Fernando Miranda Servín.

En las últimas semanas, los diputados del Congreso del estado de Durango revisaron las Cuentas Públicas del año 2018 de los 39 municipios, organismos autónomos y del gobierno estatal de esta entidad, reprobando a los municipios de Canelas, Mapimí, Pueblo Nuevo, Otáez, Tlahualilo, San Bernardo, Súchil, Hidalgo, Panuco de Coronado y Durango por exceder más del 15% de sus presupuestos en observaciones. También, la cuenta pública del IEPC fue reprobada, aunque esta presentó observaciones en el 8.4% de su presupuesto.

De manera inaudita, las cuentas públicas de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso duranguense, presidida por el diputado morenista Pablo César Aguilar Palacio, a pesar de que en estas alcaldías se dieron casos de evidente corrupción.

Lo anterior parecería un proceso ya habitual de no ser porque los diputados que se encargan de fiscalizar los gastos de los municipios, organismos autónomos y gobierno estatal no son el mejor ejemplo de honestidad y transparencia.

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El diputado priísta Esteban Villegas Villarreal, actual presidente de la JUCOPO del Congreso duranguense, solapó saqueos millonarios cuando fue alcalde de Durango, pero hoy es uno de los que exigen cuentas claras a los 39 presidentes municipales de esta entidad.

Dice el refrán que el buen juez por su casa empieza, pero esta frase parece no haber sido escuchada por los diputados que conforman esta LXVIII Legislatura del Congreso del estado de Durango, pues al revisar la página de Consulta Pública de la Plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo primero que se deduce es que el Congreso duranguense es uno de los más opacos de la República Mexicana.

Así, al querer consultar los contratos de obras, bienes y servicios que este Congreso ha celebrado nos encontramos con la sorpresa de que esta LXVIII Legislatura no ha registrado ni un solo proceso de adjudicación, invitación o licitación pública, tanto en el año 2018 como en el 2019, a diferencia de otros Congresos estatales que registran puntualmente los contratos que realizan para proveerse de servicios legales de auditoría jurídica, servicios de limpieza, proyectos, estudios especializados y compras generales, como papelería, mantenimiento de equipos de cómputo, capacitaciones, etc.

En cuanto a las contrataciones de empleados por honorarios, en el portal no aparecen contrataciones del Congreso duranguense realizadas en 2018, y en el 2019 manifiesta 284 contratos por honorarios; sin embargo, el Congreso de Durango no informa los números de dichos contratos y mucho menos presenta los hipervínculos para verlos.

También, en comparación con otras entidades federativas que contratan empresas auditoras para examinar sus estados financieros, en el Congreso duranguense no se ha hecho ninguna auditoría para conocer la situación financiera que guarda.

Por si lo anterior fuera poco, la oficina de Comunicación Social del Congreso de Durango no manifiesta en esta plataforma del INAI ninguna información sobre contratos celebrados con medios para la difusión del trabajo legislativo durante los años 2018 y 2019, en contraste con el Congreso del estado de Chihuahua que registra los contratos que realiza con medios de comunicación y exhibe montos, conceptos y facturas, por lo que en este rubro se desconoce el destino de los más de 19 millones de pesos que el Congreso de Durango asignó este año 2019 a su oficina de Comunicación Social.

Para concluir con esta entrega, no son pocos los diputados que en la página oficial del Congreso de Durango manifiestan en sus historias curriculares poseer títulos profesionales, pero al consultar la página del Registro Nacional de Profesionistas simplemente no aparecen, como por ejemplo Alejandro Jurado Flores (MORENA), quien se ostenta como Licenciado en Derecho, egresado de la Escuela de Leyes de la UJED; Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (PRI), se manifiesta como Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Durango; David Ramos Zepeda (PAN), se dice Ingeniero Agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila; José Luis Rocha Medina (PAN), se ostenta como Ingeniero Industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Durango (ITD); Karen Fernanda Pérez Herrera (MORENA), manifiesta ser Licenciada en Educación Primaria, egresada de la Universidad Pedagógica de Durango; María Elena González Rivera (PAN), aparece como Ing. en Sistemas Computacionales, egresada del Instituto Tecnológico de Durango; Mario Alfonso Delgado Mendoza (PT), se dice Lic. en Pedagogía, egresado de la Escuela Normal Superior de La Laguna; Nanci Carolina Vázquez Luna (MORENA), se ostenta como Lic. en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Durango; Rigoberto Quiñonez Samaniego (PT), manifiesta ser Secretario Ejecutivo Bilingüe y Contador Público, pero no informa de qué instituciones educativas egresó; Sandra Lilia Amaya Rosales, se ostenta como Licenciada egresada de la Universidad Durango (UNID), pero no menciona de qué carrera; Sonia Catalina Mercado Gallegos (PRI), se dice Lic. en Contaduría y Administración Pública, egresada de la F.E.C.A., de la UJED; Ramón Román Vázquez, se ostenta como Lic. en Especialidad de Ciencias Naturales, egresado de la Normal Superior de La Laguna, y dice tener Maestría en Biología Molecular en la Escuela de Graduados de Monterrey, Nuevo León, pero en el Registro Nacional de Profesionistas solo aparece su cédula de Profesor en Educación Primaria, egresado de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera.

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Los diputados morenistas Sandra Amaya Rosales y Pablo César Aguilar Palacio, como expresidentes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Durango, han sido partícipes de la grave falta de transparencia que presenta esta institución.

A grandes rasgos, estos son los perfiles poco confiables de la mayoría de los diputados de la LXVIII Legislatura del Congreso del estado de Durango, y esta es solo la punta del iceberg de la opacidad con la que manejan su presupuesto, que este año ascendió a 260 millones de pesos.


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