Los morenistas y la nómina secreta de la LXVIII Legislatura del Congreso del estado de Durango

Fernando Miranda Servín.

La anterior legislatura del Congreso de Durango, que tuvo mayoría morenista, se caracterizó por ser la más opaca en la historia de esta entidad. Llegados a sus curules en 2018 en coalición con el PT y colgados de la fama del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, los diputados morenistas duranguenses tomaron a broma la conocida frase de su partido: No robar, no mentir y no traicionar, e hicieron exactamente lo contrario: Robaron, mintieron y traicionaron al pueblo de Durango con mucha más eficacia que los diputados priistas y panistas. 

De este grupo de legisladores “izquierdistas”, dos de ellos fueron los que más se destacaron por sus actos de corrupción y entreguismo al gobierno estatal panista, encabezado por el gobernador saqueador José Aispuro Torres: Sandra Amaya Rosales e Iván Gurrola Vega, quienes ocuparon en diferentes momentos la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso duranguense (JUGOCOPO).

Independientemente de la total falta de transparencia con la que los diputados pertenecientes a esta legislatura manejaron el presupuesto del Congreso de Durango, que ascendió a más de 300 millones de pesos anuales (más de 900 millones durante los 3 años que duró esta legislatura), ahora se saben detalles escabrosos sobre la forma en que se manejó el dinero de los contribuyentes. Al respecto, un grupo de ex trabajadores del Congreso duranguense, que por razones obvias solicitan el anonimato, revelan lo siguiente:

“Sandra Amaya metió en la nómina del Congreso a su papá y a su hermano Iván, junto con el ex diputado Iván Gurrola integraron a la nómina a más de 80 incondicionales y, bajo presiones, fueron sindicalizados con menos de seis meses de estar trabajando, cuando hay trabajadores en el Congreso que llevan más de diez años laborando y no han logrado su sindicalización”.

1a
La actual diputada morenista Sandra Amaya Rosales, con el dinero de los contribuyentes se ha enriquecido al amparo del poder. De acuerdo a testimonios de ex trabajadores del Congreso, su esposo, David Mendívil, recibió 50 mil pesos mensuales durante la LXVIII Legislatura en la que fungió como diputada y presidenta de la JUGOCOPO.
2a
El ex diputado morenista Iván Gurrola Vega, junto con la diputada Sandra Amaya metió en la nómina del Congreso a más de 80 incondicionales y presionó para que fueran sindicalizados de manera irregular.

Bajo las presidencias de la JUGOCOPO de Sandra Amaya e Iván Gurrola hubo un vergonzoso tráfico de influencias, como así lo manifiestan las fuentes:

“En esta legislatura inflaron los sueldos de los recomendados de Sandra Amaya, Iván Gurrola y los demás diputados morenistas y petistas. El ex Secretario General, Gerardo Bonilla, fue sindicalizado y hoy es magistrado en el Poder Judicial del Estado de Durango. Luisa Hernández Quiñones, ex directora de Recursos Humanos y hermana de la actual regidora morenista, Cynthia Monserrat Hernández Quiñones, de manera ilegal fue sindicalizada y ahora es jefa de departamento”, denuncian los ex trabajadores del Congreso.

En Recursos Materiales del Congreso, “Daniela Núñez Herrera, jefa del departamento de Recursos Materiales, también fue sindicalizada y una de sus hermanas es una de las principales proveedoras del Congreso”, detallan las fuentes.

Sin embargo, esta es solo una pequeña parte de la corrupción galopante que imperó en la LXVIII Legislatura, que estuvo bajo el dominio de los diputados morenistas, pues los ex trabajadores del Congreso señalan que el saqueo perpetrado en esta institución fue simplemente incontrolable:

“En Comunicación Social, cuyo director fue Víctor Hugo Hernández, repartieron más de un millón 700 mil pesos mensuales entre conocidos periodistas y medios de comunicación locales, y otros totalmente desconocidos, pero entre ellos destaca el esposo de la diputada Sandra Amaya, David Mendívil, recibiendo 50 mil pesos mensuales a nombre de ‘Proyección Política’, mientras el periódico Victoria Editores S.A. de C.V., recibió 60 mil pesos mensuales. Esto, por donde quiera que se le vea, fue un conflicto de interés en el que incurrió la diputada Sandra Amaya”, informan las fuentes.

