Las pensiones y el colapso de la vejez

La debilidad de la vejez en México es una realidad que no podemos ocultar. El aumento de la población mayor de sesenta y cinco años, así como el incremento de sus necesidades (sobre todo médicas) y el alto costo que significa su atención por parte del Estado y de los ciudadanos mismos, significa un punto de tensión económica, financiera y de salud para el gobierno de la República, así como para miles de familias.

Pareciera que el destino de las personas de la tercera edad en nuestro país es el no acceso a la seguridad social, a buenos servicios de salud, a pensiones dignas y a espacios de recreo; esto las obliga a buscar recursos en el subempleo o vivir de la ayuda que obtienen de sus familiares o de algún programa social. Muchos de ellos son colocados detrás de las ventanas para observar a una sociedad que ha dejado de mirarlos. Es una parte de la sociedad que vive en la soledad, en la pobreza, y con reducidas expectativas de mejorar la calidad de sus últimos años de vida, lo que genera altos niveles de depresión que se manifiestan como un problema de salud pública. Lo más complicado de ello es que la mayoría de los adultos mayores ni siquiera son reconocidos por el resto de la comunidad. Alrededor de 70% de las personas mayores de 75 años padecen cuadros depresivos.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendrán que ponerse de acuerdo para llevar a cabo una política efectiva que beneficie realmente a los pensionados de nuestro país.

Los datos de la vejez no dejan lugar a la especulación: se calcula que para el año 2030 habrá alrededor de 35 millones de adultos mayores en nuestro país. Cada día, 2 mil 332 personas alcanzan la edad de adultos mayores, grupo que en breve tendrá la tasa más elevada de crecimiento.

Por otro lado, la esperanza de vida para las mexicanas que llegan a los 78 años y para los mexicanos que alcanzan los 73 años no ha implicado la creación de un esquema favorable de pensiones que les garantice un retiro con dignidad de la vida productiva. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cuenta con políticas públicas suficientes y adecuadas para atender eficientemente a esta población. El envejecimiento de la población en México representa una necesidad adicional de recursos por alrededor de 400 mil millones de pesos, cantidad que supera las aportaciones actuales del gobierno federal a la seguridad social, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin duda, el sistema nacional de pensiones se encuentra rebasado. Es una bomba de tiempo. Nadie quiere hacer lo necesario para que no estalle. La disminución de recursos es inversamente proporcional al número de habitantes que necesita obtener una pensión. No olvidemos que las pensiones son deuda que en algún momento deberemos pagar. Sin embargo, la falta de recursos genera que solo 30% de las personas que alcanzan la edad para pensionarse lo puedan hacer. Por lo tanto, la carga que eso significa para el resto de la sociedad y el gobierno es mayor.

En tanto no se coloque a los trabajadores en el centro de la discusión sobre las pensiones y se lleve a cabo una reorganización (quizá una reforma profunda, sea lo más indicado) del Sistema de Ahorro para el Retiro, sin que necesariamente implique mayores aportaciones por parte de los empleados porque los recursos a los que acceden ya de por sí son reducidos, no podremos sanear el Sistema y seguiremos condenando a las futuras generaciones a concluir su vida en condiciones precarias.

No obstante, eso no es lo peor. Lo más complicado es que los habitantes de este país cuando se encuentran en la etapa donde pudieran producir mayores niveles de recursos, el desempleo, la informalidad y los salarios de hambre representan un poderoso dique para alcanzar el crecimiento y desarrollo económico, con lo cual se cancela la posibilidad de ahorrar para el retiro, pues los recursos con los que cuentan ni siquiera son suficientes para superar el presente, mucho menos guardarlos para el futuro.

Por ello, cuando se propone ampliar la edad de la jubilación, o profundizar la privatización del sistema de pensiones o incrementar el monto que aportan los trabajadores a su fondo del retiro, se manifiestan en cascada las voces contrarias a esas propuestas. El motivo principal es la incertidumbre e inestabilidad económica de millones de mexicanos que lo más que logran es sobrevivir día a día en el contexto de la informalidad. En ese sentido, es importante que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se mantenga firme en su decisión de no incrementar la edad de retiro, como lo manifestó la semana pasada el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien recibió el apoyo de las cúpulas empresariales del país.

Así las cosas, cuando afirmamos que en México estamos en la antesala del colapso de la vejez no lo hacemos en sentido figurado. Lo hacemos para verbalizar la penosa realidad que viven los ciudadanos cuando cruzan la frontera y se convierten en adultos mayores. El contrasentido se presenta cuando en México la vejez urge mayores recursos para su manutención, y el sistema político, económico y financiero insiste en obtener más recursos de la base trabajadora sin poder garantizar un esquema digno de jubilación. Lo anterior nos lleva a pensar que las aportaciones para el retiro están teniendo un destino diferente a la esencia de su creación.

Mientras tanto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, nos recordó la permanencia de una de las prácticas más añejas de nuestro sistema presidencial: el uso de poder del jefe del Ejecutivo para doblegar a las otras dos terceras partes de los poderes de la nación: el legislativo y el judicial. La esencia presidencialista de nuestro sistema político cruza por el monopolio de las decisiones y la posesión de la mayor parte de los hilos que mueven al gobierno. Tal vez por eso no sorprendieron las declaraciones de Zaldívar, pues independientemente de que las presiones de la Presidencia hacia la SCJN se ventilen públicamente, se ejercen cotidianamente.

Arturo-Saldivar
Las revelaciones de Arturo Zaldivar y los abusos de poder de los presidentes en turno.

Sin dudar, las presiones siempre vienen de la mano de los oscuros intereses que las sostienen. Arturo Zaldívar nos menciona que estas presiones se referían a las investigaciones llevadas a cabo por los casos de la Guardería ABC y de Florence Cassez. Sin demeritar la fuerza de la denuncia del ministro, hubiese sido un buen detalle que la hubiera realizado en el momento que se presentó y no “a toro pasado”. Pero reconocemos que siempre será mejor transparentar la vida pública que no hacerlo, aunque suceda a destiempo.

Ahora bien, las presiones a los miembros de la SCJN ni comenzaron ni terminaron con Felipe Calderón. En la relación entre el poder Ejecutivo y el Judicial siempre ha existido el pacto tácito de la superioridad de la presidencia sobre la Corte. A querer o no, y más allá de las narrativas, las prácticas políticas nos han mostrado que los ministros de la SCJN son presionados y que en muchas ocasiones se callan lo vivido.

Las presiones que ejerce el presidente de la República, no solamente han sido para influir en las decisiones de la Corte, sino también en las designaciones de los ministros que la conforman. Así, la necesidad de presionar a los ministros del máximo tribunal del país se reduce significativamente, pues siempre flotará en el aire el agradecimiento al presidente de la República por impulsar la llegada de nuevos miembros a la SCJN. Esta realidad y lógica política la conoce y la utiliza Andrés Manuel López Obrador.


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