Ni comunistas ni socialistas, son bandoleros saqueadores del erario
Una de tantas definiciones del Comunismo expresa que es una doctrina económica y política que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción están en manos del Estado, que distribuye los bienes de manera equitativa y según las necesidades de la sociedad. Por otro lado, al Socialismo se le define como una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas.
Es indudable que el régimen que está imponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy lejos de estas definiciones, ya que prácticamente a dos años de haber llegado al poder, las huestes cuatroteras al servicio del jerarca tabasqueño no han estatizado ningún bien privado; por el contrario, en el gabinete presidencial le han dado cabida y privilegios a destacados integrantes de la oligarquía nacional, como el actual Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, y ese “asesor financiero” mezquino y voraz, propietario del consorcio TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Otros empresarios como Carlos Hank Rhon y su hijo Carlos Hank González, homónimo de su abuelo al que el mismo López Obrador describió en 1996 como “el gran capo de la política mexicana”, ocupan el tercer lugar como los empresarios que más contratos y más dinero han recibido del gobierno del inescrupuloso mandatario tabasqueño. En contraste con este auge, miles de trabajadores han sido despedidos del gobierno federal y otros miles han perdido su empleo durante la pandemia del COVID19.
Como ya es más que sabido, la administración lopezobradorista no está distribuyendo los bienes de la nación de manera equitativa, pues, hasta el momento, cientos de miles de millones de pesos del erario han sido despilfarrados en sus proyectos inviables y devastadores como el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, mientras reparte migajas a jóvenes y adultos mayores con sus programas asistenciales plagados de corrupción y clientelismo. Así, con estas grandes incongruencias, el lopezobradorismo queda evidenciado no como un régimen comunista o socialista sino como una agrupación de mafias integradas por auténticos bandoleros especializados en saquear el erario de las instituciones del Estado mexicano, tanto para financiar sus campañas electorales de 2021 y 2022 como para enriquecerse de manera brutal.
Para López Obrador las necesidades de la sociedad son “sus necesidades”, como ese gran disparate de someter a consulta popular si se enjuicia o no a los expresidentes, cuando cualquier ciudadano medianamente preparado sabe que la ley no se consulta pues, como lo establece nuestra Carta Magna, si una persona es acusada de cometer un delito será el ministerio público quien investigue, recabe las pruebas y consigne el expediente ante un juez, para que este, conforme a derecho, deseche las acusaciones u ordene la aprehensión y encarcelamiento del presunto delincuente.
Pero hoy López Obrador, presionando, sobornando o extorsionando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha convertido la justicia en un lastimoso espectáculo de merolico banquetero, en el que cualquier criminal puede ser exonerado y los culpables por culposos pueden ser condenados por la “voluntad popular”.
Así, de manera inverosímil, en este gobierno pseudoizquierdista hemos caído a los tiempos cuando las sociedades dirimían sus diferencias con métodos primitivos muy parecidos al que el cuatrotero mayor va a practicar, precisamente dentro del proceso electoral de 2021, en el que se incluirá la boleta de la ignominiosa encuesta.
Mientras este vergonzoso circo se lleva a cabo, la ciudadanía padece las terribles consecuencias de la negligencia criminal del gobierno lopezobradorista ante la pandemia del COVID19, irresponsabilidad que ya ha provocado más de 80 mil muertes registradas (que podrían ser más de 200 mil por la enorme corrupción que ha ejercido la administración federal en el manejo de las cifras); los homicidios dolosos ya superan los 70 mil decesos; más de mil 700 niños con cáncer han fallecido por falta de medicamentos; el presupuesto a la educación ha sido reducido en un 35%; el 80% de los contratos que ha otorgado el gobierno federal los ha realizado por medio de la adjudicación directa, convirtiéndose en el gobierno más corrupto de los últimos tiempos; con la desaparición de los 109 fideicomisos, los más de 70 mil millones que disponían para el desarrollo de proyectos científicos, técnicos y culturales, así como para la atención de desastres naturales y protección a defensores de derechos humanos y periodistas, ahora tendrán un destino incierto, pues tal cantidad de dinero no será etiquetada ni sujeta a controles estrictos de revisión. En este atropello cabe destacar que dos fideicomisos manejados por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos montos ascienden a 100 mil millones de pesos, no fueron tocados por la voracidad de las huestes cuatroteras al servicio del mandatario López Obrador, quien cada día se asemeja más a los presidentes totalitarios represores priístas de las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta, con la diferencia de que aquellos de menos no destruyeron las instituciones públicas, como lo hace el deplorable inquilino de Palacio Nacional.
Catalogado recientemente como el “nuevo caudillo autoritario” de Latinoamérica por el diario londinense Financial Times, López Obrador no desmiente a este importante medio de comunicación y todos los días desde su púlpito presidencial mañanero continúa denostando y descalificando a todos aquellos que se atreven a criticar sus yerros y a denunciar sus corruptelas e incongruencias.
“Cuando un presidente exige lealtad ciega a los funcionarios, deberían sonar las alarmas. Cuando pide una votación del pueblo para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el cuerpo electoral independiente y avergüenza en público a quienes lo critican, hay buenas razones para sentir miedo”, expresó en el inicio de su demoledor editorial el Financial Times.
Lo peor de esto es que todos los gobernantes y representantes populares de la corriente política del mandatario nacional actúan con esa misma línea de intolerancia, deshonestidad y total falta de transparencia, como por ejemplo los diputados morenistas que han llevado las riendas del Congreso de Durango, que el pasado 8 de octubre fue calificado como uno de los Congresos locales menos transparentes de la República mexicana por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), que lo colocó en el penoso lugar 27 a nivel nacional.
Estos diputados morenistas que han presidido la Junta de Coordinación Política del Congreso duranguense (Sandra Amaya y César Aguilar Palacio), junto con el legislador priísta Esteban Villegas Villarreal, son los responsables de que los casi 600 millones de pesos que esta legislatura ha gastado en los dos años que lleva en funciones tengan un destino incierto, pues no manifiestan en la Plataforma Nacional de Transparencia cómo, cuándo, dónde y con quiénes han gastado esa enorme cantidad de dinero.
Hoy, en este proceso electoral de 2021 que ya ha comenzado, lo más probable es que la mayoría de estos morenistas inmorales aspiren a ocupar otros cargos de representación popular y sin pudor alguno vuelvan a pedirle el voto a la ciudadanía.
Lo vergonzoso y triste de este panorama es que los demás partidos tampoco se salvan de una severa crítica social, pues en esta entidad gobernada por panistas a nivel estatal y en su capital, y por priístas en 16 de sus 39 municipios, estos han dado muestras de una corrupción sin precedente por lo que la ciudadanía duranguense tendrá muy pocas opciones que la convenzan para salir de sus casas el próximo 6 de junio de 2021 y votar por algún candidato que lejanamente pudiera valer la pena.