En esta lista de nombres y montos en poder de razacero, lo mismo aparecen afamados conductores de noticieros locales de televisión que personas sin ningún antecedente de trabajo periodístico.

En cuanto a los ingresos reales de los diputados de la LXVIII Legislatura, la información que proporcionan las fuentes fidedignas es más que insultante:

“La diputada Sandra Amaya, por ejemplo, como presidenta de la JOGOCOPO recibía un sueldo de 78 mil 830 pesos mensuales, más un ‘extraordinario mensual’ de 100 mil pesos y un ‘apoyo extra’ de 60 mil pesos proveniente del gobierno estatal panista; aparte de estas cifras, Sandra Amaya recibía por otros conceptos como ‘comisión de contraloría interna’, ‘uso de vehículo propio’, ‘comisiones’, ‘deporte y medicamento’, ‘asesorías’, ‘apoyo extraordinario’ y ‘junta de gobierno’ un monto de más de 160 mil pesos, dando un total de casi 400 mil pesos mensuales, más 240 mil pesos mensuales para que los repartiera entre los diputados de su fracción partidista”, denuncian las fuentes.

3a
El diputado priista Ricardo López Pescador, actual presidente de la JUGOCOPO de la LXIX Legislatura del Congreso de Durango, hasta el momento no ha informado a la ciudadanía duranguense las condiciones físicas, laborales y financieras en que encontró esta institución.

Por su parte, el ex diputado Iván Gurrola Vega no se quedó atrás y los ex trabajadores del Congreso detallan: “Iván Gurrola con su sueldo de 78 mil 830 pesos mensuales más los conceptos que ya mencionamos y el ‘apoyo extra’ de 60 mil pesos del gobierno de José Rosas Aispuro, recibía mensualmente la friolera de 379 mil pesos”.

Otro nombre que destaca en esta relación de ingresos es el del ex diputado Otniel García Navarro, actual dirigente estatal del partido Morena, recibiendo 389 mil pesos mensuales.

Hoy, Sandra Amaya Rosales sigue siendo diputada pues por la vía plurinominal el partido Morena la volvió a colocar en una curul en el Congreso de Durango, mientras el ex diputado Iván Gurrola participa activamente en el equipo de campaña de Marina Vitela, candidata morenista a la gubernatura de Durango.

4a
Jaime Rivas Loaiza, titular de la secretaría de Bienestar del gobierno panista del estado de Durango, el pasado viernes 11 de febrero reveló ante propios y extraños que está apoyando con recursos a la candidata morenista a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, que él es el enlace con el gobernador José Aispuro Torres, que se va a hacer cargo del reparto de despensas a favor del partido Morena y que va a repetir en su cargo.

Las enormes dádivas recibidas y el poder absoluto que ejercieron al interior del Congreso sin que nada ni nadie los reconviniera y la aprobación infame del crédito de 7 mil millones de pesos solicitado por el gobernador saqueador José Aispuro Torres, explican el contubernio que los ex diputados morenistas de la LXVIII Legislatura del Congreso mantuvieron con el gobierno estatal panista corrupto de Durango, que hoy se sabe, por revelaciones imprudentes del mismo secretario de Bienestar estatal, Jaime Rivas Loaiza, será el principal patrocinador de la campaña electoral de la morenista Marina Vitela.

Como se ve, en esta trama de intereses fétidos los únicos perdedores son los contribuyentes, con cuyo dinero estos políticos inescrupulosos se enriquecen y se mantienen en el poder, sean del partido que sean.