A la ya de por sí difícil situación económica y de salud a consecuencia de la pandemia de covid19; a los altos niveles de violencia e inseguridad, producto de la multiplicación de los grupos criminales y lo poco eficiente de la estrategia contra el crimen organizado; a la creciente polarización de la sociedad y los propios encontronazos entre los partidos políticos en esta época electoral, se suman a nuestra realidad cotidianamente un sinnúmero de desencuentros entre los poderes de la Unión, los organismos autónomos, los gobiernos estatales, la Fiscalía General de la República, los partidos políticos, el sector empresarial y los medios de comunicación. Todos y cada uno de los actores políticos en algún momento se suben al ring para liarse en combate con quien acepte el reto. Las trincheras son variables, los motivos interminables, los avances democráticos menores, la incertidumbre mayor.

Durante el mes de abril asistimos a varios desencuentros entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Morena. El motivo fue la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Las razones que argumentaron las autoridades electorales refieren la falta en que incurrieron los precandidatos al no comprobar ingresos por 14 mil pesos, en el caso de Morón, y de 19 mil en el de Salgado, como recursos utilizados para sus acciones de proselitismo.

Desde la conferencia mañanera la respuesta de López Obrador no se hizo esperar. El inquilino de Palacio Nacional aseguró que esa sentencia fue un golpe a la incipiente democracia mexicana y un exceso; no obstante, llamó a la población de Guerrero y Michoacán a acatar la decisión, no desmoralizarse, sustituir a los candidatos y no caer en la provocación. Remató con una dura sentencia: “el INE y el TEPJF son órganos creados para que no haya democracia”. Por un momento olvidó que ambas instancias fueron las encargadas de sancionar y ratificar la elección de 2018, donde el tabasqueño resultó ganador.

Por su parte, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó por unanimidad al diputado local con licencia Alfredo Ramírez Bedolla como nuevo candidato del partido a la gubernatura de Michoacán, por lo que será el relevo de Raúl Morón. El fallido candidato Morón no saldrá del terreno electoral, pues será nombrado delegado en funciones de presidente de Morena en Michoacán y asumirá el control de la campaña electoral en la entidad. En lo que respecta a Félix Salgado Macedonio, el guerrerense también será nombrado delegado en funciones de presidente del partido en Guerrero. El perfil que ya ha sido impuesto para asumir la candidatura del estado sureño es el de Evelyn Salgado, hija de Felix Salgado Macedonio. Veremos en qué termina la telenovela.

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El violador serial Félix Salgado Macedonio, ya impuso a su hija, Evelyn Salgado, como candidata a la gubernatura de Guerrero por el partido Morena.

De cara a este desencuentro vale la pena mencionar dos cosas. Desde el principio Morena y Andrés Manuel López Obrador sabían de las acusaciones que varias mujeres habían presentado contra Salgado Macedonio por violación. No había manera de presentar a un personaje de esa calaña en la boleta electoral. Aun así, el partido y el presidente se aferraron a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. A todas luces era innecesario. Era una batalla perdida antes de comenzar. La ventaja que mantiene Morena en las preferencias electorales guerrerenses, lejos de disminuir si hubieran bajado oportunamente a Félix Salgado, hubiera repuntado aún más. Incluso, la dirigencia de Morena hasta hubiese recibido el apoyo de miles de mujeres en reconocimiento a esa medida. Esa realidad no la quisieron ver y hoy pagan las consecuencias.

El otro asunto importante, es que la resolución del INE y del TEPJF sienta un precedente en la aplicación de la ley, lo cual deberá marcar la naturaleza de las subsecuentes sentencias que emitan. Esperemos que la aplicación de la ley a partir de este momento no sea parcializada ni tendenciosa como sucedió cuando fue denunciado el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto por rebasar el tope de gastos de campaña y no solo no fue penalizado, sino que en lugar de ello se impuso una sanción a la coalición que encabezó el priista en 2012. Por otro lado, se impone que futuras sanciones por las mismas faltas electorales sean castigadas en igualdad de condiciones a las recibidas por los morenistas. Con ello, no solamente se fortalecerá nuestra democracia y práctica electoral, sino que el INE y el TEPJF demostrarán que no juegan con los dados cargados y están a favor de la democracia.

Otro desencuentro más tuvo como arena de combate el Congreso de la Unión, que avaló la reforma al Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación fue votada con 260 votos a favor de legisladores de Morena, PT y Verde; 167 en contra del PAN, PRI, MC; y PRD y PES con 2 abstenciones.

El choque de trenes se dio por la inclusión del artículo 13 transitorio que prolonga dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con ello, el ministro permanecerá hasta 2024 como presidente de la SCJN.

Por supuesto, las voces que alertaron sobre la inconstitucionalidad de ese punto y las estrategias que se pondrán en marcha para tumbarlo no se hicieron esperar. Descalificaciones, amenazas de amparos, juicios de inconstitucionalidad, de todo se escuchó en el debate legislativo. Nada sirvió. La aplanadora Morena le recordó a la oposición las prácticas de agandalle que el PRI y el PAN ejercieron en el pasado.

El desencuentro no ha terminado, la SCJN podría revertir la reforma aludiendo a su inconstitucionalidad. En la discusión al interior de ese órgano deberá de abstenerse de participar Arturo Zaldívar. La posición del ministro presidente es compleja: por un lado, no puede manifestarse a favor o en contra; y por otro, no puede negarse a cumplir la ley, es decir, deberá cumplir el mandato para quedarse en su puesto hasta 2024. Por ello, el ministro aseguró que esperará a que el artículo transitorio referente a la ampliación de su responsabilidad sea impugnado y resuelto por la Corte.

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Arturo Zaldivar, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su aceptación tácita para permanecer en su cargo durante dos años más violando la Constitución mancha de por vida su reputación como jurista.

Por supuesto, las razones que aluden el presidente de la República y varios de los legisladores para ampliar el periodo de Zaldívar, afirmando que su fortaleza moral hará que camine por el sendero correcto la Cuarta Transformación, no se sostienen bajo ningún escenario. No ponemos en duda la integridad del ministro, pero no consideramos que eso sea un criterio suficiente para modificar la Constitución.

No dudamos de la necesidad de la reforma al Poder Judicial, si partimos que ese poder es el de mayor opacidad, más oscuridad en sus labores y resoluciones, el que menor fiscalización permite y el que menor interés genera en la sociedad. Sus funciones se encuentran muy lejos del conocimiento e imaginario ciudadano. Eso es una cosa, el artículo transitorio es otra que poco o nada abona a la salud de la República.

Así las cosas, los desencuentros entre los actores políticos de la vida nacional poco ayudan al buen desarrollo de nuestro país en tanto continúen anteponiendo sus personalísimos intereses sobre los intereses de la colectividad.

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