Ecos de la elección y violencia sin freno

Los ecos de las elecciones del 6 de junio se generaron desde varios escenarios y por diversos grupos políticos. Unas reacciones fueron certeras, otras tantas alejadas de la realidad, y unas más producidas desde la frustración por los resultados obtenidos.

Una de las lecturas que ocasionó mayores reacciones fue la que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que: “la clase media se dejó influenciar y se creyó las mentiras de la guerra sucia. Por el contrario, la gente pobre sí internalizó el mensaje, entendió que ahora se combate la corrupción y las cosas han mejorado porque antes no recibían nada, no eran tomados en cuenta y se les daba la espalda, pero de repente empiezan a recibir dinero del presupuesto y a darse cuenta que otro México es posible y, ahí sí, por más guerra sucia que hubo, no pudieron”. Para rematar, AMLO llamó a la clase media clasista y racista.

El aumento de la militarización del país ha sido un rotundo fracaso del gobierno lopezobradorista, pues ahora el dominio del crimen organizado en amplias regiones es mucho más notorio. Así, ante la ausencia de un modelo efectivo de seguridad pública la violencia ha escalado a niveles históricos nunca antes vistos.

Nos parece que lo abordado por el presidente tiene dos aristas y al aprehenderlas de manera monolítica, el inquilino de Palacio Nacional comete un error. Es decir, una cosa es que la población que se mira beneficiada por los programas sociales los agradezca con su voto, y muy otra es que algunos grupos (incluso varios beneficiarios de dichos programas) no respalden el ejercicio de gobierno de la 4T y así lo hagan saber con su rechazo en las urnas. Es cierto que existe la “guerra sucia” electoral, pero no es unidireccional, es decir, se monta desde los gobiernos y también desde las oposiciones. En ese sentido, si el presidente quiere hablar de esas prácticas electorales debería mencionar de igual manera que también las realiza su partido político.

Finalmente, la sociedad de la clase económica que sea tiene todo el derecho de votar por el partido que prefiera, y por ese hecho López Obrador no puede llamarlos clasistas y racistas. El triunfo de Morena en 2018, deben entenderlo en ese instituto político, no fue un cheque en blanco; 2021 les dio una pequeña muestra de ello. A no dudar, el presidente se equivocó en su lectura.

Mientras eso sucede, en los pasillos del Palacio el fantasma de la violencia sigue rampante y nadie parece encontrar la salida al laberinto de la inseguridad y el control que ejercen los grupos criminales en algunas zonas del país. Su injerencia en la vida pública aumenta de nivel conforme pasa el tiempo. Los escenarios donde vemos actuar a los criminales van creciendo vertiginosamente. En días pasados tres sucesos dieron muestra no solo del poder de los cárteles de la droga, sino de la ausencia del Estado en algunas localidades.

Primero fue Reynosa, Tamaulipas, una ciudad a expensas del crimen organizado que en los últimos lustros ha sobrevivido al ritmo de los criminales. No solo en esa ciudad, sino en toda la región de la frontera chica, la extorsión se ha instalado como parte de los gastos que deben realizar los ciudadanos sin importar su nivel socioeconómico ni las actividades que realizan. Asimismo, los partidos políticos se miran presionados para promover candidatos cercanos a los intereses criminales de la región. Todo ello da como resultado un desgajamiento del tejido social que se convierte en tierra fértil para las acciones de los grupos delincuenciales.

El saldo de la masacre de Reynosa, primero de grupos armados sobre la población civil y luego al enfrentarse a elementos de seguridad pública, fue de 18 personas fallecidas, de las cuales 14 eran población civil que nada tenían que ver en la disputa de la plaza que llevan a cabo los grupos delincuenciales desde el 2005.

Como suele suceder luego de una masacre de estas dimensiones, el gobierno federal anunció el incremento de los patrullajes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del estado, así como el montaje de retenes en los accesos a la ciudad para garantizar la paz en el lugar. Esa reacción de todos conocida, da pocos resultados y más tarda en ponerse en marcha que en retirarse para que todo permanezca igual.

A Reynosa le siguieron los sucesos de Zacatecas y Guanajuato. En el primer estado un enfrentamiento entre presuntos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) dejó como saldo 35 muertos. Además de los cadáveres dispersos en un paraje rural, fueron localizadas dos camionetas totalmente calcinadas, en cuyo interior también había cuerpos. Todo se presentó en la comunidad de San Juan Capistrano, en los límites de los municipios de Valparaíso y Huejuquilla El Alto, Jalisco.

Casi de manera simultánea, en Guanajuato, la violencia se suscitó en San Nicolás de los Agustinos, donde al menos siete hombres fueron asesinados en el interior de un taller de reparación de motocicletas.

Una política eficiente para combatir la delincuencia y generar mayor seguridad a la ciudadanía, sigue siendo la gran deuda de los gobiernos federal, estatales y municipales. En nada ayuda que las autoridades de los diferentes niveles se repartan culpas y se alejen de sus responsabilidades. En la medida que no actúen de manera coordinada para hacer frente al crimen organizado, sus acciones no solo serán insuficientes sino distantes de las políticas públicas necesarias para combatir de mejor manera a los grupos criminales. Además, se insiste en mantener el mismo esquema de la militarización de la seguridad pública que no ha mostrado ser una estrategia eficiente. Urge recomponer el rumbo.

Como si la polarización de la sociedad y los altos niveles de inseguridad no fuesen suficientes, esta semana creció la indignación de los padres y madres de familia por la falta de medicamentos para atender a los menores de edad enfermos de cáncer. Los progenitores han anunciado una serie de movilizaciones para presionar por los medicamentos que aún no llegan, a pesar de la promesa del presidente López Obrador de que llegarían para el 26 de junio pasado.

De cara a esa situación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, realizó una declaración que por lo menos puede ser calificada de innecesaria y que poco abona a despresurizar el enojo y desesperación de las familias. Gatell afirmó que “detrás de la narrativa de los casos de los niños con cáncer que carecen de medicamentos, existe una visión casi golpista por parte de los grupos de derecha”. Como era de esperarse, la indignación de los padres de familia aumentó.

Lejos de esas declaraciones, el gobierno de la 4T debería hacer dos cosas: primero, explicar las condiciones en las que recibió un sistema de salud quebrado y saqueado por la corrupción, así como dejar en claro con nombres y apellidos a los empresarios farmacéuticos que lucran con la salud de la población; y segundo, surtir de los medicamentos necesarios a la mayor parte de la población lo antes posible.

Bajo ninguna circunstancia podemos negar la urgente necesidad de combatir la corrupción en el sistema de salud, pero la Cuarta Transformación debe entender que en esa lucha no debe ser afectada la cadena de suministros de los medicamentos, porque de ser así seguirán siendo los grupos más desfavorecidos de la sociedad quienes terminen por pagar el costo de limpiar las corruptelas del sistema de salud.


 

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