El devenir de la ignominia

Cada día, principalmente a través de las redes sociales, nos enteramos de hechos deleznables cometidos en contra de la ciudadanía por quienes deberían de cuidar nuestros intereses ante la ley. Este tipo de “servidores públicos” actúan con total impunidad desde las altas esferas del poder hasta el más modesto cargo. Recientemente nos enteramos con gran estupor del amparo que un par de magistradas del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo concedieron a Kamel Nacif, ese peligroso sujeto al que la periodista y activista Lydia Cacho señaló en su libro “Los Demonios del Edén”, junto con otros empresarios y políticos, de manejar una red de explotación sexual de menores.

Como se sabe, Lydia Cacho fue secuestrada y torturada el 16 y 17 de diciembre de 2005 por agentes policíacos bajo las órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, actualmente recluido por la comisión de estos delitos en los que también habría participado el empresario libanés Kamel Nacif como uno de los autores intelectuales. Así, con el voto de la magistrada ponente, Selina Ahidé Avante Juárez, y de Graciela Bonilla González, secretaria de Tribunal en funciones de magistrada, Kamel Nacif podría ser exonerado de manera aberrante de los graves cargos por los que está acusado y que han derivado a que inclusive la periodista Lydia Cacho en varias ocasiones haya tenido que abandonar el país por su seguridad. Cabe mencionar que el voto en contra de que se cometiera este atropello jurídico lo emitió el magistrado Jorge Mercado Mejía.

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Lydia Cacho, luego de 16 años de estar exigiendo justicia por haber sido secuestrada y torturada, uno de los autores intelectuales de esta atrocidad, Kamel Nacif, podría ser exonerado por la decisión ruin de dos magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

Y la tercera ola sigue pegando con toda su fuerza en territorio nacional con un promedio de 20 mil contagios y 500 muertes diarias, sin que el gobierno federal implemente ya ninguna estrategia para frenar los estragos de esta trágica pandemia, pues, por el contrario, el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en sus ya más que detestables conferencias mañaneras que llueve, truene o relampagueé todos los niños y adolescentes deberán regresar a clases presenciales en el mes de agosto, sin considerar que esta tercera ola está afectando precisamente a ese sector de la población. La medida autoritaria, a todas luces, es un acto criminal.

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Los legisladores morenistas del Congreso de la Unión, en un acto ignominioso, optaron por proteger a su compañero de partido, el diputado violador de menores Saúl Huerta Corona.

Mientras esto sucede, los diputados y senadores, morenistas preferentemente, están haciendo de las suyas en el Congreso de la Unión, en donde el pasado 27 de julio con 20 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó abrir un periodo extraordinario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que iniciaría el 28 de julio; esto, para evitar que se les quitara el fuero a los diputados federales Saúl Huerta (Morena) y Mauricio Toledo (PT), el primero acusado de violación en agravio de un menor de edad, y el segundo denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones como jefe delegacional perredista de la demarcación de Coyoacán, en la Ciudad de México.

Con esta triquiñuela, los legisladores morenistas también evadieron abordar la ratificación de los secretarios de la Función Pública y de Hacienda; la ampliación del plazo de la entrada en vigor de la reforma de outsourcing y la discusión de la ley secundaria de revocación de mandato.

En medio de la tercera ola de Covid19 y de la catástrofe económica nacional, quienes no pierden el tiempo son los políticos duranguenses, sobre todo los que aspiran a la gubernatura de esta entidad norteña calificada por el INEGI como la más corrupta del país. Entre los personajes que aspiran a este cargo se encuentran los morenistas José Ramón Enríquez Herrera y Marina Vitela; el priísta Esteban Villegas Villarreal; el petista Alejandro González Yáñez, y el panista Carlos Maturino. Todos ellos con historiales impresentables.

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El senador saqueador José Ramón Enríquez Herrera, con su banda delictiva sustrajo más de 450 millones del erario del municipio de Durango, pero a toda costa quiere ser candidato a la gubernatura de esta entidad norteña.

En esta misma entidad, a un año de dejar su cargo, José Aispuro Torres se está despidiendo como el gobernador más corrupto de México, quien con sus graves actos de omisión ha permitido que familiares y colaboradores saqueen el erario de manera indiscriminada, por lo que deberá ser imperativo que la renombrada Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto Castillo, realice investigaciones exhaustivas a los personajes más cercanos a este mandatario que no solo han hecho gala de despotismo y prepotencia sino también han adquirido millonarias propiedades en los lugares más exclusivos de Durango.

Ya se vienen las elecciones de 2022 para elegir a un nuevo gobernador y, en base a la experiencia, el electorado duranguense deberá pensar más de una vez a quién le dará su valioso voto.

José Aispuro Torres, se está despidiendo de la gubernatura de Durango como el mandatario más corrupto de México y como candidato a ser investigado por la UIF, al mando de Santiago Nieto Castillo.

 

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