Futuro Congreso terrorífico
Fernando Miranda Servín.
El próximo mes de septiembre concluye la LXVIII Legislatura del Congreso, que tuvo mayoría de diputados morenistas y ha sido la más corrupta en la historia de Durango. Para entonces, más de 900 millones de pesos del presupuesto ejercido por estos “legisladores” habrán quedado sin transparentar, pues hasta el momento las justificaciones de los gastos que han realizado, de acuerdo a los estados analíticos que han manifestado, no se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia, hecho que ha colocado a este Congreso como uno de los más opacos de la República mexicana, en el lugar 27, así como uno de los menos productivos en el aspecto legislativo.
La alta corrupción que se practicó en esta legislatura tuvo nombres y apellidos: los diputados Sandra Amaya Rosales, Pablo César Aguilar Palacio, Esteban Villegas Villarreal e Iván Gurrola Vega, personajes que han ocupado el máximo cargo en este Congreso, que es la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Con ellos, el tráfico de aprobaciones de las Cuentas Públicas realizadas a servidores públicos estatales, alcaldes y funcionarios de organismos autónomos estuvieron a la orden del día, encubriendo los saqueos perpetrados sobre todo en el gobierno estatal y municipios. ¿Cuántos millones les redituó esta práctica a los diputados que en septiembre dejarán sus cargos? Seguramente lo suficiente para subsistir holgadamente lo que les queda de vida, sin contar que algunos como Sandra Amaya, David Ramos Zepeda y Gabriela Hernández López continuarán formando parte del Congreso duranguense como diputados de la LXIX Legislatura, por lo que seguirán pegados a la ubre de la corrupción.
Los diputados que se van dejan un amargo sabor de boca por su nula honestidad, clientelismo y total carencia de compromiso con la ciudadanía, y de los diputados que llegan no se esperan cosas diferentes, pues sus negros historiales como servidores públicos los definen también como ineficaces y extremadamente corruptos. Así, veremos en la máxima tribuna del estado de Durango a protagonistas realmente nocivos para la ciudadanía como Alejandro Mojica Narváez, perteneciente a esa familia parasitaria que solo se ha enriquecido ocupando cargos públicos; Ricardo Pacheco Rodríguez y Ricardo López Pescador, antiguos fósiles priístas integrantes de la élite que ha saqueado a Durango durante los últimos 90 años; Francisco Londres Botello Castro, ex regidor del municipio capitalino coludido con grupos delincuenciales en el tráfico de licencias para venta de bebidas alcohólicas; Patricia Jiménez, panista que traficó influencias en la secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal para hacerse de un préstamo de 500 mil pesos en plena pandemia, y el resto de legisladores que seguramente atenderán sus intereses particulares y de grupo. Hasta el momento no se ha definido quiénes llegarán al Congreso por la vía plurinominal, pero lo más probable es que también veamos ocupando curules a personajes realmente temibles como los priístas Luis Enrique Benítez Ojeda y Alicia Gamboa; y panistas como Fernando Rocha Amaro (otro de los ex regidores del municipio de Durango coludido con grupos delincuenciales en el tema de las patentes para venta de bebidas alcohólicas) y Verónica Pérez Herrera.
Si con la legislatura saliente de mayoría morenista, supuestamente de “oposición”, hubo total complacencia para saquear las arcas públicas pues sus diputados jamás cumplieron al pie de la letra sus funciones de vigilar y fiscalizar los gastos realizados por los gobiernos estatal y municipales, ahora con la legislatura que viene, abiertamente afín a los intereses del prianismo, habrá paso libre a la impunidad total en el cambio de gobierno estatal que se avecina en 2022, en las administraciones municipales, organismos autónomos y, por supuesto, en los manejos opacos del presupuesto del Congreso.
Y no, estos personajes nefastos que llegan al Congreso no son consecuencia del voto irresponsable de la ciudadanía porque simple y sencillamente eran lo menos peor, sin mencionar que en estos comicios hubo un abstencionismo del 60%.
Como sea, Durango ya tiene un nuevo Congreso que entrará en funciones el mes de septiembre próximo, y lo deseable es que la ciudadanía esté atenta a todas y cada una de las actuaciones de los diputados que integrarán la LXIX Legislatura, sobre todo que les exija puntualmente transparencia en los gastos que realizarán en el Congreso y no negociar, para nada, la aprobación de Cuentas Públicas de funcionarios saqueadores. El Congreso, al fin de cuentas, es para servirle al pueblo y no para que unos cuantos diputados pillos se sirvan a sí mismos.