Reforma laboral-educativa
En el imaginario colectivo de la sociedad civil y política de nuestro país, la educación ocupa un lugar de primer orden. Sin duda, es la ruta a seguir más socorrida por la sociedad. Es el área que recibe la mayor cantidad de recursos públicos. Es principio y fin del desarrollo de las personas y, por lo tanto, se considera el camino lógico que debemos andar. Estudiar significa para muchos el “deber ser”. Los discursos públicos y ocultos configuran y justifican las prácticas educativas que deben regir el desarrollo de las personas en México. La narrativa construida en torno a la educación se convierte en una especie de credo de lo que hay que hacer para alcanzar el éxito social.
Por lo anterior, no deja de llamar la atención que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, desde su fundación en 1921, le destine grandes cantidades de dinero a los procesos educativos sin que los recursos se puedan materializar en elevados niveles educativos de la población estudiantil del país. Pareciera pues, que, a mayor cantidad de dinero para la educación, menores son los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, queda claro que elevar los niveles de educación no depende exclusivamente de contar con mayores recursos, sino de tener mejores planes de estudios y docentes mejor capacitados, así como condiciones adecuadas de trabajo y esquemas favorables para el estudiantado.
A lo largo de los casi cien años de existencia de la SEP, casi ningún gobierno se ha mantenido al margen de “reformar el sistema educativo”, afirmando con ello que su proyecto vendrá a cambiar sustantivamente la manera de enseñar en México. Sea cual sea el modelo educativo vigente en nuestro país, cuando llega a la presidencia de la República un nuevo gobierno echa para atrás lo construido y establece un nuevo modelo; así, la política educativa termina por reinventarse y comenzar de cero casi cada seis años. Esta forma de administrar la política educativa ha generado que hoy por hoy nuestro país ocupe los peores lugares en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto al rendimiento de los estudiantes en los exámenes de ciencia, matemáticas y lectura practicados en los países miembros de la organización. No solo eso: al menos 35 millones de mexicanos presentan rezago educativo, sea por no saber leer y escribir, o por no tener concluida la primaria o la secundaria. Esto a consecuencia de los altos niveles de deserción, lo que muestra que no hemos construido las condiciones necesarias para retener a los estudiantes en las aulas. La numeralia de la deserción nos indica que de cien alumnos que entran a primaria 22 se quedan en el camino; en secundaria 32; en preparatoria otros 16, y solo 14 terminan la licenciatura.
Bajo este contexto fue aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores la reforma educativa promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual viene a sepultar la última reforma del ramo puesta en marcha en 2013 bajo la administración de Enrique Peña Nieto.
Como ha sido la tradición mexicana, esta reforma afirma que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios responderá a los siguientes criterios: “será democrática, nacional, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural e integral”. Además, “priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, para lo cual garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio Constitucional”.
En esencia, lo aprobado son tres leyes secundarias, a saber: la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la de Mejora Continua de la Educación. La ley de Mejora Continua de la Educación tendrá como efecto desaparecer al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y acabar con la evaluación punitiva aplicada a los docentes. De esta manera, los docentes tendrán mayor certeza sobre la permanencia de sus derechos, la recuperación del escalafón vertical y los ascensos con respeto a la categoría antecedente. Se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas de maestría o doctorado en instituciones de educación superior, a partir de este momento podrán solicitarlas con solo tener tres años de servicio. Asimismo, los egresados de las normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización tendrán de forma automática una vez que hayan egresado una plaza laboral. Se crea el sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación. Los recursos que eran entregados al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) ahora se harán llegar directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas. Finalmente, quedó establecido en la nueva reforma que “todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos menores de dieciocho años asistan a las escuelas”.
Más allá de las presencias en la nueva reforma educativa, las ausencias tienen un mayor peso específico. Se dejan de lado las discusiones sobre los planes de estudio y las estrategias pedagógicas, así como las políticas para mantener al estudiantado en las aulas y establecer políticas públicas que logren engarzar el proceso educativo con el mercado laboral.
Así las cosas, en tanto no se aborden de manera seria estas problemáticas nacionales ninguna reforma educativa dará buenos resultados; al contrario, seguiremos padeciendo un sistema de educación remendado cuya única tarea es maquillar la realidad escolar de México.
Mientras tanto, allende nuestra frontera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin ningún pudor afirma que utiliza a nuestro país para detener a las personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador): “Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no lo arreglan, porque los demócratas no quieren cambiar las lagunas en las políticas de asilo”. Asimismo, agradeció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el despliegue de 27 mil elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo de migrantes.
Todo ello, en el marco de la 74 Asamblea de las Naciones Unidas, donde el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió el apoyo de 35 países y 18 organismos internacionales para la realización del plan que busca incentivar la economía y crear empleos en las naciones centroamericanas, para de esa manera reducir el flujo migratorio.
La respuesta del presidente López Obrador a las afirmaciones del jefe de la Oficina Oval nuevamente fueron de cortesía y evitando en todo momento la confrontación: “Nuestro país tiene la mano abierta y tendida a todos los gobiernos del mundo”. “No tengo ningún problema de conciencia, no se preocupen, nosotros sin exageraciones representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos”.
Sea como sea, lejos de los dimes y diretes de ambos presidentes, miles de migrantes continúan viviendo la desesperación del exilio económico, bélico o climático sin poder detener su permanente andar por tierras mexicanas y estadunidenses.