Fiscalía vuelve a torcer la ley

Fernando Miranda Servín.

Después de un año y medio de haber presentado su denuncia por hostigamiento sexual y amenazas en contra de su ex jefe laboral, el conocido perredista ex director de la Librería UJED, Gamaliel Ochoa Serrano, la víctima, Lucía Isabel Álvarez Ramírez, tuvo justicia a medias gracias a la protección que el agresor sexual recibió por parte de la Fiscalía General del estado de Durango, a cargo de la Lic. Ruth Medina Alemán. Y es que, de acuerdo al testimonio de la víctima, la ministerio público que llevó el caso, la Lic. María del Refugio Salinas Quiñones, desempeñó un papel muy sesgado al no consignar en la carpeta de investigación pruebas relevantes que inclusive fueron aportadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “La ministerio público María del Refugio Salinas desechó premeditadamente el peritaje que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó a mi teléfono celular, con el que se comprobaba la autenticidad de los mensajes de hostigamiento sexual que Gamaliel Ochoa me enviaba. También, ésta ministerio público no consideró en la carpeta de investigación los documentos que los representantes jurídicos de la UJED presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los que reconocen la relación laboral que tuve con esta casa de estudios”, denuncia Lucía Isabel Álvarez Ramírez.

El artículo 182 del Código Penal del estado de Durango establece que: “Comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie en forma reiterada a una persona con fines sexuales y amenace con causarle un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule por la posición jerárquica derivada de una relación laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole; se le impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de 72 a 360 veces la Unidad de Medida y Actualización”.

Debido a este proceder anómalo de la ministerio público María del Refugio Salinas Quiñones, la Jueza de la causa penal 55/2020, Lic. Yesika Liliana Ramos Rodríguez, no pudo imputarle al agresor el delito de Hostigamiento sexual, reclasificándolo solamente como Acoso sexual, un delito cuya pena es irrisoria, como se puede observar en el artículo 182 bis, que dice: “Comete el delito de acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a una persona con la que no exista relación de subordinación, mediante conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad que la ponga en riesgo o le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad; al responsable se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 36 a 216 veces la Unidad de Medida y Actualización”.

Esta reclasificación benefició sobremanera al presunto agresor sexual perredista, ex subsecretario de la secretaría de Bienestar del gobierno estatal panista, pues no está obligado a pagar a la víctima una indemnización por el grave perjuicio económico que le ocasionó por haberla despedido injustificadamente de su trabajo cuando ésta se negó a su exigencia de acompañarlo a un hotel para tener relaciones sexuales. Las únicas medidas de restricción que le fueron impuestas fueron las de acudir cada mes a estampar su firma en una libreta del CERESO, no acercarse a la víctima y darle la raquítica suma de 2 mil 500 pesos para pago de consultas con un psicólogo. Así, de esta manera sucia, la Fiscalía General del estado de Durango protegió a este peligroso sujeto, dejando también archivada la denuncia de amenazas interpuesta por la víctima.

Al mismo tiempo que Lucía Isabel Álvarez Ramírez ha sufrido este atropello por parte de la Fiscalía General de Durango, la UJED, a cargo del rector corrupto Rubén Solís Ríos, continúa sin pagarle el tiempo que laboró en la Librería UJED, así como la indemnización correspondiente por despido injustificado, a pesar de que los representantes jurídicos de la máxima casa de estudios duranguense reconocieron por escrito ante la CEDH y ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la relación laboral que Lucía Isabel Álvarez tuvo con la UJED.

Hoy, cansada por la enorme corrupción e ignominia a la que se ha enfrentado durante este año y medio, Lucía Isabel Álvarez declara: “Ya no pude presentar mi apelación pues no tengo dinero para seguir pagando abogados, ya llevo un año y medio luchando contra la corrupción de la Fiscalía y de la UJED. En diciembre pasado la ministerio público que llevó mi caso no me notificó las audiencias a las que estaba citada. Hubo mucho dolo y una abierta protección a mi agresor por parte del gobierno estatal”.

No es la primera vez que la Fiscal Ruth Medina y sus subalternos retuercen la ley para favorecer a personajes nefastos ligados a la clase política duranguense.

El caso de Lucía Isabel es un retrato más de la vileza con la que se conducen los “servidores públicos” de la Fiscalía General de Durango y un ejemplo del por qué esta entidad ocupa el primer lugar en percepción de corrupción e impunidad a nivel nacional.