El INSABI y el derecho universal a la salud

Para entender de mejor manera los encontronazos que se han suscitado en torno al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que remplazará al Seguro Popular que daba atención a 57 millones de mexicanos y que contaba con recursos para poder operar durante varios años más sin dificultades, conviene abordar desde diversos escenarios la política de salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para de esa manera dejar en claro qué cosas funcionan, cuáles no y qué características tiene la crisis de salud, y así saber con mayor certeza el alcance del nuevo organismo encargado de proporcionar salud a millones de habitantes en este país que se encuentran fuera de la cobertura ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM).

El punto de arranque debe ser la convicción por asegurar el derecho universal a la salud. Sin duda, las dos premisas que guían la propuesta de la 4T para reformular una parte del sistema de salud son que los ciudadanos podamos acceder a la salud bajo esquemas no diferenciados para cada grupo social, o a partir de la institución que ofrezca los servicios médicos. Es decir, que la calidad de la medicina pública sea la misma para todos.

Plantear una estrategia para atender con mejores resultados a la población, así como diseñar el camino para homogenizar la calidad de los servicios médicos del sector público en el país, nos parece el punto lógico del cual debe partir cualquier política pública, y de esa manera conseguir que el mayor número de personas se miren beneficiadas con las políticas de salud.

El Lic. en Administración de Empresas y ex director de zonas arqueológicas, Juan Antonio Ferrer Aguilar, fue nombrado director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tiene ninguna experiencia en el sector salud.

Nos parece que lo anterior no está a discusión. Las personas deben tener garantizado su derecho a la salud. Lo que ha generado profundas discusiones, divisiones e incertidumbre entre varios sectores de la población y entre la clase política, tiene que ver más con la falta de claridad en la manera de operar del nuevo instituto. Es decir, como en varias de las políticas propuestas por López Obrador, no se cuestiona la intención, pero no quedan claro los cómo, ni tampoco el origen y monto de los recursos necesarios para echar a andar los nuevos organismos gubernamentales; y en el caso de la salud, no vemos por dónde se pueda materializar de manera efectiva la Ley General de Salud que establece que “los servicios médicos públicos en México serán gratuitos de manera progresiva”, con lo cual se dará atención abierta y universal a todas las personas que carecen de protección de alguno de los institutos de seguridad social, sin necesidad de afiliarse a ninguna institución o presentar su acta de nacimiento.

Otra arista a discutir tiene que ver precisamente con las reglas de operación del nuevo INSABI. Hasta el día de hoy no existe certeza ni claridad para médicos, ni administradores, ni pacientes sobre las reglas de operación. Este terreno parece estar cubierto de arenas movedizas. Abundan las preguntas, faltan respuestas. Crece el temor de no contar con los servicios de salud que se tenían hasta el año pasado.

Aunque Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo organismo, y quien no ha comprobado tener una trayectoria en el sector salud, pues viene de dirigir zonas arqueológicas, ha insistido en que se cuenta con recursos suficientes y que los estados de la federación recibirán el dinero, personal y equipo médico para atender a sus derechohabientes en el primer y segundo niveles de atención, y el presidente López Obrador aseguró que la atención alcanzará hasta el tercer nivel de especialidades de manera gratuita, a quince días de vida del INSABI las personas que acuden a los hospitales se encuentran con todo, menos con lo asegurado por el gobierno federal. El personal médico y administrativo se ha visto rebasado en los primeros días de enero.

Desde luego, el asunto del presupuesto para el INSABI tiene en vilo a los prestadores de los servicios médicos. Para el ejercicio fiscal 2020, el instituto contará con 112 mil millones de pesos: 72 mil millones del presupuesto ordinario y 40 mil millones de pesos adicionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención; sin embargo, existe la preocupación ante el incremento del padrón de inscritos y la falta de claridad para la obtención de los recursos necesarios para atender la demanda.

Si bien se impone que la salud sea considerada como derecho de la población y obligación del Estado, también es necesario que se inviertan más recursos para ello, y que se acabe con los negocios entre gobernantes y sector privado. Sin duda, el desorden que observamos en el sector salud y el desabasto de medicinas es una muestra no solo de malas políticas de salud en el pasado, sino de una fallida e improvisada estrategia del gobierno actual para solucionar la problemática de salud en el país mediante un instituto que carece de claridad en las reglas de operación y se mira incapaz de remplazar adecuadamente al Seguro Popular.

Hay que insistir en que lo que ocurre en la salud pública es, junto con la seguridad pública y la economía, lo más delicado que debe atender esta administración, y que el poder Ejecutivo debe hacerse cargo de generar certidumbre y tranquilidad a los miles de derechohabientes que día a día se agolpan en las clínicas y hospitales de la República a solicitar atención médica, para la cual no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a este requerimiento primordial de la población.

Contrario a la claridad necesaria en torno al INSABI, nos dicen que los instrumentos jurídicos que sustentan el pleno funcionamiento del instituto estarán listos en seis meses. Al escuchar al gobierno de la 4T decir esto, no podemos dejar de preguntarnos: ¿por qué no pusieron en marcha el INSABI una vez resueltas todas las ausencias con las que arrancó a inicios de año?

Mientras tanto, la tragedia de Torreón, en el colegio Cervantes, donde un menor de 11 años de edad abrió fuego matando a una maestra e hiriendo a compañeros y a un profesor, para luego quitarse la vida, nos muestra lo deshilachado del tejido social, que se vuelve tierra fértil para el incremento de la violencia en cada rincón de la sociedad. Las dos armas que se usaron en el ataque eran del abuelo, quien es el tutor del niño que disparó y no contaba con el permiso para tener dichas armas. De continuar pensando que la violencia solo corresponde al contexto del crimen organizado no habrá política pública eficiente que logre detener la escalada de violencia que vivimos en el país desde hace dos décadas.

No se trata solamente de revisar las mochilas, también es necesario que se lleven a cabo programas de salud pública que atiendan las condiciones mentales y emocionales de nuestra niñez. Es un hecho que una parte de la sociedad no quiere ver la gravedad del asunto, por ello la apuesta continúa siendo la puesta en marcha de paliativos. Desde luego que la enorme circulación de armas en México, 30 mil legales y 16.8 millones ilegales, es fundamental para tener eventos como el sufrido en Torreón, pero también las problemáticas sociales y culturales que no hemos solucionado son factores que intervienen de manera contundente para que se den este tipo de hechos lamentables.


 

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