Juzgado Administrativo de Durango, el infierno de Salum y Pozo Riestra
Fernando Miranda Servín.
“Con la llegada de Jorge Salum a la presidencia municipal de Durango, la corrupción lejos de disminuir aumentó al doble”, así lo manifiestan empleados institucionales de este gobierno que laboran en las áreas de Contraloría, Protección Civil y Juzgado Administrativo.
Y es precisamente en esta última dependencia, el Juzgado Administrativo, en donde se han recrudecido más ciertas prácticas que simplemente rayan en el bandidaje.
En lo que se refiere a cuestiones administrativas de comercios y negocios de toda índole, las fuentes internas del municipio son contundentes: “El Juez Administrativo, Lic. Mario Pozo Riestra, tiene dos colaboradores muy especiales que se encargan de negociar las actas administrativas que levantan los inspectores municipales, para que los comerciantes, a cambio de dádivas, no paguen las multas que les corresponde pagar en las cajas de la dirección de Finanzas municipales (Tesorería); esto, por supuesto, causa molestia entre el personal de la Dirección Municipal de Inspección”, revelan los trabajadores.
De esta manera, cientos de miles de pesos dejan de ingresar a las arcas de la Tesorería municipal mientras en el Juzgado Administrativo un trío de vivales se enriquecen.
“Uno de estos personajes ya ha sido denunciado en las redes sociales, pero hasta el momento los comerciantes extorsionados no han querido proceder legalmente por temor a sufrir represalias en sus negocios ya que fueron amenazados con clausurarles sus comercios indefinidamente”, manifiesta un trabajador de la Dirección Municipal de Inspección.
Por otro lado, el reglamento interno del Juzgado Administrativo establece que los notificadores deben tener licenciatura: “Una buena parte de los notificadores no cuenta con título profesional, y esto lo sabe el titular, Lic. Mario Pozo Riestra, pero no hace nada para resolver esta anomalía”, manifiestan los denunciantes.
Respecto al área de Detenidos, la situación que se vive en las cuatro delegaciones del Juzgado Administrativo es indignante: “Los secretarios de acuerdos ya no tienen las facultades que tenían apenas el trienio pasado, que eran las de aplicar su criterio para establecer las multas y sanciones a los ciudadanos que son remitidos a las delegaciones. Ahora quien decide esto es una persona externa al Juzgado Administrativo, quien con la autorización del alcalde Jorge Salum y del Juez Administrativo Mario Pozo, impone a todos los ciudadanos remitidos arrestos de 36 horas por igual y, de acuerdo a su criterio, exige multas que oscilan entre los dos mil y 5 mil pesos, sin dar el comprobante oficial correspondiente”, exponen trabajadores de Contraloría.
Esta medida arbitraria y a todas luces ilegal ya está causando enardecimiento social en amplios sectores del municipio de Durango ya que, conforme a las fuentes citadas, “la Contraloría ya ha recibido muchas quejas de ciudadanos que manifiestan muy molestos que, aparte de no recibir el comprobante oficial por haber pagado la multa excesiva, tuvieron que esperar más de 24 horas para que a este personaje se le pegara la gana acudir a la delegación para ordenar la libertad de sus familiares, y todavía fueron amenazados con el argumento de que si seguían protestando, sus familiares detenidos serían arrestados de nuevo otras 36 horas, manifiestan empleados de Contraloría.
Cada semana, este sujeto, con el consentimiento del alcalde panista Jorge Salum y del Juez Administrativo, Lic. Mario Pozo Riestra, decide qué ciudadanos obtienen su libertad y cuándo, en las cuatro delegaciones del municipio de Durango. “La actitud prepotente y déspota de esta persona provoca que especialmente los fines de semana haya hasta más de 30 detenidos en cada delegación, en situaciones lamentables de hacinamiento y en alto riesgo de contagiarse de COVID19”, denuncian los trabajadores municipales.
Esta es la grave situación que se vive en las delegaciones del Juzgado Administrativo, ante la actitud omisa del corrupto presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Marco Antonio Güereca Díaz. Y este es el infierno en que se ha convertido el Juzgado Administrativo del municipio de Durango bajo la administración del Lic. Mario Pozo Riestra, un conocido fanático religioso católico que en sus redes sociales manifiesta y pregona principios morales que está muy lejos de practicar en su vida cotidiana.