Un fiasco de gobernador
Fernando Miranda Servín.
Hasta el momento 23 personas han fallecido, media docena se encuentran con muerte cerebral y más de un centenar contrajeron meningitis; todo esto, producto de actos de corrupción y negligencia tanto de propietarios de cuatro hospitales privados como de servidores públicos que han sido protegidos desde la más alta esfera del poder en Durango.
Ayer, la Fiscal corrupta de esta entidad (quien fue vinculada a grupos de la delincuencia organizada en informes de la SEDENA hackaeados por el grupo Guacamaya Leaks) dio a conocer en un “comunicado” las identidades de los administradores y de los dueños de los cuatro hospitales que, de acuerdo a sus “indagatorias”, resultaron ser los responsables de este desastre: el del Parque, Santé, Dikcava y San Carlos.
La Fiscal de marras, olímpicamente señala en su “comunicado” que los contagios de meningitis se debieron a fallas en los “procedimientos hospitalarios”, cometidas (coincidentemente) en los cuatro nosocomios, dejando fuera de la escena al anestésico llamado Bupivacaína, que desde que se dieron a conocer estos hechos fue señalado por especialistas y aún por la misma COFEPRIS como el causante de provocar la meningitis en los afectados; esto, por haber desarrollado el hongo llamado fusarium solani, debido al mal manejo del anestésico, a que este hubiera sido adulterado o a que estuviera contaminado.
Así, para la Fiscal General de Durango, Sonia Yadira de la Garza, no hay más responsables de esta tragedia que los 7 personajes mencionados (a los cuales por cierto se les facilitó la huida), pues instituciones como la COPRISED y la COFEPRIS, encargadas de vigilar e inspeccionar rigurosamente a los hospitales públicos y privados de esta entidad, no son mencionadas en la “investigación” de la Fiscal duranguense, quien tampoco menciona la posible participación de algunos servidores públicos pertenecientes a la secretaría de Salud del gobierno del estado de Durango, que han sido reiteradamente señalados en reportajes de investigación realizados por prestigiados medios de comunicación nacionales.
Estos servidores públicos habrían sustraído ilegalmente el anestésico Bupivacaína de las instalaciones de la secretaría de Salud estatal para venderlo a hospitales privados de la ciudad de Durango.
Durante este tipo de transacciones la Bupivacaína habría sido mal manejada o adulterada por quienes se dedicaban a realizar este ilícito. Sin embargo, desde el mes de marzo de este año, en que se sabe comenzaron a darse los primeros casos de meningitis en Durango, instituciones como la COPRISED y la COFEPRIS parecen haber estado totalmente ausentes en el cumplimiento de sus funciones, que consisten precisamente en revisar de manera exhaustiva los medicamentos y procedimientos que utilizan los hospitales públicos y privados.
Así las cosas, en los hechos las “indagatorias” de la Fiscal duranguense se quedaron a medias y no satisfacen para nada las exigencias de justicia que están haciendo los familiares de las víctimas y la ciudadanía a nivel nacional. En primer lugar porque los siete indiciados, extrañamente, se dieron a la fuga cuando debieron haber estado custodiados de manera permanente, y en segundo lugar porque faltaron las órdenes de aprehensión de más personajes que forzosamente están involucrados en este entramado de corrupción que ya alcanza la categoría de crimen de lesa humanidad.
Por cualquier lado que se le vea, el gobernador priista Esteban Villegas Villarreal no ha estado a la altura de las circunstancias para cumplir y hacer cumplir las leyes y para proteger las vidas y los intereses de la ciudadanía duranguense.
Es obvio que en estos hechos de vileza participaron altos funcionarios del sexenio pasado, encabezado por el panista José Rosas Aispuro, y también de la presente administración dirigida por el priista Esteban Villegas, por lo que es necesario que la investigación de este caso sea atraída por el gobierno federal y hasta por instancias internacionales, dada la poca o nula confiabilidad y capacidad que tienen el mandatario estatal priista, Esteban Villegas, y su Fiscal General, Sonia Yadira de la Garza.