el gobernador electo morenista, Jaime Bonilla Valdez, amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierne del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024, aún cuando la ciudadanía votó porque el candidato de Morena gobernara por un período de dos años, hasta el 31 de octubre de 2021, como lo dicta la reforma político-electoral aprobada de manera unánime por el Pleno del Congreso del Estado en julio de 2014, con la finalidad de que las elecciones locales se empataran con las federales para el 2021.

Ante este hecho, cualquier estadista que se precie de serlo hubiera emitido de inmediato una declaración condenando este latrocinio, pero el presidente López Obrador no lo hizo; por el contrario, en sus ya desprestigiadas conferencias mañaneras declaró que él no sabía nada y que “a mí me echan la culpa de todo”, como si no fuera su obligación como presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen.

A la par de este ejercicio totalitarista, el pasado 27 de julio a propuesta del gobernador morenista, Adán Augusto López Hernández, el Congreso de Tabasco aprobó en comisiones un dictamen para imponer penas de hasta 20 años de prisión a las personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras. Al día siguiente, en Zongolica, Veracruz, López Obrador apoyó públicamente esta medida represiva declarando: “A mí me gusta que la gente luche, pero me gusta que se luche por causa justa, pero no que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras, eso ya se acabó” (sic). Es decir, el aprendiz de dictador que como opositor quemaba pozos petroleros e invadía importantes avenidas va a decidir cuáles son las causas justas y cuáles no, de acuerdo a su conveniencia, por supuesto. Finalmente, el Congreso de Tabasco aprobó la “Ley Garrote” el lunes 29 de julio.

En medio de todo esto, el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 26 de julio ordenó a sus fuerzas policíacas reprimir en la ciudad de Guadalajara a cientos de estudiantes y ciudadanos que protestaban por el alza del 35% a las tarifas de transporte, sin que, nuevamente, el presidente de la República manifestara públicamente y de inmediato su repudio a tan deleznable hecho.

Por otro lado, los abiertos ataques que López Obrador ha proferido en contra de importantes medios de comunicación que lo han criticado duramente y han exhibido graves actos de corrupción de sus colaboradores y asesores ya han sido condenados por la ONU, que ha considerado que esta actitud ruin pone en riesgo los espacios democráticos y la libertad de expresión.

Los recortes presupuestales a los sectores de Salud, Educación y Cultura; las reformas Energética y Laboral intocadas, pues permanecen exactamente igual que como las dejaron los gobiernos prianistas; la resistencia a transparentar el 16.7% de la información pública que se le requiere a su gobierno (índice muy superior al promedio de los anteriores gobiernos prianistas); la preferencia por combustibles contaminantes, como el carbón, para beneficiar a empresarios amigos; la Ley de Extinción de Dominio a modo, que autoriza a su gobierno a decomisar y vender el patrimonio de cualquier ciudadano mientras demuestra su inocencia; las agresiones al Estado laico; el tachar de “conservadores” a quienes no están de acuerdo con él; la no solución del genocidio de los 43 de Ayotzinapa; la impartición de justicia sesgada que persigue a unos (Lozoya y Deschamps) y exonera a otros (Elba Esther Gordillo y Enrique Peña Nieto), y la impunidad en asesinatos de periodistas y activistas sociales son posturas políticas de López Obrador que nada tienen que ver con la izquierda ni con el socialismo, ni con la Venezuela de Maduro, sino más bien con los viejos resabios del priísmo autoritario populista, ese priísmo echeverrista y lopezportillista más cercano a los gobiernos estadounidenses que a la Cuba de Fidel Castro, pero corregido y aumentado con las adquisiciones arriba expuestas.

Hoy, a medida que transcurre el sexenio es evidente el deterioro de la democracia y las libertades por las detestables encuestas a mano alzada del presidente y las transgresiones en Baja California, Tabasco y Jalisco, como también es evidente el malestar de amplios sectores sociales por esa austeridad distorsionada que ha llevado al gobierno lopezobradorista a tener un subejercicio en el gasto público de más de 100 mil millones de pesos, cifra que podría duplicarse a finales de este año.

Por lo pronto, el presidente López Obrador está dando sus primeros pasos como aprendiz de dictador, se siente seguro, confiado… sabe muy bien que cuenta con el apoyo de los poderosos vecinos del norte.


 

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