Enroques de la 4T
Eduardo González Velázquez
Con la mirada puesta en la sucesión presidencial de 2024, y la necesidad de tener una mejor operación política con la oposición y también al interior del partido Morena en la segunda parte del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue moviendo sus piezas. Los enroques políticos van sucediéndose. Unos personajes llegan, otros se van; unos más se fortalecen al tiempo que son guarecidos para ser protegidos o “tapados”.
La semana pasada el presidente realizó el cambio número once en su gabinete (los diez anteriores fueron en las secretarías de Medio Ambiente, Hacienda, Comunicaciones, del Bienestar, Economía, Seguridad, Educación y Función Pública), pero sin duda el décimo primer movimiento es el más importante en lo que va del sexenio. Removió de la Secretaría de Gobernación a Olga Sánchez Cordero y en su lugar nombró a Adán Augusto López Hernández, hasta ese momento gobernador de Tabasco. Con ese nombramiento, Sánchez Cordero regresó al Senado y en Tabasco fue colocado como gobernador interino por 60 días Carlos Manuel Merino Campos, quien era el delegado del gobierno federal en aquella entidad.
La relación política de Andrés Manuel y Adán Augusto lleva dos décadas construyéndose, fue en 2001 cuando el ahora secretario de Gobernación renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para unirse al proyecto lopezobradorista que ya gobernaba la Ciudad de México, en tanto López Obrador ya mantenía una lucha encarnizada con Roberto Madrazo Pintado. Desde ese momento, Andrés y Adán comenzaron a caminar juntos. Su relación se fortaleció durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012. En esos años el nuevo encargado de la política interior del país fue diputado local por el PRD (2007-2009) y federal (2009-2012), en 2012 alcanzó la senaduría y en 2018 llegó a la Quinta Grijalva para hacerse cargo del gobierno de Tabasco.
La decisión de López Obrador por López Hernández responde al menos a cuatro lógicas: la fidelidad política y cercanía al proyecto de la Cuarta Transformación; el pasado de luchas compartidas; la capacidad de negociación que el ex mandatario tabasqueño siempre ha mostrado tener; y cerrar el camino a grupos morenistas no tan cercanos a la 4T y que eventualmente pudieran disputar la designación presidencial para la candidatura de 2024.
Desde luego, no pensamos que Adán Augusto sea el delfín de AMLO. Esa posición se encuentra lejos de sus posibilidades políticas. Por el contrario, nos parece que jugará una suerte de pararrayos para proteger a quienes se fortalecen y quedan guarecidos: la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard.
A la mitad del camino, sin perder todo, pero tampoco sin ganar a manos llenas, queda Olga Sánchez Cordero, quien regresó al Senado de la República para presidir la Mesa Directiva los siguientes doce meses, dejando como mironas de palo a Bertha Alicia Caraveo Camarena, Imelda Castro Castro, Marybel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera Rivera, quienes fueron “convencidas” por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de hacerse a un lado para dejarle el camino libre a Sánchez Cordero. El final de la historia lo escribieron los morenistas eligiendo por unanimidad y a mano alzada a la ex secretaria de Gobernación para que presida la Cámara Alta a partir de este 1 de septiembre.
Aunque pudiese parecer lo contrario, Olga Sánchez no se debilita del todo. Si tomamos en cuenta la tarea encomendada desde Palacio Nacional para sacar adelante el combo de reformas legislativas que busca López Obrador, la ex jefa de Bucareli jugará un papel protagónico y fundamental los siguientes tres años. A ella le apuesta el presidente la operación política legislativa.
Caso contrario es el del zacatecano Ricardo Monreal. Es evidente que no forma parte del círculo más cercano del inquilino de Palacio Nacional y que esa situación lo ha llevado en algunas ocasiones a buscar el apoyo de otras fuerzas políticas para apuntalar sus aspiraciones presidenciales. Lo vimos en la disputa por la candidatura de Morena a la jefatura de la Ciudad de México, y ahora seguramente lo veremos tejiendo más y mejores relaciones para conseguir ser el abanderado de la oposición en la elección de 2024.
Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cosecha adeptos en donde antes la criticaban. La razón: enfrentar a López Obrador. A lo largo de la gira de trabajo del presidente de la República por el estado de Chiapas, las protestas de los maestros integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE no se hicieron esperar. Al contrario, lo acompañaron en todo momento. Primero, le impidieron el paso para asistir a la mañanera el jueves pasado en las instalaciones de la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez. Luego se manifestaron cuando el mandatario circulaba por el municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, los docentes le cerraron el paso por varios minutos. Finalmente, en un acto en Comitán de Domínguez, los integrantes del magisterio lanzaron consignas contra el gobierno estatal.
La atención eficiente a las demandas de la CNTE en Chiapas y Michoacán será, sin duda, una de las primeras tareas que deberá resolver el nuevo secretario de Gobernación.
La 4T sigue ciñéndose a los designios estadunidenses en el tema migratorio. Luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Estados Unidos se negara a bloquear el fallo de un tribunal menor que ordenaba al gobierno de Joe Biden reinstaurar el programa Protocolos de Protección al Migrante (PPM), conocido como “Quédate en México”, establecido de manera unilateral por Donald Trump en diciembre de 2018, y mediante el cual las personas migrantes centroamericanas o de otro país que solicitan asilo en la frontera sur de la Unión Americana deben esperar su respuesta en territorio mexicano, desde Palacio Nacional se ha aceptado a pie juntillas esa situación.
Como resultado del fallo, el Departamento de Seguridad Interna norteamericano retomará las expulsiones de migrantes en un plazo no mayor a siete días y con ello la realidad de los migrantes regresa al escenario previo a la llegada de Biden a la Casa Blanca, ante tal situación seguirá incrementándose el número de personas migrantes en nuestras ciudades de la frontera norte donde ya se encuentran al menos 72 mil personas que esperan ingresar a Estados Unidos, la mayoría de ellas han solicitado asilo en ese país.
En Tijuana, por ejemplo, los albergues y casas del migrante se encuentran a su máxima capacidad, lo que tiene viviendo en situación de calle al menos a dos mil centroamericanos, y diariamente son deportadas 450 personas que llegan a esa ciudad sin recursos para sobrevivir. Debido a esa situación, los gobiernos municipales de la franja fronteriza han solicitado mayores recursos a la federación para poder atender de mejor manera las demandas de los migrantes.
De cara al fallo de la SCJ de Estados Unidos, el gobierno federal solo planteó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la instalación de un “diálogo técnico” (lo que eso signifique) con Washington para “evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios”; y en seguida, el presidente reiteró en Chiapas que su gobierno seguirá conteniendo los flujos migratorios centroamericanos.
El discurso presidencial se materializó el fin de semana pasado cuando cientos de migrantes, la mayoría haitianos, que el sábado partieron en caravana de Tapachula hacia la frontera norte de México, fueron agredidos por elementos policiacos, del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en el intento del gobierno mexicano de parar los flujos migratorios, y así responder positivamente a las exigencias de la Casa Blanca. A pesar de las agresiones, las nuevas caravanas migrantes avanzaron desde el municipio de Huixtla rumbo al estado de Oaxaca.
El regreso del programa “Quédate en México” nos vuelve a colocar de facto como Tercer País Seguro. Hoy, como en tiempos de Donald Trump, el gobierno de México tiene la posibilidad de negarse a participar de nueva cuenta en esa política migratoria. Esperemos que la administración de Andrés Manuel López Obrador dé muestras de independencia con respecto a la Casa Blanca y se decida, de una vez por todas, a establecer una política migratoria propia y no una apegada a los designios del gobierno estadunidense.