AMLO estaba obligado a no fallar… y falló
Desde 1996, cuando fue dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador dio sus primeras muestras de corrupción al implantar su nefasta práctica de exigir un diezmo a todos aquellos servidores públicos que ocuparan cargos directivos en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Esto y las cuotas impuestas a los jefes delegacionales perredistas significaron un río de recursos ilícitos que el político tabasqueño y su élite cercana manejaron a discreción, sin rendirle cuentas a nadie. Luego, como jefe de gobierno de la capital del país, solapó los saqueos de su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, y le restregaron en su cara los videos de sus colaboradores cercanos, René Bejarano, Ramón Sosamontes y Carlos Ímaz, recibiendo cantidades estratosféricas de dinero. Como buen capo mafioso, López Obrador nunca fue indiciado pues eran otros los que hacían el trabajo sucio en beneficio de su clan político-delincuencial.
Con estos antecedentes ningún político hubiera llegado a la presidencia de su país, pero por desgracia quienes gobernaron los últimos 18 años eran peores que él, argumento que López Obrador supo explotar para denostar y criticar a esos regímenes panistas y priístas ya desgastados y repudiados por la ciudadanía en general.
El electorado, fastidiado del panismo y priísmo corruptos, decidió darle la oportunidad a la “izquierda”, representada por un López Obrador improvisado y extremadamente limitado política e intelectualmente. Se pensaba que nada podía ser más catastrófico que los últimos dos sexenios presididos por un panista sátrapa y corrupto como Felipe Calderón y un priísta saqueador e inepto como Enrique Peña Nieto.
Pero los discursos esperanzadores y falsos pronunciados en la campaña electoral por el político sureño comenzaron a caerse a pedazos desde el primer año de su gestión presidencial, en el que de manera inverosímil y alegando prácticas de corrupción el gobierno lopezobradorista cortó de tajo programas sociales importantes que golpearon directamente los bolsillos de la ciudadanía y su seguridad, como las estancias infantiles y los programas contra la violencia de género e intrafamiliar. Y de ahí siguió un cúmulo de agresiones al erario disfrazadas de “medidas de austeridad”, que han lesionado sobre todo al sector salud, provocando la muerte de miles de personas, específicamente niños y mujeres con cáncer, por el negligente desabasto criminal de medicamentos.
En lo que respecta a seguridad, el panorama empeoró con López Obrador superando los 60 mil homicidios dolosos en sus dos primeros años de gobierno, y sentando sus reales el crimen organizado en amplias zonas del país.
En el terreno de la corrupción, la 4T ha resultado tan igual o peor que sus antecesores con su récord del 85% de adjudicaciones directas de contratos realizados por el gobierno federal, la mayoría de ellos con empresas formadas al vapor y empresas fantasmas. Desde la campaña presidencial de 2018, por ejemplo, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, entonces director del periódico Regeneración, medio de difusión del partido Morena, pagó fuertes cantidades de dinero a una empresa fantasma “por trabajos de impresión”. Sin embargo, Jesús Ramírez Cuevas no ha sido indiciado por este delito que las mismas huestes cuatroteras al servicio de López Obrador tipificaron como delito grave. De igual manera grotesca, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del “Eliot Ness Mexicano”, Santiago Nieto, exoneró de toda culpa a Pío López Obrador, el hermano hampón del presidente, ese que millones de mexicanos vimos en un video recibiendo bolsas de papel repletas de dinero para financiar la campaña de su hermano Andrés. Así también, los ciudadanos hemos sido testigos de las exoneraciones de cuatroteros prominentes como Manuel Bartlett, Carlos Lomelí y la misma secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señalados por incurrir en conflictos de intereses y por no declarar sus fastuosos patrimonios inmobiliarios.
Con un aumento de más de 10 millones de pobres debido a las pésimas medidas económicas que se han tomado desde antes de la pandemia, y una impunidad galopante, López Obrador y su partido Morena, integrado por voraces saqueadores, se acercan al escrutinio ciudadano que se llevará a cabo en junio de 2021, y las expectativas para este conglomerado delincuencial no son tan halagüeñas, mucho menos por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que los legisladores morenistas acaban de aprobar y que perjudica de manera infame a toda la ciudadanía mexicana, ensañándose, por instrucciones presidenciales, con esos estados cuyos gobernadores integran la Alianza Federalista, a los que por caprichos y venganza López Obrador ha ordenado reducirles sus presupuestos, afectando no a las clases políticas de estas entidades pues estas nunca sufren, sino a sus ciudadanos.
Así, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el plan de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, por 6.2 billones de pesos, no da respuesta adecuada a la pandemia ni a la recesión que enfrenta el país. En tiempos extraordinarios, los programas sociales continuarán sin que se planee poner en marcha un programa específico para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia.
Por otro lado, apunta el IMCO, los proyectos del Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, Corredor Transístmico y Tren México-Toluca recibirán casi el doble de los recursos que recibieron en 2020, pese a cuestionamientos de expertos sobre su conveniencia y rentabilidad. Ante la mayor crisis de salud pública que ha atravesado México, el gasto destinado a la salud no crece en el IMSS ni en el ISSSTE: es inercial. Los recursos de los 109 fideicomisos y los 33 mil millones del Fondo de Salud para el Bienestar no se ven reflejados en nuevo gasto en salud.
El IMCO también apunta que no hay expansión sustantiva del gasto público, que cae un 1% en términos reales respecto al PEF 2020.
A todo esto se agrega la eliminación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), otorgado a los municipios, que ahora lo manejará la Guardia Nacional, cuyo papel ha dejado mucho qué desear en el combate a la delincuencia organizada.
Así las cosas, son varios cientos de miles de millones de pesos los que las hordas depredadoras del Congreso de la Unión, afines al presidente López Obrador, han desaparecido del PEF 2021, sin que se sepa cuál ha sido su destino, aunque ya sabemos que toda esa cantidad descomunal de dinero público será destinada a la compra de votos para el partido Morena en las próximas elecciones intermedias, en las que estará en juego la continuidad del régimen “izquierdista”, un régimen que se ha caracterizado por beneficiar a través de actos de corrupción a esa oligarquía selecta que lo ayudó a llegar al poder y a sus prominentes integrantes, no al pueblo de México que sigue estando en iguales o peores condiciones que las que padeció durante los nefastos gobiernos del PAN y el PRI.
En 2021 la ciudadanía decidirá su destino, y no le perdonará a López Obrador los errores y abusos que ha cometido, pues por sus antecedentes deleznables estaba obligado a no fallar… y falló.