México y sus dos pandemias
En la política como en la vida, no todo lo que brilla es oro, y lo menos peor suele resultar un espejismo catastrófico. Esta experiencia la han pasado muchos pueblos a través de la historia de la humanidad… y los mexicanos no podíamos ser la excepción.
Llegado al poder por el hartazgo que la ciudadanía tenía de los corruptos gobiernos prianistas, Andrés Manuel López Obrador ya venía arrastrando una enorme lista de inconsistencias que en cualquier otro país hubiera puesto en alerta máxima a los electores, como por ejemplo el negro historial de los operadores políticos que lo han acompañado durante los últimos veinte años, y los doce años que anduvo en campaña electoral ininterrumpida sin que se supiera exactamente cómo y quiénes financiaban los millonarios gastos que hacía viajando a lo largo y ancho del país.
Ya durante el proceso electoral de 2018, López Obrador manifestó abiertamente que de llegar a la presidencia no buscaría aplicar la ley al ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando eran más que evidentes las pruebas de infinidad de delitos graves que el mexiquense había cometido en el desempeño de sus funciones. Así, el mandatario tabasqueño desde antes de ganar las elecciones y de tomar posesión de su cargo ya había exonerado ilegalmente a Peña Nieto y, de facto, hasta desapareció su sexenio pues, como hemos visto, sus ataques se han centrado solamente en el ex presidente sátrapa Felipe Calderón, a quien culpa de todos los males que nos han sucedido, ignorando olímpicamente el sexenio del Chacal de Atenco, Enrique Peña.
Este hecho, que implica un pacto de impunidad, ya es más que conocido, inclusive fuera de nuestras fronteras, como conocida es la impunidad que López Obrador ha ofrecido también al ex mandatario Felipe Calderón, a quien señala y acusa de haber hundido a nuestro país pero nomás no le finca responsabilidades penales. Para más, y para vergüenza del gobierno lopezobradorista, es la justicia estadounidense la que está enjuiciando a uno de los colaboradores más cercanos de Felipe Calderón: el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de narcotráfico cometidos en nuestro país, cuando el gobierno de López Obrador es el que debería de tener encarcelado a este personaje siniestro.
Estos acontecimientos representan el inició de la primera pandemia que nos cayó a los mexicanos con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República y de sus huestes depredadoras al Congreso de la Unión y a los Congresos locales de varias entidades del país.
Con López Obrador en la presidencia se esperaba que los niveles de corrupción disminuyeran en el gobierno federal, pero de manera insultante han aumentado. Hoy, de 50 mil 447 contratos celebrados por la administración lopezobradorista en los primeros 4 meses de este año 2020, el 77.2% han sido otorgados por la vía de la adjudicación directa, y, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra La Corrupción y la Impunidad, Fonatur Tren Maya ha dado por medio de adjudicación directa el 92% de sus contratos en 2020, para realizar esta faraónica obra.
También sabemos que las ganancias que deje el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (de Santa Lucia) serán para la Secretaría de la Defensa, como si esa dependencia no recibiera uno de los presupuestos más altos de la federación. En un régimen “democrático” hay que tener más que bien atendidos a los militares… faltaba más. En contraste, López Obrador ha disminuido el presupuesto de rubros tan importantes como los de salud, desarrollo social e instituciones que atendían la violencia de género, y ha desaparecido fideicomisos en las áreas de ciencia, tecnología y cultura, medida que le da facultades para manejar a discreción más de 300 mil millones de pesos. Y por si esto fuera poco, este gobernante insaciable ya ha anunciado sus intenciones de apoderarse del manejo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), los activos administrados por las Afores se ubican en el segundo lugar del sistema financiero nacional, solo después de los bancos, con recursos que ascienden a tres billones 414,374 millones de pesos.
Mientras esto sucede, el gobierno cuatrotero de López Obrador ha perdido por completo el control de la otra pandemia que nos afecta, la del coronavirus, si es que algún día tuvo control sobre esta mortífera enfermedad contagiosa, y la penosa actuación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunciando una y otra vez la proximidad del pico de la pandemia y ocultando las cifras reales de decesos y contagios así lo ha demostrado.
La urgente ayuda económica gubernamental por la contingencia sanitaria no llegó ni llegará a los amplios sectores desprotegidos de la población de las 32 entidades federativas, y unos cuantos vivales han hecho grandes negocios comprando y vendiendo equipos e insumos médicos de pésima calidad a sobreprecios escandalosos. A la fecha, más de un millón de empleos se han perdido en el país por la inacción del gobierno de “izquierda” lopezobradorista, que ha dejado a la deriva a los pequeños y medianos empresarios al mismo tiempo que ha atiborrado de contratos millonarios, otorgados por adjudicación directa, a esos pocos magnates de la mafia del poder, esa mafia que públicamente siempre repudió López Obrador, pero con la que convivía íntimamente.
En este contexto, y a pesar de las campañas mediáticas con las que el gobierno cuatrotero ataca a la ciudadanía para intentar hacerle creer que todo va muy bien, cada día crece más el descontento popular hacia el gobierno del presidente López Obrador, y tan solo en este mes de junio de 2020 importantes sectores de la ciudadanía de casi todos los estados de la República se han manifestado pacíficamente un par de ocasiones en contra del régimen lopezobradorista, realizando caravanas automovilísticas que han impactado severamente la popularidad ya a la baja del mandatario tabasqueño.
Y en medio de todo este penoso espectáculo político, la cereza del pastel de la corrupción cuatroterista la puso recientemente la ex dirigente nacional del partido en el poder, Morena, Yeidckol Polevnsky, señalada por el actual líder nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, de haber desviado 395 millones de pesos en remodelaciones de edificios inexistentes, a través de contratos otorgados a su amigo, el empresario Enrique Borbolla García.
A grandes rasgos, esta es la “calidad moral” de las bandas delictivas que llegaron a “gobernarnos”, lideradas por Andrés Manuel López Obrador, un político extremadamente corrupto que durante las últimas dos décadas se manejó con una inusitada opacidad y subsistió sin un trabajo por el cual generara impuestos, y sin embargo hoy quiere escudriñar cada peso que ganan los contribuyentes de manera honesta.
Esas manifestaciones sociales y auténticas de rechazo al régimen mezquino y hambreado del presidente López Obrador, seguramente alcanzarán sus puntos más álgidos en los siguientes procesos electorales. La ciudadanía tenía derecho de entregarle el poder a este político para conocerlo a plenitud y conocer su forma de gobernar; ahora, después de la decepción, en 2021 y 2022 la ciudadanía también tendrá derecho de rechazar en las casillas electorales esta propuesta política perniciosa representada por personajes pusilánimes, corruptos, vulgares y fanáticos religiosos.