Los trabajadores de México piensan atormentados acerca de lo que será de ellos y sus familias después de trabajar explotados 30 años; se difunde que sólo recibirían un 30 o 40 por ciento de su miserable salario, que por ello “deben trabajar cinco años más”. Recuerdo que cuando me contraté como profesor al servicio de la SEP en 1960, me decían que al jubilarme me darían el 100 por ciento de mi salario, pero si me jubilaba en los territorios de Quintana Roo o Baja California me darían el 150 o 200 por ciento. Recuerdo que así era.
Según relatos históricos, aunque nuestra Constitución Política fue hecha por la burguesía, el Constituyente de 1917 propuso programas sociales, entre ellos las pensiones. Los gobiernos dieron algunos pasos pero sólo fue hasta la década de los 40, con la creación del Seguro Social (IMSS), cuando el sistema de seguros comenzó a tomar forma. En 1959, con la creación del ISSSTE, se redondeó, y en 1997 ya se registran más de 10 millones de afiliados al Seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte. Pero, ¿sorpresa?, ese año nacen las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) como administradoras privadas.
A partir de entonces una gran cantidad de empresas privadas –como sangrienta pelea- se lanzan tras las cuotas de 10 millones de trabajadores. Por ello ha dicho categóricamente la investigadora Araceli Damián que “la reforma jubilatoria constituye una pieza clave del neoliberalismo, al permitir que los cuantiosos fondos creados con el dinero de los trabajadores sean controlados por la iniciativa privada, con enormes ganancias para el sector financiero, frente a pensiones de miseria… así, los ahorros de los trabajadores están en manos de 10 empresas: Citibanamex, Coppel, Banorte y SURA, entre otras”.
Arturo Herrera, el secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, parece muy preocupado. Ha manifestado una contradicción porque él defiende que deben subir los años de trabajo para aumentar la cotización, y López Obrador ha dicho que en su gobierno no se permitirá. Además, en entrevistas el secretario de Hacienda reconoce que los fondos de pensiones de los trabajadores seguirán en manos privadas. Las 10 grandes empresas privadas seguirán saqueando los miles de millones de pesos de las AFORES si el gobierno de López Obrador no interviene para evitar el saqueo.
