COVID19, malestar social y saqueos millonarios en Durango

Con la tercera ola de Covid19 y la variante Delta golpeando a niños y adolescentes en buena parte del país, el gobierno federal dispuso de manera irresponsable el regreso a clases presenciales. Ante esto, padres de familia han buscado ampararse en varios estados de la República pues ya no habrá opción de recibir clases virtuales.

Hasta el momento y de acuerdo a cifras del INEGI, ha habido 497 mil muertes en exceso en todo el territorio nacional durante la pandemia y los contagios en el mes de agosto remontaron la cifra de los 17,600 diarios con 760 defunciones cada 24 horas.

Ante este panorama y las inclemencias del tiempo que se están presentando en casi toda la nación por la temporada de huracanes, el clima frío que se aproxima y la inoperancia del INSABI que ha dejado a 16 millones de ciudadanos sin servicios médicos, no nos queda más que cuidarnos a nosotros mismos sin esperar nada de las autoridades, sean federales o estatales.

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El regreso a clases presenciales impuesto por el gobierno federal, una medida aventurada que podría traer graves consecuencias.

Mientras esto sucede, la violencia no cesa y este sexenio ya se puede considerar como el más sangriento en la historia de México con más de 98 mil homicidios dolosos hacia los primeros tres años del gobierno lopezobradorista, con amplias regiones en manos del crimen organizado.

La economía, tanto por la pandemia mal manejada como por la inseguridad y la total falta de apoyos gubernamentales a los pequeños y medianos empresarios que son los máximos generadores de empleos, sigue resquebrajándose al grado de haber arrojado a más de 10 millones de mexicanos a la pobreza y a la pobreza extrema. 

Hoy, como en ninguna otra etapa de nuestra historia contemporánea, estamos viendo y sintiendo que no hay una conducción eficaz ni liderazgo nacional que nos saque del abismo en el que como sociedad nos encontramos.

En este contexto, los discursos divisionistas y las mentiras u “otros datos” que todos los días pregona el presidente de la República en su grotesco espectáculo mañanero han terminado por hartar a bastos sectores sociales que en las giras del mandatario tabasqueño cada día suben el tono de sus protestas por la falta de resultados y atenciones a sus demandas. Así, lo sucedido en el estado de Chiapas, donde recientemente fue bloqueado el paso a la camioneta en la que viajaba López Obrador por un contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por no cumplir con sus demandas económicas y políticas, es solo una muestra del descontento social que ya se vive en todas las entidades del país, no solamente por el mal papel que ha desempeñado el mandatario izquierdista sino también por los yerros de toda la clase política en general, que no ha sido capaz de llegar a acuerdos para empatar sus agendas e intereses de grupo con el bienestar del pueblo.

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Con la pandemia nunca controlada, más de 98 mil homicidios dolosos y el sistema de salud prácticamente destrozado, López Obrador llega a la mitad de su sexenio entre manifestaciones de hartazgo por la ausencia de resultados positivos en su gobierno.

En Durango, por ejemplo, hacia el último año del sexenio del gobernador panista José Aispuro Torres están emergiendo más y más casos de corrupción rampante, así como atrocidades y atracos que deben ofender a la ciudadanía, desde turbios negocios familiares, tráfico de influencias y enriquecimientos ilícitos hasta el saqueo descarado del erario a través de dudosas entregas de “ayudas y subsidios” a ciudadanos, empresas de conocidos políticos, parientes del gobernador panista en turno y personajes que residen en otras entidades.

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El gobernador de Durango, José Aispuro Torres, ha sido facilitador y cómplice de saqueos millonarios durante su sexenio.

El asunto sería quizá intrascendente si no fuera porque esas “ayudas y subsidios” ascienden a más de 500 millones de pesos trimestrales e involucran a miles de empresas y ciudadanos que aparecen en listas de documentos oficiales del gobierno del estado de Durango, por lo que podríamos estar frente a uno de los más grandes fraudes que se han perpetrado en la historia de esta entidad norteña.

Así las cosas, ante las marcadas evidencias de actos delictivos en la administración aispurista, es obligatorio que el gobierno federal emprenda investigaciones exhaustivas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dirigida por Santiago Nieto Castillo, pues ya es inaceptable que sexenio tras sexenio la práctica común de los mandatarios duranguenses sea saquear las arcas públicas con sus séquitos voraces y después de dejar el poder gozar de impunidad total.


 

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