El pacto fiscal: dinero y política

El pasado 26 de octubre los diez gobernadores que conforman la Alianza Federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas), realizaron por separado, pero de manera simultánea, diversos eventos donde exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no aplique recortes al presupuesto 2021 y detenga la eliminación de 109 fideicomisos; además de solicitarle una audiencia en Palacio Nacional para dialogar sobre la vigencia del pacto fiscal, del cual amenazaron con salirse.

En la mayoría de los eventos, los gobernadores mostraron músculo político haciéndose acompañar de representantes de casi todos los sectores de la sociedad: dirigentes empresariales, industriales, sindicatos oficialistas, sacerdotes, rectores de universidades públicas y privadas, políticos diversos y asociaciones civiles. Como en los viejos tiempos del sistema político mexicano, o quizá no tan viejos, la cargada cerró filas con los mandatarios estatales.

La narrativa de los gobernadores subió de tono ante lo que consideran un castigo del gobierno federal por las críticas realizadas hacia el manejo de la economía y de la pandemia del coronavirus que ha manchado a la Cuarta Transformación. Así, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, afirmó: “Ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”. Por su parte Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, advirtió que la Alianza Federalista podría abandonar el pacto federal. Desde Michoacán, Silvano Aureoles, sentenció: “si el gobierno federal no dialoga con los gobernadores federalistas marcará el inicio del rompimiento del pacto federal. Jaime Rodríguez Calderón, mandatario de Nuevo León, sostuvo que: “si el presidente sigue sin escuchar los reclamos de la Alianza Federalista, ocasionará el primer rompimiento que va a terminar con esta República y estará generando una confrontación innecesaria que pondrá a prueba el carácter de cada región del país”. Así el tono de los gobernadores para dejar en claro su inconformidad por el trato recibido desde la federación y el recorte del presupuesto para el año entrante.

La respuesta del presidente de la República; de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera; de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila; y de algunos mandatarios estatales afines a López Obrador, no se hizo esperar.

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Tanto los gobernadores de la Alianza Federalista como el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador harán uso del erario con fines electorales en 2021. Miles de millones de pesos de la ciudadanía serán dilapidados de manera infame por los grupos delictivos políticos de todos los colores para obtener o mantener sus parcelas de poder a lo largo y ancho de nuestro país.

El inquilino de Palacio Nacional caminó por varias veredas: primero, les propuso a los mandatarios realizar una encuesta para conocer si la gente quiere que sus estados abandonen el pacto fiscal federal; en seguida, afirmó que el gobierno central no le debe recursos a ningún estado de la República, que las participaciones hacendarias se entregan puntualmente; y que, al contrario, algunos gobiernos estatales deben recursos a la federación. Antes de acceder a reunirse con los mandatarios estatales, después de negarse, remató con dos sentencias lapidarias donde afirmó que el motor de los gobernadores son las ansias electorales y que no habrá más recursos para los estados porque los apoyos a la gente se continuarán entregando de manera directa, no a través de las administraciones estatales.

Por su parte, Arturo Herrera se mostró sorprendido por el rechazo al pacto fiscal, sobre todo de los gobernadores panistas, pues afirmó que el mencionado acuerdo es producto de la reforma hacendaria de 2007, impulsada por el ex presidente Felipe Calderón y apoyada en el Senado por la totalidad de legisladores panistas, entre ellos el mismo Javier Corral. La encargada de la política interna, Olga Sánchez, llamó a todos los mandatarios estatales a ejercer un federalismo “responsable, justo y equitativo” para hacer frente, en unidad, al rebrote por Covid19. Ricardo Monreal llamó al diálogo y no profundizar la confrontación.

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Arturo Herrera, secretario de Hacienda, fue desmentido por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien le recordó que en 2007, año en que se votó el pacto fiscal federal en el Senado de la República, él no era senador, sino presidente del Consejo directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los gobernadores de la Alianza Federalista “ponerse a trabajar para el beneficio de sus comunidades, sobre todo en este momento de crisis económica y sanitaria que vive el país, y señaló que además de ser inconstitucional romper el pacto federal, no hay razones para abandonarlo”.

Quienes se mantuvieron al margen de la discusión esperando ver correr el agua fueron los nueve gobernadores priistas que no participan en la Alianza. Recordemos que solo dos mandatarios tricolores forman parte de ese grupo.

Como ha sucedido con otros movimientos en contra del presidente, los aliancistas reaccionaron a favor de las sugerencias del mandatario, e inmediatamente los gobernadores de Jalisco y Nuevo León le tomaron la palabra a López Obrador para llevar a cabo la consulta ciudadana y saber si la población quiere salir o permanecer en el pacto fiscal.

Desde luego, estamos de acuerdo en los ejercicios de preguntarle a la población su sentir sobre las decisiones que se deben tomar desde el gobierno; siempre será mejor preguntar que ignorar a la ciudadanía, sin importar quién sea la autoridad que convoca la consulta, siempre y cuando esté apegada a nuestra Constitución. En ese sentido, valdría la pena que los gobernadores tengan presente los escenarios a los que se enfrentarían con los resultados: por un lado, el rechazo a dejar el pacto fiscal, que sería lo mejor; y por otro, aceptar abandonarlo, situación que les traería dos problemas de inmediata resolución: cómo hacerse de los recursos que hoy llegan de la Federación y el proceso legal para salirse del pacto.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en promedio 80.3% de los ingresos estatales provienen de la Federación, situación que complica demasiado la posibilidad de los estados de volverse autosuficientes, lo que obligaría a las entidades a crear nuevos impuestos o aumentar los que ya existen para cubrir el déficit que representaría dejar de recibir recursos del gobierno federal, y cargar con el costo político de las nuevas imposiciones fiscales.

En lo referente al proceso legal, entrar o salir del pacto es voluntad de los estados, pero para concretar la acción es necesaria la aprobación de los Congresos locales, lo que llevaría tiempo hacerlo, y desde luego, no todas las fracciones representadas en las legislaturas locales están de acuerdo con salirse del pacto, lo que alargaría la decisión. Por otro lado, en caso de seguir adelante y abandonar el pacto, las entidades deberán ajustar su presupuesto tomando en cuenta los montos que no recibirían de la Federación.

Luego del amague de los gobernadores aliancistas quedan claras cinco cosas: 1) mostraron una posición imprudente en tiempos de contingencia sanitaria y atorón económico; 2) la posibilidad de que la Alianza Federalista tenga efectos favorables sobre el presupuesto del 2021 es realmente pequeña; 3) la tregua AMLO-gobernadores continúa siendo de ornato, parece naturaleza muerta; 4) las consultas siguen teniendo solo el respaldo de quienes las proponen y las organizan; 5) una de las partes está mintiendo pues el presidente asegura que los estados le deben dinero a la Federación y los gobernadores afirman lo contrario; y 5) son los dineros y los intereses político-electorales, no el federalismo, lo que está detrás de la Alianza de los gobernadores.

Lo que sea, este tipo de disputas entre fracciones políticas que solo velan por sus intereses únicamente perjudican a la ciudadanía.


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