Eliminemos la violencia contra las mujeres
El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Más allá de conmemoraciones y marchas ciudadanas de rechazo a la vulnerable realidad que viven millones de mujeres en nuestro país, la violencia ejercida por la sociedad mexicana contra las mujeres va en aumento. Nada parece detenerla. Es cierto que hoy por hoy contamos con protocolos legales, varias instituciones encargadas de proteger a las mujeres, leyes más estrictas, políticas públicas con perspectiva de género y castigos más severos para quienes violentan a las mujeres; asimismo, desde las prácticas y discursos cotidianos rechazamos la violencia. Sin embargo, todo ello no ha sido suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Las cifras de la ignominia mexicana no dejan lugar a dudas. Siete de cada diez mujeres han sido víctimas de alguna agresión, principalmente física, sexual y emocional. Cuatro de cada diez consideran que sus derechos no se respetan o no se garantizan lo suficiente. Poco más del 50% considera que la delincuencia, inseguridad y violencia contra ellas son los principales problemas que enfrentan. El porcentaje de los tipos de violencia son los siguientes: emocional, 49%; sexual, 41.3%; física, 34%; económica y patrimonial, 29%; laboral, 21.9%, y 12.7% han sido discriminadas en el trabajo por estar embarazadas. Estas cifras son del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, este año una de cada tres mujeres ha experimentado violencia sexual en espacios públicos. En cuanto a homicidios por razones de género, se registran en promedio 10 feminicidios cada día. Los asesinatos de mujeres, a diferencia de los de hombres, conllevan mayor violencia y producen mayor dolor prolongado antes de morir. En tanto, en 72% de los asesinatos de hombres se utilizan armas de fuego, mientras que en las mujeres el número es 57 de cada 100. En contraparte, tres de cada diez mujeres son estranguladas, ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas, golpeadas con algún objeto o heridas con un arma punzocortante, frente a 18.3% para el caso de los hombres. Además, 70% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por personas que conocían a la víctima. Todo ello, según las cifras del INEGI.
En cuanto a la violencia por discriminación los datos no son mejores. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 42.7% de las mujeres participa en alguna actividad económica, mientras 78.5% de los hombres lo hace. Tres de cada diez mujeres han vivido discriminación y violencia laboral en sus centros de trabajo, y 9% ha recibido menos salario que un hombre, aun cuando realizó las mismas actividades. A pesar de tener avances para tener paridad en el acceso a los puestos de elección popular, en el Senado y en la Cámara de Diputados los porcentajes oscilan entre el 48.2% y el 49.2% del total de mujeres, y solamente tenemos dos gobernadoras.
Finalmente, según el INEGI, dos de cada tres mujeres mayores de 15 años han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida. Esta violenta realidad limita su desarrollo personal, impidiendo que accedan a mejores condiciones de trabajo y educación, coartando con ello su posibilidad de participar políticamente en la comunidad.
Por todo esto, no es extraño que México sea considerado uno de los países del mundo más hostiles y violentos para las mujeres. Según el US News & World Report de 2019, nuestra nación ocupa el puesto 60 entre 80 países donde las condiciones de vida para las mujeres son mejores. Naciones como Kazakhstan (#59), Turquía (#52), Israel (#43) y Arabia Saudita (#41) tienen condiciones más favorables en derechos humanos, igualdad de género, igualdad de ingresos, progreso y seguridad que México. Desde luego, la distancia que mantenemos con las naciones más desarrolladas y que ofrecen mejores condiciones de vida para las mujeres, Suecia, número 1, Dinamarca el 2, y Canadá el 3, nos indican la manera en la cual México se acerca cada vez más a naciones cuyas realidades violentan a las mujeres y se aleja de las buenas prácticas realizadas en los países donde ser mujer no significa habitar en la periferia.
Evidentemente, las acciones llevadas a cabo por los gobiernos de los tres niveles no han sido suficientes para acabar con esta violenta realidad en la que subsisten millones de mujeres en nuestro país. Aunque se han realizado muchas acciones, faltan muchísimas más.
Pero no solamente se debe actuar desde las instancias gubernamentales. Se impone desde cualquier ángulo que se le mire, que seamos los habitantes de este país, estemos o no en el gobierno, quienes emprendamos las acciones necesarias para acabar con la violencia contra las mujeres. Sin duda, un primer paso es dejar de normalizar y ocultar esta violencia. De lo contrario, seguiremos abonando desde diversas trincheras para que se profundicen las condiciones adversas en las que viven millones de mujeres en México.
Mientras esto sucede en nuestro país, allende nuestra frontera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto preelectoral y de intento de juicio político que se le sigue, volvió a usar de sparring a nuestro país, con la idea de llevar agua a sus urnas electorales.
Esta semana, en una entrevista ofrecida a la cadena Fox News afirmó que buscará clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas. Luego del múltiple homicidio de miembros de la familia LeBaron, algunos congresistas estadounidenses deslizaron esa propuesta, sin embargo, hasta esta semana el jefe de la Casa Blanca se refirió al tema en esos mismos términos, luego que en semanas anteriores le había ofrecido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador enviar tropas norteamericanas para “limpiar” de cárteles nuestro país.
Aunque no podemos negar el tufo electoral y mediático de sus decires y la poca posibilidad de que se lleven a cabo debido a los altos costos políticos, económicos y militares que tendría, debemos reconocer que en ambos escenarios (la sugerencia de enviar tropas estadounidenses y el clasificar como terroristas a las células del crimen organizado) el gobierno de la 4T y el Congreso de la Unión han respondido adecuadamente.
Por un lado, el presidente López Obrador insistió de nueva cuenta en aceptar la cooperación, pero no la intervención. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, ha dicho que seguirán construyendo una diplomacia de unidad nacional para defender nuestra soberanía anclada en nuestras propias decisiones. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, manifestó su preocupación ante una eventual clasificación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas. En todo momento, los poderes de la República han rechazado categóricamente cualquier intento de intervención estadounidense para “ayudarnos” en el combate al crimen organizado. No obstante, también hubo declaraciones desafortunadas como las del gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quien avaló una posible intervención del ejército norteamericano en México para combatir al crimen organizado.
Se impone no dejar de lado las experiencias traumáticas que hemos vivido a lo largo de nuestra compleja y conflictiva vecindad con la Unión Americana, que nos han llevado a vivir invasiones, guerras y pérdidas del territorio con el pretexto estadunidense de ayudar a nuestro país y proteger a sus ciudadanos. Bajo ninguna circunstancia debemos, como sociedad y gobierno, aceptar que la historia se repita y abramos la puerta a las tropas norteamericanas. Aunque sí debemos exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sea contundente y enérgico en la aplicación de la ley contra el crimen organizado.