Los virus de México: Covid-19 y violencia
Los virus siguen imparables. El Covid-19 y la violencia no dan tregua a la población y al gobierno. Estrategias van y estrategias vienen; unos pasos hacia adelante y otros tantos para atrás. Sea como sea, México hoy se encuentra en medio de la vorágine de la violencia e inseguridad y la pandemia del coronavirus. Por momentos, la pinza parece apretar demasiado y comenzamos a sentir la asfixia, sin olvidar la urgencia económica que mantiene al borde de la desesperación a millones de familias y no da tregua para mirar la luz al final del túnel. Estas, y no otras, han sido las pinceladas que han delineado este 2020. Brochazos que de una pasada han venido a cambiar o borrar los planes de gobierno que tenía la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
De cara a este panorama que no aparecía en el horizonte lopezobradorista se recomponen estrategias, se reasignan presupuestos, se cambian las prioridades, se cancelan proyectos, se mantienen otros planes, aparecen nuevos derroteros, se remueven funcionarios, en una frase: se saca agua del pozo para no morir de sed.
Desde el inicio de este gobierno establecimos que como acciones prioritarias para combatir al crimen organizado con mejores resultados, era necesario que se cambiara la estrategia militar fallida puesta en marcha desde tiempos de Felipe Calderón; que se llevara a cabo una verdadera limpieza en las corporaciones policiacas encargadas del combate al narcotráfico y crimen organizado en general; que era necesario invertir mayores recursos para erradicar la pobreza y fortalecer la educación; pero sobre todo, que urgía que se atacara el sistema financiero de las células delincuenciales y se desmantelara el entramado de actividades paralelas del narcotráfico como el secuestro, el tráfico de personas, la piratería, la extorsión, la trata de personas y el financiamiento de campañas políticas.
Sin duda, en esta administración federal la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está jugando un papel fundamental para combatir desde otra trinchera al crimen organizado, esto es, buscando estrangular el flujo de dinero que tiene el crimen organizado a través de un sistema de blanqueo de recursos y emisión de facturas falsas, recursos con los cuales las células criminales compran voluntades políticas y aceitan el sistema de corrupción e impunidad para realizar sus actividades delincuenciales.
El mejor ejemplo de las operaciones de la UIF, es el llamado “Operativo Agave Azul”, realizado en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), para bloquear mil 939 cuentas: Mil 770 de personas físicas, 167 de empresas, así como dos fideicomisos, todas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas operaciones han sido realizadas principalmente en la CDMX y en los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
Los números que arrojaron las investigaciones fueron 2 mil 571 operaciones “inusuales” con un monto total de 2 mil 951 millones de pesos; 38 mil 459 reportes de operaciones “relevantes”, con un monto de 11 mil 478 millones de pesos; 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos; 8 mil 424 reportes de transferencias internacionales por 7 mil 216 millones de pesos; y 2 mil 102 reportes de movimientos en dólares americanos que ascendieron a 2 millones 955 mil dólares (Semanario Zeta, 24 de junio de 2020).
Por otro lado, desde marzo pasado se dieron a conocer los resultados de la operación Pitón, mediante la cual se realizaron 350 investigaciones y fueron detenidos 700 presuntos integrantes del CJNG, y se les decomisaron 20 toneladas de narcóticos, diversas propiedades y 22 millones de dólares (La Jornada, 22 de junio de 2020).
En la misma dinámica de la lucha contra el crimen organizado teniendo como estrategia cerrarles la llave del dinero en efectivo, se inscribe la operación contra las empresas factureras que asesoran a sus clientes para emitir facturas falsas como método de evasión fiscal. La investigación de la UIF reveló 22 millones de facturas que ampararon operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos en 2017 (La Jornada, 18 de junio de 2020). Dinero y más dinero que necesita el crimen organizado para operar.
Desde luego, las reacciones de las células del crimen organizado no se dejaron esperar. En ese contexto podemos enmarcar los actos de violencia de Caborca, Sonora, donde el viernes 19 de junio bandas del crimen protagonizaron enfrentamientos y asesinaron al menos a doce personas, además de incendiar casas habitación, automóviles y gasolineras.
Asimismo, en Guanajuato se vivieron horas de angustia por la detención de la madre (ya quedó en libertad), una hermana y una prima del líder del cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Las mujeres fueron capturadas en Celaya, en posesión de alrededor de 2 millones de pesos en efectivo y un kilogramo de metanfetaminas. Como respuesta, los miembros del CSRL quemaron vehículos para bloquear vialidades y atacaron negocios de Celaya para distraer a la autoridad.
El último ataque frontal al gobierno mexicano fue el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien fue emboscado el pasado viernes 26 de junio por un comando de cerca de 20 personas presuntamente pertenecientes al CJNG. El ataque podría haber sido como represalia por los golpes dados a esa organización en varios puntos de la CDMX y otros estados del país.
Así el panorama del virus de la violencia en la República.
En cuanto al coronavirus, las cosas no marchan mejor. Es cierto que “actualmente la velocidad de alza por casos confirmados es de 1.9 por ciento respecto al día anterior, mientras el 15 de marzo era en promedio del 30 por ciento con relación a los días previos. En el mismo periodo, por número de casos confirmados el crecimiento pasó de 16 a 2.2 por ciento”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; sin embargo, las cifras siguen mostrando que nos encontramos en un momento muy crítico para la reapertura económica, pero sociedad y gobierno no tenemos muchas opciones más: iremos abriendo poco a poco y extremando precauciones.
Por momentos el virus no cede y nos pone contra las cuerdas: ya brincamos la barrera de los 218 mil casos confirmados de Covid-19 y más de 27 mil decesos. Si bien la capacidad hospitalaria instalada y reconvertida aún no ha sido superada y las unidades médicas no han colapsado, no podemos afirmar que eso no sucederá. En tanto, las estrategias del gobierno deben ser las más adecuadas para evitar una mayor tragedia a la vivida hasta estos momentos.
Sea como sea, entre el coronavirus y la violencia se ha desplomado nuestra economía, y las proyecciones para recuperar lo perdido en estos poco más de cien días no son nada favorables, a pesar del entusiasmo del presidente López Obrador. Recuperar los empleos perdidos y echar andar la maquinaria económica parada estos meses será harto complejo.
Por si esto no fuera suficiente, al interior del primer círculo de gobierno de la 4T se ventilan casos presuntamente de corrupción que involucran a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, y a su esposo, el académico John Ackerman, por no haber reportado adecuadamente en su declaración patrimonial las propiedades que poseen. Más allá del fin que tuvieron los reportajes periodísticos que dieron cuenta de la situación irregular en cuestión, y de las acusaciones que ha realizado el académico a ciertos periodistas, lo mejor para la 4T y la República es que se aclare el monto y el origen de las propiedades y se demuestre en los hechos que el combate a la corrupción va en serio.
Por último, vale la pena recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que el encargado de organizar y vigilar las elecciones es el Instituto Nacional Electoral, que independientemente de los errores que comete es un organismo ciudadanizado que ha costado mucho trabajo construir, y que lejos de quitarle atributos y responsabilidades, debemos mejorar su funcionamiento y transparencia; debemos estar lejos de pensar en regresar los procesos electorales a manos de la Secretaría de Gobernación. Esa historia ya la conocemos.