Seguros falsos en “emplacamiento” de autos “chocolatos” en Durango

    De la redacción de razacero.

    Lo que mal empieza mal acaba, y hoy el “empadronamiento” y “emplacamiento” ilegal de autos “chocolatos” por parte del gobierno estatal de Durango ya están envueltos en un escándalo de pronóstico reservado.

    Iniciado el proceso de “empadronamiento” y “emplacamiento” de autos de procedencia extranjera en esta entidad norteña el 1 de diciembre de 2018 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, uno de los requisitos fundamentales exigidos a los ciudadanos duranguenses para poder “empadronar” y “emplacar” sus autos de procedencia extranjera fue que estos contaran con un seguro de responsabilidad civil, cuya cobertura amparara por lo menos una suma asegurada de 750 mil pesos por daños a terceros.

    Una aseguradora en especial logró posicionarse para instalar sus módulos en los mismos sitios en los que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo el “empadronamiento” y “emplacamiento” de vehículos extranjeros en las principales ciudades del estado de Durango: la aseguradora AXA.

    Francisco Javier Castrellón, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Durango, otorgó todas las facilidades a la aseguradora AXA para que instalara sus módulos en los mismos espacios en los que el personal de esta dependencia estatal “empadronó” y “emplacó” más de 100 mil vehículos de procedencia extranjera en esta entidad norteña, a un costo de 800 pesos cada unidad.

    La primera semana de junio de este año 2019 le tocó su turno de “empadronar” y “emplacar” sus autos “chocolatos” a los habitantes del municipio de Canatlán. Así, en la ciudad de Canatlán, el día 5 de junio de 2019, el señor Florentino Ibarra Barrón, de 68 años de edad, contrató su póliza de seguro con la empresa aseguradora AXA, cuyo módulo se encontraba en el mismo espacio en el que los empleados de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Durango realizaban el procedimiento de “empadronar” y “emplacar” autos de procedencia extranjera exigiendo a los propietarios la presentación de una póliza de seguro. Florentino Ibarra Barrón adquirió en ese módulo la póliza de la aseguradora AXA número 130214070600 con el agente de seguros Jesús Manuel Torres Rosales (con número de agente AGT00630467), e inmediatamente los empleados de la Secretaría de Seguridad Pública le “empadronaron” y “emplacaron” su vehículo Chevrolet Trail Blazer modelo 2005. El costo del seguro fue de 1705.02 pesos por un período de un año, del 5 de junio de 2019 al 5 de junio de 2020.

    La póliza supuestamente apócrifa que el señor Florentino Ibarra Barrón adquirió con el agente de seguros de la empresa AXA, Jesús Manuel Torres Rosales, el 5 de junio de 2019 en la ciudad de Canatlán, en el mismo espacio en que empleados de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Durango instalaron su módulo para “empadronar” y “emplacar” autos “chocolatos”.

    El 16 de noviembre pasado, el vehículo mencionado, conducido por Florentino Ibarra Villa, de 35 años, hijo del propietario, sufrió un accidente en la carretera Durango-Canatlán, frente al cerro El Garbanzo, en el que perdieron la vida dos personas, quedando Florentino Ibarra Villa fuertemente lesionado. De inmediato, Florentino Ibarra Barrón reportó a la aseguradora AXA el lamentable accidente recibiendo de esta empresa el número de siniestro DN03984I.

    El corrupto Secretario General de Gobierno del estado de Durango, Adrián Alanís Quiñones, no otorgó a los propietarios de vehículos “chocolatos” garantías para adquirir pólizas de seguro con empresas confiables.

    Tres días después del fatídico accidente, el 19 de noviembre de este año 2019, un representante de la aseguradora AXA notificó al señor Florentino Ibarra Barrón que “la póliza está cancelada por falta de pago”, cuando la póliza adquirida y pagada en efectivo por Florentino Ibarra Barrón cubría el período del 5 de junio de 2019 al 5 de junio de 2020.

    El 25 de noviembre pasado, Florentino Ibarra Barrón y su familia se entrevistaron en la ciudad de Durango con el Lic. Armando Velázquez, director de la empresa aseguradora AXA, quien les pidió llenar un formulario, y luego de dos semanas e infinidad de llamadas no contestadas, les dijo que la póliza que adquirió Florentino Ibarra Barrón “es apócrifa” y que “investiguen a ver si hay más pólizas apócrifas para saber cómo está operando el agente de seguros Jesús Manuel Torres Rosales”.

    Florentino Ibarra Barrón puso su queja ante la CONDUSEF pues aún cuando recibió el número de siniestro DN03984I el día que reportó el fatal accidente, la empresa AXA manifiesta que dicha póliza es apócrifa, una póliza adquirida en los mismos módulos que la Secretaría de Seguridad Pública instaló el 5 de junio de 2019 en la ciudad de Canatlán.

    La aseguradora AXA, no es la primera vez que es señalada a nivel nacional por actos de corrupción.

    Como se sabe, fue la Secretaría General de Gobierno del estado de Durango, a cargo del servidor público Adrián Alanís Quiñones, la que supuestamente realizó un escrutinio para verificar que las empresas aseguradoras que participarían en este proceso cumplieran con todos los requisitos para brindar un servicio profesional a los ciudadanos a los que “empadronaron” y “emplacaron” sus vehículos de procedencia extranjera. De las muchas empresas aseguradoras que existen en el mercado, solo tres aceptaron participar en este proceso: AXA, Qualitas y MAPFRE. De estas tres, la más favorecida por el gobierno estatal de Durango fue la aseguradora AXA, que contó con todas las facilidades para instalar sus módulos en los mismos espacios en los que la Secretaría de Seguridad instaló sus módulos en las principales ciudades del estado de Durango, en las que “empadronó” y “emplacó” más de cien mil vehículos de procedencia extranjera con un costo de 800 pesos por cada unidad, con el pretexto de que este tipo de automóviles “no cuentan con registro de propiedad y en muchas ocasiones son empleadas para cometer delitos”, cuando la obligación de las autoridades, por ley, es decomisar estos vehículos y ponerlos a disposición del Sistema de Administración Tributaria.

    Al final de cuentas, quienes están resultando ser víctimas de delitos son los propietarios de estos vehículos, pues el gobierno del estado de Durango “empadronó” y “emplacó” más de cien mil unidades. ¿Cuántos propietarios de estos vehículos de procedencia extranjera habrán adquirido pólizas de seguro apócrifas con la omisión o complacencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (Francisco Javier Castrellón Garza) y de la Secretaría General de Gobierno (Adrián Alanís Quiñones)?

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