Congreso de Durango: Los diputados corruptos y el auditor incómodo

    Fernando Miranda Servín.

    En mayo de 2020, el C.P. Francisco Javier Guevara Morales fue nombrado titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado por los diputados del Congreso de Durango. En plena pandemia del coronavirus, el papel de esta dependencia pasó desapercibido, hasta que el 16 de febrero de este año 2021 comenzó a ser noticia local: un grupo minoritario de empleados de la EASE, afiliados al Sindicato de los Tres Poderes, regenteado por la lideresa corrupta Carmen Villalobos Valenzuela, denunció en los medios de comunicación “la falta de pago a los 130 empleados de la EASE”. En las puertas del Congreso, la lideresa sindical de marras exigió la renuncia del titular de la EASE, C.P. Francisco Javier Guevara Morales.

    La diputada morenista Sandra Amaya Rosales, junto con la dirigente corrupta del Sindicato de los Tres Poderes, Carmen Villalobos, orquestó las protestas de trabajadores de la EASE contra el auditor Francisco Javier Guevara.

    Este burdo teatro comienza a ser desmantelado por empleados de la misma EASE, que revelan lo siguiente: “En ningún momento sufrimos ‘falta de pago’ por parte del auditor Francisco Javier Guevara Morales, fue la presidenta de la JUCOPO, Sandra Amaya Rosales, quien ordenó retener los pagos. Fue ella quien en contubernio con la lideresa Carmen Villalobos hicieron el montaje para destituir al auditor. Después del 16 de febrero nosotros recibimos nuestro cheque con fecha del 15 de febrero, no hubo falta de pago, lo que hubo fue una retención de los cheques por parte de la diputada Sandra Amaya”, denuncian los empleados de la EASE.

    Ahora se sabe también que algunos trabajadores de la EASE, pertenecientes al Sindicato de los Tres Poderes, perdieron sus privilegios con la llegada del auditor Guevara Morales: “El auditor se negó a pagarles una ‘compensación’ mensual en efectivo que habitualmente recibían en las administraciones anteriores, una ‘compensación’ que no tenía ninguna razón ni justificación”, agregan los trabajadores.

    El auditor incómodo, Francisco Javier Guevara, se negó a pagar “compensaciones” en efectivo a trabajadores sindicalizados y tocó intereses de la mafia morenista en Gómez Palacio.

    Luego de algunos meses en el cargo, el auditor Francisco Javier Guevara Morales comenzó a ser incómodo, tanto para los trabajadores sindicalizados como para los diputados corruptos del Congreso, que ni tardos ni perezosos decidieron recortar el presupuesto a la EASE.

    “El año pasado tuvimos un presupuesto de 52 millones y este año 2021 los diputados nos recortaron ese presupuesto a 30 millones de pesos. Con esto, nuestra capacidad operativa, por ejemplo para auditar municipios, se redujo drásticamente”, manifiestan los empleados de esta dependencia, y abundan: “Esos 22 millones de pesos que nos quitaron regresaron a las arcas del Congreso y hasta el momento no se sabe qué destino tuvieron”.

    Sobre la ampliación del comedor en las instalaciones de la EASE los trabajadores exponen: “Ese gasto era necesario por las condiciones de hacinamiento que teníamos, no podíamos seguir consumiendo nuestros alimentos durante la pandemia en los espacios tan reducidos que teníamos: 3 comedorcitos de 1.30 metros por 4 metros cuadrados cada uno, para 130 personas”.

    Marina Vitela Rodríguez, alcaldesa morenista de Gómez Palacio: nepotismo y corrupción, sus principales cartas de presentación rumbo a la gubernatura de Durango.

    Otro de los móviles que apresuró la movilización para deshacerse del auditor incómodo fueron las investigaciones que precisamente hace esta entidad a los municipios: “El municipio de Gómez Palacio presenta muchas anomalías en la actual administración de la morenista Marina Vitela Rodríguez, esta fue una de las razones principales por las que el auditor fue presionado para que renunciara”, finalizan los empleados de la EASE.

    Como se sabe, la alcaldesa morenista y nepotista de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, es una de las “cartas fuertes” del partido Morena para contender por la gubernatura de Durango en 2022.

    El Congreso de Durango, durante esta LXVIII Legislatura integrada por una mayoría de diputados morenistas encabezados por la presidenta de la JUCOPO, Sandra Amaya, se ha convertido en uno de los congresos más corruptos de la República mexicana, cuya mayoría de gastos presupuestales, que ascienden a más de 300 millones de pesos anuales, no han sido justificados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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